Vivir con miedo

Luis Alberto Romero

Suena el teléfono y la mujer, de unos sesenta años, contesta; del otro lado de la línea le aseguran que hablan del número de emergencias 066 para verificar una llamada de auxilio realizada por un hombre hace unos minutos. Ella aclara que seguramente se trata de una equivocación porque solo vive con su hija. De inmediato, la voz que se escucha en el auricular cambia el tono y se vuelve amenazante. El hombre que llama, de forma golpeada, con acento norteño y vocabulario soez, le dice que están listos para asaltar su casa, asesinarla a ella y ultrajar a su hija.
La mujer entra en pánico y acepta las condiciones que impone quien la amenaza: no hace llamadas de auxilio, no comenta, sólo se dirige al banco y deposita hasta el último centavo de sus ahorros en la cuenta que le señalan. A continuación, se comunica con sus familiares cercanos para platicar lo sucedido, aclarar sus ideas y encontrar apoyo.
La familia en pleno debate sobre lo sucedido, coinciden en que se trata de uno de los cientos de casos de extorsión telefónica que ocurren día a día en nuestro país. Como para tranquilizarse, comentan que quienes incurren en ese delito generalmente no cumplen sus amenazas, trabajan desde la penumbra, al amparo de las sombras.
Los días pasan y la llamada no se repite, pero tampoco se olvida. La amenaza parece esfumarse, pero el miedo permanece. Esa familia ha perdido la tranquilidad y ahora es presa de la inquietud y el desasosiego.
El anterior es sólo uno de los miles de casos de extorsión telefónica que ocurren en un país donde la corrupción policiaca facilita las cosas a quienes operan desde las cárceles y más recientemente, ya también desde las calles.
La extorsión bajo amenazas de secuestro o de muerte ya es práctica cotidiana y se le observa como parte de nuestra realidad; ese delito se presenta con más frecuencia de lo que podría pensarse, pero rara vez se denuncia, primero por miedo, después, por la desconfianza en un sistema de impartición de justicia que pocas veces castiga a los responsables de los delitos.
En ese sentido, la ineficiencia policiaca y la incapacidad del estado para controlar el problema son el principal aliado de quienes se dedican a la extorsión, al secuestro y a tantos delitos que cometen las bandas que operan en nuestro país. Lamentablemente, México es una de las naciones con mayor delincuencia organizada y niveles de errores judiciales en la integración de causas penales, superado por países como Irak, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Guinea Ecuatorial, de acuerdo con datos que se manejan en la ONU.
El problema ha llegado al extremo de que según estimaciones oficiales, al menos un millar de bandas de extorsionadores operan en territorio nacional y los números llaman a la reflexión:
Cada día se intentan unas seis mil extorsiones en nuestro país; en más de 30 por ciento, los delincuentes tienen éxito y generalmente no hay castigo. En la década pasada, más de siete millones 300 mil personas fueron víctimas de este delito, cada una de ellas perdió de mil a 50 mil pesos. El monto total superó los 700 millones de pesos.
La numeralia también incluye a casi 500 mil celulares que son usados para extorsionar o, en su defecto, defraudar con el cuento de concursos y premios. Las llamadas de supuestos familiares secuestrados o detenidos en aeropuertos son pan de todos los días. Lo peor es que todo parece indicar que el Estado ya fue rebasado por las bandas delincuenciales y es incapaz de garantizar la seguridad de sus habitantes.

luisromero85@hotmail.com