Rotaciones en la Sub

Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción

De acuerdo con notas periodísticas publicadas hace unos días, abogados y trabajadoras de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres se manifestaron contra las rotaciones de adscripción de las que son objeto.
Un grupo de empleados de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJ) señala a funcionarios de primer nivel de realizar rotaciones del personal sin tomar en cuenta que los envían a ciudades completamente alejadas de sus lugares de origen.
De acuerdo con las versiones publicadas, las mujeres han sido enviadas a trabajar a subprocuradurías regionales ubicadas en zonas apartadas, por lo que deben dejar a sus familias y gastar más por la renta de un espacio para vivir.
La rotación de personal en dicha Subprocuraduría va desde las agentes del ministerio público hasta las oficiales secretarias encargadas de las mesas de trámite.
Los afectados dicen que por la constante rotación del personal, bajo pretexto de evitar la corrupción, hay un retraso y deficiencia en la integración de averiguaciones previas, pues los que llegan tienen desconocimiento de los casos.
Una de las empleadas de la Subprocuraduría Especializada, quien se reserva su nombre por temor a represalias comenta: “Hemos notado un total descontrol en la integración de las investigaciones ministeriales, que en esos espacios se realizan debido al cambio constante de personal”.
Fue a través de una carta a la opinión pública por la cual los trabajadores de la PGJ lamentan que el cambio de personal en cada una de las regiones está ocasionando dilación en las investigaciones, cambio de decisiones según el criterio del personal que llega y un pésimo servicio en la atención de la ciudadanía.
Los inconformes también cuestionan si la actual titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres cumple el perfil idóneo para ocupar este cargo, pues consideran que no tiene experiencia profesional en la materia.
Los afectados también afirman que desconoce el tema de delitos contra la libertad, así como el de seguridad sexual y contra la familia, además del funcionamiento de las agencias especializadas en esos delitos.
Al parecer, las cosas no marchan bien en la dependencia estatal. Los gastos que los empleados deben cubrir con sus propios recursos, merma en sus ingresos finales. Ojalá y el titular de la Procuraduría de Justicia escuche a los afectados para eficientar el trabajo en beneficio de la población veracruzana.

enriquepompeyo@hotmail.com