Las Crónicas del 2012
Organizaciones laborales como la CTM, UNT, diputados de los partidos del Trabajo (PT), y Movimiento Ciudadano, además de líderes sindicales insisten en su campaña nacional y la organización de foros de discusión sobre la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo federal, por considerar que lesiona sus derechos; al tiempo que la secretaria del Trabajo Rosalinda Vélez defendía dicha iniciativa en su reunión con diputados de todos los partidos, sin gran éxito.
Sabemos que la Confederación de Trabajadores de México, la Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Sindical Mexicano expusieron su convicción ante la Cámara de Diputados: “no deben aprobar por decreto la iniciativa preferente de Reforma Laboral, sino que se debe escuchar la voz de la clase obrera”. Recordamos cuando en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron Francisco Hernández Juárez, Agustín Rodríguez Fuentes y Carlos Manuel Díaz Chávez Morineau, proponiendo al unísono una amplia campaña nacional e internacional de rechazo a la propuesta presidencial.
Plantearon que una verdadera reforma laboral pasa por fortalecer la independencia y la autonomía de las organizaciones gremiales, abogaron por la contratación colectiva como eje de las relaciones obrero-patronales y se manifestaron contrarios a legalizar el “outsourcing, ampliar los periodos de prueba y flexibilizar las formas de contratación y despido”.
Acompañados por el coordinador y el vicecoordinador de la fracción perredista, Silvano Aureoles Conejo y Miguel Ángel Alonso Raya, desde el primer momento reprobaron las propuestas por no ser producto del consenso entre las organizaciones representativas del sector laboral y advirtieron el riesgo de una aprobación sin mediar debate legislativo por el carácter preferente con que fue presentada. Por su parte los diputados priistas Carlos Aceves del Olmo y Patricio Flores Sandoval, dicen que el partido ya analiza la iniciativa, y si bien existen puntos que pueden transitar y ser aprobados, otros no contarían con el consenso necesario.
Pero este lunes la secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez, intentó defender la iniciativa de reforma laboral de Felipe Calderón en una reunión con diputados, en la que la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue especialmente crítica con la iniciativa que, alertaron, podría generar un descontento social que no le estallaría a él, sino a Enrique Peña Nieto. Tal parece -reprochó el presidente de la Comisión del Trabajo- Carlos Aceves del Olmo (PRI), cuando la funcionaria ya se había retirado, que Calderón lo hizo con alevosía y ventaja.
Los priístas alertaron que la iniciativa incluye matices en el derecho de huelga, lo cual violaría la Constitución y los convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su comparecencia para explicar el alcance de la iniciativa preferente de reforma a la Ley Federal del Trabajo, Rosalinda Vélez sostuvo que no trastoca, no modifica ni violenta el artículo 123 constitucional en ninguno de sus apartados, pero dejó de lado todas las preguntas que los legisladores hicieron sobre cómo afectaría el cambio a los obreros.
Incluso, al tratar de explicar cómo beneficiaría a los trabajadores regular la subcontratación o outsourcing, la funcionaria afirmó: Es como el colesterol. Hay colesterol bueno y hay colesterol malo. Hay empresas que sí cumplen; sin embargo, otras han abusado de esta figura. En respuesta, el diputado Martí Batres (PRD) dijo: Aquí no hay colesterol bueno; hay puro colesterol malo inyectado directamente a las venas de los trabajadores.
Su compañero de bancada Silvano Blanco expuso que con este documento Calderón se va como llegó: en una situación irregular, producto del fraude, y ahora quiere dar una estocada a los trabajadores. Luego de dos rondas en que la titular del Trabajo no contestó si aprobar la reforma de Calderón produciría movilizaciones y protestas como en España, el PRI optó por sólo preguntar, pero no pedir una respuesta.
El priísta Patricio Flores, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (Sitatyr), afirmó que la presencia de Rosalinda Vélez en la cámara “es producto del exceso de confianza del Ejecutivo.
“¿Por qué –cuestionó– el Ejecutivo considera que 30 días son suficientes para sacar unas modificaciones como las que propone?” Expuso que si bien los diputados están obligados a presentar un dictamen de la iniciativa del mandatario, “queda la duda de si cuando la envió pensó en el país que dejará.
Me parecería muy irresponsable si, por una iniciativa mal aprobada, tenemos a la gente en las calles, y él no tendrá que responder al descontento social. Correspondería al próximo mandatario. Y esto nos obliga a ser responsables, porque no podemos resolver las relaciones entre trabajadores y empresarios en 30 días, abundó. La titular del Trabajo sólo contestó que la informalidad se resolvería llevando los trabajos de la informalidad a la formalidad.
También admitió que se considera privilegiar la productividad como criterio para ascender u ocupar una vacante, que se incluyen nuevas modalidades de contratación, con periodos de prueba y rechazó que se pretenda pulverizar el salario, al pagarlo por hora. Si un patrón quiere contratar a un empleado sólo por dos horas, argumentó, tendría que pagar el salario mínimo completo.
Pareciera que al día de hoy lo verdaderamente importante no son los trabajadores y sus derechos, sino anticipar e intentar evitar conflictos al sucesor presidencial que aun habita el limbo, mientras su antecesor aparenta hacer tersa entrega del puesto; jugándole malas pasadas al unísono, en el eternamente perverso juego del poder, muy ala mexicana o a la “malagueña” si es que no son la misma cosa.
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