Quiebra municipal

Luis Alberto Romero

En la Legislatura del Estado, los diputados se muestran preocupados porque al menos la mitad de los ayuntamientos veracruzanos se encuentran en graves problemas financieros.
Los órganos de gobierno en más de cien municipios, están literalmente en la quiebra; no tienen dinero para operar y cubrir el gasto que representan los servicios públicos, y ni siquiera para el pago de nómina; del aguinaldo mejor ni hablamos.
En muchos ayuntamientos, el adeudo con la burocracia municipal llega a dos o tres quincenas, por lo que prevalece un ambiente de desesperación entre las familias que dependen del pago oportuno de esa nómina.
Ayer, el diputado Raúl Zarrabal Ferat habló del tema de la falta de recursos y apuntó que, dada la precaria situación que prevalece, existe el riesgo de estallidos laborales. Culpó, como era de esperarse, a la federación que no envía los recursos para los ayuntamientos. Sin embargo, reconoció que el retraso en las participaciones es de un mes, mientras que los problemas financieros de los municipios llevan mucho más tiempo.
El legislador señaló que existen casos de ayuntamientos que de plano, suspendieron el pago de las quincenas, lo que se convirtió en una seria amenaza para la estabilidad en esas instancias.
Por otro lado, los empleados municipales no son los únicos que se encuentran en dicha situación. El diputado Dalos Ulises Rodríguez reveló que las limitaciones económicas llegaron a la Legislatura, donde el retraso en el pago a los diputados alcanzó los dos meses, es decir, 120 mil pesos pendientes.
Mientras tanto, Alfredo Tress Jiménez, miembro de la comisión de Hacienda Municipal en la Legislatura del Estado, alertó sobre el riesgo de que más municipios incurran en sobreendeudamiento, por lo que apuntó que la Junta de Coordinación Política debe evitar autorizar más préstamos.
Incluso, calificó de histórica la deuda que heredarán los alcaldes electos.
La parte más preocupante de la declaración de Tress Jiménez, sin duda, no se refiere a la deuda de los municipios, sino al hecho de que según sus cuentas, más de 100 alcaldes estarían incurriendo en daño patrimonial, por un monto suprior a los mil millones de pesos.
Y es que muchos alcaldes han visto un botín en las arcas municipales y han convertido a los ayuntamientos en verdaderas cuevas de Alí-Baba. Lo peor es que con esos actos de saqueo de los recursos públicos y manejo irresponsable de las finanzas han terminado por perjudicar a los empleados de las administraciones municipales.
Algunos alcaldes, sin embargo, han optado por vender su alma al diablo, antes de enfrentar problemas laborales o ver tomado al Palacio. Hace unos días platicaba con un presidente municipal de la región norte, quien comentaba que para poder hacer frente a la nómina, recurrieron a los recursos de Ramo 033, maniobra indebida, incluso castigada, que equivaldría a tapar un hoyo pequeño, destapando uno más grande.
El problema es que usar recursos federales –que son etiquetados para la obra pública– para cubrir el gasto corriente, implica el riesgo de una denuncia penal, riesgo del que, evidentemente, tiene plena conciencia el alcalde, quien resignado apunta: el dinero lo puedo regresar cuando lleguen las participaciones… prefiero eso a enfrentar una huelga de empleados municipales.
Hoy se me ocurren decenas de trabajos que preferiría, antes que ser alcalde.

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