Ixtac o La Ley de Herodes

Luis Alberto Romero

Ixtaczoquitlán ocupa un lugar importante entre los municipios veracruzanos; se ubica en la zona de Córdoba-Orizaba, en el centro del estado, a unos 180 kilómetros de esta capital. Cuenta con más de 70 mil habitantes que se asientan en 60 localidades, poco más de 114 kilómetros cuadrados.
Se trata de un municipio con vocación agropecuaria y, sobre todo, industrial; de hecho, es uno de los que tienen su economía más sólida, debido a la presencia en su territorio de grandes empresas, como Cementos Apasco, la papelera Kimberly-Clark y Sabritas, entre otras, así como una importante planta de Petróleos Mexicanos.
Ixtaczoquitlán sería la envidia de muchos municipios veracruzanos: tiene un grado de marginación bajo; su cobertura de servicios básicos está por arriba de 90 por ciento; es uno de los 30 municipios más desarrollados de Veracruz y su grado de desarrollo humano es medio; prácticamente no tiene problemas de desempleo ni de analfabetismo. El ayuntamiento ejerce un presupuesto superior a lo 90 millones de pesos, mucho más de que reciben municipios como Cosamaloapan, Las Choapas, Álamo o Tierra Blanca. Hasta ahí todo está bien.
Ayer, sin embargo, Ixtac, como le conocen sus pobladores, volvió a ser noticia. Ahora, no por su nivel de desarrollo ni por nuevas inversiones o fuentes de empleo, sino por las denuncias que pesan sobre un alcalde que ha perdido el piso y que considera a los recursos públicos como un patrimonio del que puede disponer a placer.
Cinco regidores: Margarita Fajardo, Rigoberto Mendoza, Cándida Hernández, Rocío Serrano y Jerónimo Antonio Pérez, denunciaron ante el Ministerio Público especializado en delitos cometidos por servidores públicos, desde mayo pasado, al presidente municipal Nelson Votte Ramos, al síndico Francisco Vázquez y al secretario del ayuntamiento, Francisco Javier Rebolledo, por varios delitos: abuso de autoridad, usurpación de funciones, incumplimiento de un deber legal, ejercicio indebido del servicio público, daños, despojo, lesiones, amenazas, calumnias, enriquecimiento ilícito y otros; a dicha denuncia se le asignó el número de investigación 301/2010.
Sin embargo, de acuerdo con la diputada Margarita Guillaumín Romero, la procuraduría no ha realizado las investigaciones ni le ha dado seguimiento a la denuncia, por lo que presentó un punto de acuerdo ante la diputación permanente, a fin de exhortar al procurador a resolver el caso.
El problema de Ixtaczoquitlán propició que en junio pasado, la legislatura ordenara intervenir la tesorería municipal, dada la gravedad de los señalamientos contra el alcalde, quien desde abril ordenó una reducción unilateral al salario de los ediles que se atrevieron a denunciarlo ante la procuraduría y ante la legislatura estatal; seguramente pensó que al bajar el pago a los regidores incómodos en casi 80 por ciento, los ablandaría y terminaría por darles muerte por inanición. No fue así, las quejas se recrudecieron, las denuncias subieron de tono y las posiciones se radicalizaron ocasionándole un problema aún mayor.
De ser ciertas las acusaciones que pesan sobre Votte Ramos (todavía no hay resultados de la auditoría, ni de la intervención a la tesorería, ni de la denuncia ante el MP), estaríamos ante un caso más de un alcalde que, mareado por el poder, termina por cometer todo tipo de abusos y atropellos en perjuicio de la hacienda municipal y de los propios ciudadanos que le dieron su confianza para administrar los recursos públicos.
Podríamos decir que, si se comprueban las acusaciones y se acreditan los delitos, el alcalde de Ixtaczoquitlán personificaría a la perfección a Juan Vargas (Damian Alcázar), el alcalde de San Pedro de los Sahuaros, en La Ley de Herodes.

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