miércoles, 6 de julio de 2011

Muerte a mexicanos

Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción

Humberto Leal García tiene 38 años de edad, nació en Monterrey, pero creció en San Antonio Texas. Cuando tenía 21 años fue acusado de violar y asesinar a la joven Adria Sauceda, de 16 años. El crimen lo habría cometido el 21 de mayo de 1994 en San Antonio, Texas. Mañana, jueves 7, si las cosas no cambian, será ejecutado.
Los gobiernos de México y Estados Unidos, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los gobiernos de Brasil, Honduras, El Salvador y Suiza, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales realizan esfuerzos para que el estado de Texas suspenda la ejecución.
La organización Amnistía Internacional también ha exhortado al gobierno de Texas a que se abstenga de ejecutar a Humberto Leal por las “serias dudas”, irregularidades y la falta de asistencia consular que en su proceso judicial se llevaron a cabo, según una resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Amnistía Internacional aduce que los abogados del sentenciado a muerte “no impugnaron el hecho de que la acusación se basara en la prueba notoriamente poco fiable de la ‘marca de mordedura', en el testimonio engañoso de un experto en ADN y en el uso de análisis poco fiables de la sangre hallada en el automóvil de Humberto Leal”.
La petición afirma también que los tribunales estatales “han negado a Humberto Leal el acceso a material biológico que aún no se ha sometido a análisis modernos de ADN, unas pruebas que, según aseguran sus actuales abogados, podría demostrar su inocencia respecto al delito de asesinato punible con la pena de muerte”.
La petición de indulto presenta pruebas atenuantes de las que el jurado no tuvo conocimiento y que se han descubierto recientemente, con la ayuda de México.
Entre ellas se encuentra el hecho de que Humberto Leal “sufrió abusos sexuales a manos del párroco de su parroquia a los 10 años de edad, que sufre daño cerebral a causa de unas lesiones sufridas durante su infancia en la cabeza y para las que no recibió tratamiento”.
Amnistía Internacional también plantea que “a Humberto Leal no se le notificó en ningún momento su derecho a pedir asistencia consular y que se han planteado serias dudas sobre la calidad de su asistencia letrada durante el juicio”, por lo que pide que “se conmute la condena de muerte de Leal García o que, como mínimo, se le conceda una suspensión mientras el Congreso aprueba la legislación propuesta para aplicar la resolución de 2004 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”.
Dicha resolución se trata de la llamada “Avena y otros ciudadanos mexicanos”, basada en la Convención de Viena (que regula las relaciones consulares), que el gobierno de México presentó en 2003 contra Estados Unidos por el caso que se refiere a 52 mexicanos.
Y es que desde enero de ese año, el gobierno de México acudió a la Corte Internacional de Justicia para presentar 52 casos de mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, quienes no tuvieron acceso a la notificación consular en sus juicios.
La Corte determinó que las sentencias debían suspenderse, hasta reponer el procedimiento, pero el 5 de agosto de 2008 fue ejecutado, también en Texas, José Ernesto Medellín Rojas, quien estaba incluido en esa lista.
En su momento, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que no era aplicable en su territorio el fallo de la Corte Internacional, porque no había una legislación interna al respecto.
La propuesta de legislación fue presentada entonces por el senador Patrick Leahy, presidente del Comité de Asuntos Judiciales, que busca dar cumplimiento a la Sentencia del Caso Avena en defensa del derecho a la notificación consular, “herramienta esencial para la defensa de los derechos e intereses de los mexicanos en el exterior”. La legislación pendiente en el Senado permitiría que las cortes federales revisen casos de extranjeros condenados.
Si nada cambia, Humberto Leal mañana estará muerto y será otro mexicano ejecutado por las irregularidades en los procesos judiciales de Estados Unidos.

enriquepompeyo@hotmail.com

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