Tributo al medio ambiente

Roberto Morales Ayala
Zona Franca

Si bien es cierto que la humanidad le ha hecho daño irreparable al medio ambiente y que ya paga el precio con los dolorosos cambios climáticos, también lo es que el hombre por su supervivencia busca las acciones necesarias para aliviar las consecuencias y reparar los agravios a la naturaleza.
Para nuestra mala fortuna, como lo afirma el filósofo Thomas Hobbes, “el hombre es el lobo del hombre”, y además de la concientización sobre una cultura del cuidado del medio ambiente, se requieren de leyes que nos obliguen.
En ese sentido, el notario público de Las Choapas, Honorato Alvarez Campos, un hombre conocedor de las leyes –conocido también por su participación en la política, pero que no es el tema de esta columna-, ha presentado una interesante propuesta que pretende coadyuvar en la creación y protección de praderas o bosques en el área rural.
Sin ser diputado, Álvarez Campos ha puesto en manos de funcionarios federales y diputados federales su proyecto para elevar a rango constitucional el establecimiento de praderas o bosques en el medio rural, adicionándose con un cuarto párrafo al artículo 27 constitucional.
El agregado constitucional obligaría a una iniciativa de ley, cuyo ejercicio obligaría a todos aquellos quienes poseen tierras a dedicar el 10 por ciento de su inmueble a la reforestación.
La interesante propuesta legislativa fortalecería las acciones que llevan a cabo el gobierno para que sus programas de reforestación no solo sean actos propagandísticos sino acciones concretas para aliviar los estragos del drástico cambio climático.
La propuesta está fundamentada en el uso irracional que el hombre le ha dado a sus bosques, de los cuales extrae la madera, ya sea para el cocimiento de sus alimentos, o para la construcción de casas; la utilización de los campos, o mejor dicho la quema de pastizales, para organizar la producción agrícola, y por muchos años el uso de la leña y el carbón de madera como combustible en los procesos industriales.
Todo ello ha propiciado que México ocupe un nada glorioso lugar en el ámbito del deterioro ambiental, pese a ser, paradójicamente, el cuarto lugar mundial en biodiversidad en flora y fauna. Se tiene registro de un creciente número de especies en peligro de extinción autóctonas, y 37 de ellas están extintas en su hábitat natural.
El proyecto establece que a nivel mundial, a menudo se realizan foros, que involucran a la comunidad científica, estudiosos del medio ambiente y del cambio climático, a profesionistas identificados con la problemática del deterioro ecológico y a la población en general, incluidos estudiantes en la materia, con una amplia difusión en los medios de comunicación, sobre los acuerdos, convenciones y protocolos que se adoptan. Sin embargo, lejos de su cumplimiento, ni siquiera se les da un seguimiento puntual que permita evaluar hasta dónde se avanza y qué falta por realizar.
Es preocupante la deforestación que afecta a diversos países, mismo que ha acabado con grandes zonas boscosas, lo cual genera erosión y su consecuente impacto en la producción agrícola; mayores inundaciones, pues las barreras naturales que son las áreas arboladas cerca de ríos, arroyos y lagunas, dejan de realizar su función natural; pérdida de los pulmones del planeta, como es el caso de la selva del Amazonas, y en el caso de México, la Biósfera de los Tuxtlas y la Selva Lacandona.
La iniciativa de Ley tiene como propósito hacer partícipe a los poseedores, ejidatarios y propietarios de terrenos en el área rural, a fin de que se involucren en el establecimiento de bosques o praderas.
La reforma al artículo 27 constitucional señala que el detentador del predio deberá destinar un 10 por ciento del mismo a la reforestación. De esa forma, la reforestación sería una obligación constitucional.
Por su parte, el gobierno federal se obligará a suministrar al detentador de la tierra, llámese, poseedor, ejidatario, propietario o concesionario, los árboles que requiera el terreno que habrá de reforestar, dándole seguimiento durante 5 o 6 años, a través de la o las instituciones relacionadas con el agro “con la ayuda que requiera para lograr el objetivo en la conformación de bosques”.
En una reflexión final, el razonamiento planteado en la reforma establece que el cambio climático ya está presente “y que viene para quedarse”. Señala que por ello se debe avocar tanto a su estudio como a realizar acciones inmediatas y a largo plazo.
El texto propuesto al artículo 27 constitucional, es el siguiente:
“Todo detentador de la propiedad rural deberá reforestar el 10 por ciento de sus terrenos, para la creación de bosques que vengan a coadyuvar con el medio ambiente y el cambio climático”.
Del proyecto de ley propuesto por Honorato Alvarez Campos, ya tienen copia en sus manos el líder de los diputados federales en el Congreso de la Unión, Juan Nicolás Callejas Arroyo, y la Sagarpa, a través del jefe del Departamento de Capacitación y Trasferencia de Tecnología y Cultura Forestal, Gaudencio García Benítez, de la Gerencia Estatal en Veracruz.
Alvarez Campos se dedica a la ganadería en su rancho el Huasteco, en dónde ya lleva acciones para la reforestación de unas 200 hectáreas con árboles frutales de diversas especies.
Alvarez Campos toca una fibra sensible del problema ambiental, la reforestación. Así nos lleva a reencauzar el papel del hombre en el cuidado de su entorno inmediato, el cual por instinto de supervivencia, debe ser protegido y sus efectos negativos, revertidos.
Plantea, categóricamente, la necesidad de atender el problema de los bosques y praderas como una forma de enfrentar el cambio climático, que genera cada vez mayores estragos en el ambiente natural del hombre. Independientemente de las inundaciones, que han provocado migraciones buscando zonas dónde vivir, han repercutido en el factor agropecuario, modificando incluso el tema alimentario y las costumbres del ser humano.
Por sí solo, el planeta no habrá de revertir los efectos del deterioro ambiental. México, un país con una biodiversidad única, se halla en la disyuntiva de atacar el problema y una buena medida es propiciar la reforestación, aunque tenga que tomarse el camino de la ley para lograrlo.
Ya se ha visto que los acuerdos en materia ambiental, basados en la buena fe del hombre, no funcionan. Debe realizarse dentro de un marco legal, que señale obligaciones y beneficios. (romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)