Entre SOPA y ACTA

Brenda Caballero
Números Rojos

Aún recuerdo cuando estaba en la Universidad y había que entregar un tema de investigación. No contaba con el dinero suficiente para comprar libros, por lo que recurría a la biblioteca. Por desgracia, los “dos” libros base para la elaboración del trabajo ya habían sido prestados y los pocos que había relacionados sobre el tema estaban más que obsoletos.
Por fortuna, me tocó parte de la era de internet, entonces había que ir a rentar una computadora y buscar el tema en la red. Uno de los sitios que más consultaba era el Foro español vagos.es, que tenía un sinfín de temas para descargar y copiar. Hace unos días me enteraba de que cerró voluntariamente a fuerza de manera temporal su sitio, puesto que recibió una notificación de la Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación de España como consecuencia de la Ley Sinde aprobada sin aviso ni explicaciones.
¿Recuerda la Ley Sopa? Aquélla que según sus iniciales en inglés Stop Online Pirancy Act era una iniciativa que supuestamente intenta proteger la propiedad intelectual en la red; más aún: incluye la censura de muchos sitios web, limitando drásticamente la libertad de expresión. Por fortuna no fue aprobada por el Congreso estadounidense, pero inició una serie de leyes y normas contra la piratería que afectan las ideas y la retroalimentación características en la red.
México no pudo ser excepción y salió otro político, en este caso el senador por el PAN, Federico Doring, proponiendo una ley que regulara los derechos de autor (consté que no se la pirateo) en la que se debería pagar por los contenidos que se descargaran.
Lógicamente, la Ley Doring también restringiría la libertad de expresión entre los cibernautas mexicanos, situación que no fue bien vista en nuestro país y quedó en el olvido.
Bueno, eso pensábamos hasta este miércoles pasado, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitió un comunicado en el que el gobierno de México a través del embajador mexicano Claude Heller, firmó en Japón el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) que pretende combatir de forma eficaz la falsificación y piratería de obras intelectuales, artísticas, marcas e invenciones incluyendo claramente los medios digitales.
¿No se supone que la Cámara de Senadores en 2011ya la había rechazado, mediante las siguientes recomendaciones?: Por contener disposiciones distintas a las que establece la Constitución Mexicana, haber violado la Ley Sobre Aprobación de Tratados en Materia Económica, vulnerar el principio de presunción de inocencia, la incertidumbre jurídica y de seguridad que provocaría en la ciudadanía la ambigüedad en sus medidas, la obstrucción a la neutralidad de la red, el riesgo al desarrollo del comercio electrónico, la creatividad, la cultura, la difusión cultural, además de la potencial censura al contenido que circula en la red.
El Grupo de Trabajo para dar seguimiento a las Negociaciones del ACTA ha convenido que esta legislatura no ratificará un acuerdo que pretende piratear la democracia, además de invitar al Presidente Felipe Calderón a que desista de firmar dicho tratado.
Apenas en Europa, el Parlamento Europeo rechazó el ACTA a pesar de que varios países tenía ya firmado el Acuerdo.
En México, apenas habían pasado las elecciones, cuando se firmó el tratado, sin avisar nada; desde luego, falta la aprobación por parte del la Cámara de Senadores, aunque el trabajo será para los nuevos, echando por la borda las mesas de trabajo de organizaciones y legisladores que ya habían trabajado al respecto.
Pero recordemos la propuesta de mi querido presidente ante Obama de adecuar la legislación mexicana para garantizar la protección al copyright.
No estoy a favor de la piratería, incluso trato de consumirla lo menos posible, pero en ocasiones y más para cuando uno estudia, no se cuenta con el recurso económico suficiente para adquirir todos esos libros que encargan.
Ojo, mucho ojo, pues si llegara a aprobarse esta Ley, no se podría ni copiar en pdf, alguna pagina de un libro y mandarla, pues se incurriría en un delito.
Habría que preguntarse si más que proteger los derechos de autor contra la piratería (pues abundan los negocios establecidos y reconocidos por doquier, y la Autoridad no hace nada), la Ley no va más bien enfocada a ser un arma de control y enfriamiento de las masas, pues se normarían grandes sitios como facebook, yahoo, google, por mencionar algunos.
Sin duda, sería un gran retroceso para la educación y la democracia.
 

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