Fiscalización a municipios

Luis Alberto Romero

Ayer, la diputada Karime Aguilera Guzmán, presidenta de la comisión de Hacienda del Estado y vocal de la comisión de Vigilancia en la legislatura, anunció que los 212 municipios veracruzanos serán auditados y que no habrá impunidad para los alcaldes que desvíen recursos o incurran en peculado.
Dijo que varios municipios veracruzanos presentan problemas financieros y que por ello se realizará una minuciosa investigación para descartar que esos problemas deriven de irresponsabilidad o malos manejos.
Las cuentas, pues, deben quedar claras, porque de lo contrario se actuará contra los alcaldes salientes.
La diputada por el distrito de La Antigua señaló que la auditoría se extenderá a todas las dependencias de Gobierno del Estado, a las secretarías y a toda entidad que maneje recursos.
Karina Aguilera se ubica en dos comisiones estratégicas dentro de la legislatura del estado: la de Vigilancia, que se encarga de la fiscalización de los recursos, tanto de los tres poderes del Gobierno del Estado como de los municipios y los órganos autónomos; y la de Hacienda, que preside, y que se encarga, entre otras cosas, del análisis del presupuesto y de la vigilancia del cumplimiento del mismo…
El anuncio de la diputada se convierte en un escenario deseable, porque todo ciudadano espera que quienes abusen del poder, quienes no rindan cuentas claras, quienes tomen dinero público para asuntos particulares, sean juzgados y castigados.
Desafortunadamente, declaraciones como ésta, que se relaciona con auditorías, rendición de cuentas y procesos de vigilancia, son comunes en la legislatura y en los órganos de fiscalización. Lo poco común es que realmente se actúe contra las autoridades que incurren en este tipo de delitos.
Casos como el de Martín Cabrera Zavaleta, ex alcalde de Orizaba, quien fue acusado por un presunto peculado por más de 100 millones de pesos; como el de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, ex alcalde de Tantoyuca, acusado por un presunto faltante de nueve millones en el trienio 98-2000; como el del tristemente célebre Efrén López Meza, quien gobernó el puerto de Veracruz en el trienio 92-94 y que pasó años en calidad de prófugo de la justicia; o como Ubaldo Flores Alpízar, ex presidente municipal de Boca de Río, sepultan la credibilidad de la gente en este tipo de anuncios.
Y es que estamos acostumbrados a que se hable mucho y se actúe poco en términos de procuración de justicia; de hecho, el caso más reciente de un alcalde que es realmente castigado por disponer del dinero público de forma irresponsable fue el de Bonifacio Castillo, ex presidente municipal de Papantla, quien fuera encarcelado en Pacho Viejo durante el sexenio de Miguel Alemán Velasco.
Lo malo es que las auditorías pocas veces se practican para detectar irregularidades; no se castiga, entonces, al irresponsable, al ladrón o al corrupto sino al adversario político. Cuando eso cambie, declaraciones como la de Karime Aguilera tendrán sentido.

luisromero85@hotmail.com