El diezmo

Luis Alberto Romero

Por años, contratistas y proveedores de diferentes instancias de gobierno se han quejado por la carga que representa un impuesto no oficial, no incluido en las leyes, y que a pesar de ello forma parte de la vida cotidiana en ayuntamientos y gobiernos de estados y federación: el diezmo.
La palabra, que tiene cierta connotación religiosa, se asigna a ese impuesto no formal que consiste en el pago de diez por ciento de las ganancias al gobernante o al jerarca eclesiástico. El diccionario define el término como “parte de la cosecha, generalmente la décima, que se pagaba como tributo a la Iglesia o al Rey”.
Así, el diezmo, pago de diez por ciento de la cosecha al jerarca, se producía después de la “primicia”, que es la aportación que se realizaba previo a la siembra, para garantizar una cosecha abundante. En ganadería, las “primicias” se aportaban con los primogénitos del ganado, con el argumento –que en nuestros días parece absurdo– de que al contribuir con la Iglesia se reconocía “la bondad del creador”.
Primicias y diezmos siempre fueron buen negocio para la Iglesia, que otorgaba bendiciones a cambio de impuestos. Incluso, se llegó al extremo de amenazar con la excomunión a quienes no “contribuían” con sus respectivos templos.
El diezmo fue ampliando posteriormente su sentido, lo cobraban los señores feudales, luego de que éstos compraran los derechos recaudatorios a la Iglesia. Ahora los impuestos corresponden a los gobiernos, que utilizan esos recursos, al menos en teoría, para garantizar educación, salud y bienestar general a contribuyentes y población en general.
Aunque en muchas religiones y sectas, el cobro del diezmo sigue siendo común, la mayoría de los feligreses ya no lo considera una obligación, de hecho se estima que la gente gasta menos del dos por ciento de sus ingresos en eso que llama “servicios espirituales.”
En nuestros días, constructores y proveedores de los gobiernos llaman “diezmo” a esa aportación fuera de la ley, producto de una cultura donde impera la corrupción, que se realiza al gobernante para acceder a contratos del sector público.
Así, quien pretende concursar por los contratos de obras públicas en los ayuntamientos (sólo por mencionar una de las muchas instancias donde esa práctica es cotidiana), quien busca convertirse en proveedor del gobierno y establecer tratos comerciales con éste, debe realizar aportaciones que llaman “diezmo”, aunque hay casos en que se trata de 15 ó 20 por ciento.
Por esa “cuota”, que va directamente a los bolsillos de funcionarios y gobernantes, el costo de las obras y acciones de gobierno se disparan de manera drástica, y quien paga finalmente por ello es el ciudadano.
De ahí que resulte muy comprensible la inquietud de empresarios xalapeños que piden a la administración municipal que entrará en funciones el primero de enero del año próximo, que elimine esas prácticas, que a muchos afectan y a muy pocos benefician.
Los empresarios, en voz de Octavio Jiménez Silva, señalan que las mordidas que tienen que pagar contratistas y proveedores van de diez a 20 por ciento, por lo que exigen el fin de esos actos.
Lamentablemente, se trata de hechos de corrupción en que incurren muchos alcaldes que ven en las arcas municipales la carretera para salir de la pobreza.

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