Lo que sobra es complicidad...

Roberto Morales Ayala
Zona Franca

Evidentemente forzado por el escándalo que desató, junto con su secretario de Seguridad Pública por andar tratando de reprimir a la prensa, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, atropelladamente se sacó un as de la manga: La propuesta de eliminar el fuero a los servidores públicos.
La medida en estos dias de escandalos de corrupción política es plausible, porque de aprobarse y mantenerse constitucionalmente, contribuirá a evitar que siga creciendo como un monstruo de mil cabezas la impunidad en Veracruz.
En el corto plazo, los peros abundan en un estado donde, con fuero o sin fuero, las complicidades de los políticos sobran para usar las leyes para enriquecerse y reprimir.
De realizarse las reformas propuestas por Duarte podrían servir para encarcelar a unos cuantos rufianes que andan sueltos y ya no le sirven al poder, pero dista mucho que se trate de una acción que tendría efectos de verdadera legalidad.
El fuero, por un lado, ha perdido su esencia. Surgió como una forma de proteger a un poder constitucional de otro, cuando la vida pública en México era un desorden. Un alcalde, gobernador y el mismo presidente eran acusados y acosados por diputados o militares; se les denunciaba y pese al cargo que desempeñaban, terminaban enjuiciados o en la cárcel. En sentido inverso, los legisladores era perseguidos por miembros de otro poder público y su función se veía interrumpida por los problemas judiciales que enfrentaba.
O sea, la política estaba judicializada. A menudo las acusaciones estaban politizadas y el aparato de justicia era usado para neutralizar y perseguir a los contrincantes políticos. A partir de ahí surgió el fuero, una protección a quien ejerce un cargo de elección popular frente a las acciones de otros poderes constitucionales. El Ministerio Público o el Poder Judicial se veían impedidas de aplicar órdenes de aprehensión o realizar procesos judiciales mientras el servidor público tuviera la protección del fuero.
Teóricamente no significaba impunidad, aunque en los hechos lo fuera. Para proceder debía iniciarse un juicio de procedencia o de desafuero, retirar la inmunidad y poner al servidor público a disposición de la autoridad correspondiente. Eso iba para todos, pero no para el Presidente de la República, sobre quien la Constitución expresa que “durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.
Ahora el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se apunta a eliminar el fuero a los servidores públicos, incluido el titular del Poder Ejecutivo, o sea él. Su iniciativa reformaría los artículos 30 y 78 de la Constitución estatal y sería el primer estado del país en que se aplicaría con tal profundidad.
El asunto tiene sus asegunes. Algunos de los achichincles del gobernador ya festejan el hecho pero se entrampan en sus palabras. Gerardo Buganza Salmerón, el siempre desatinado secretario de Gobierno, dice que de aprobarse la iniciativa “ninguna autoridad gozará del fuero y, por ende, de su mala utilización.
Y pronunció dos frases que describen cómo se piensa en aquellas alturas del poder: “Ya no hay ninguna charola que nos pueda amparar a ningún funcionario”, y “Ya no hay el yo puedo hacer lo que quiera y tengo fuero. Si no que tengo que hacer lo que marca la ley y aplicar en Veracruz el imperio de la ley”.
Lo dicho por Buganza, o fue un lapsus linguae o simplemente se le chispoteó. El secretario de Gobierno advierte que “ya no hay charola que nos pueda amparar a ningún funcionario”. ¿Es decir que usaban la charola para evadir la ley?. Y decir que ahora sí los funcionarios de gobierno tendrán que hacer “lo que marca la ley y aplicar en Veracruz el imperio de la ley”, revela en qué niveles de impunidad andamos.
Deslenguado o no, Buganza pone en claro que la violación a la ley ha sido una constante en el gobierno estatal, entre jueces y magistrados, en el Congreso y en las alcaldías. Los servidores públicos se han valido del fuero para desacatar la ley.
El asunto, por consiguiente, es de impunidad, más allá del fuero. Retirarlo obligará a los servidores públicos a modificar patrones de conducta y a medir el alcances de sus acciones, sobre todo cuando son arbitrarias, ilegales y violentas.
La otra parte se constriñe al uso del aparato de poder para delinquir desde las instituciones y tener a la mano los recursos legales para defenderse. Tiene que ver con las áreas jurídicas del gobierno, del Congreso, del Poder Judicial y de las alcaldías, desde donde se realizan las defensas legales de los servidores públicos arbitrarios.
Es común que un gobernador o sus secretarios de gobierno, los alcaldes y su síndico, que son quienes poseen la inmunidad que otorga el fuero, agravien a la sociedad, metan la mano en el presupuesto, despojen al ciudadano y cometan mil fechorías más, y cuando son denunciados, recurran a sus departamentos jurídicos para enfrentar sus líos. Mientras son autoridad, su defensa legal le cuesta al pueblo pues sus abogados son empleados de gobierno, o contratan asesoría externa que se paga con dinero del erario.
El otro punto son las ramificaciones que tiene el abuso de poder hacia el aparato judicial. Un gobernador, un alcalde, un diputado, a menudo recomienda allegados para desempeñarse como agentes del Ministerio Público o como jueces. A esa autoridad le deben el cargo y cuando la denuncia contra el servidor público llega a su territorio, simplemente no pasa nada.
El problema, con fuero o sin fuero, es de complicidad. ¿Sirve de algo retirar el fuero al gobernador si éste dio el palomazo para todos los agentes del MP, los jueces, los secretarios de juzgado, los coordinadores de la policía ministerial, los subprocuradores y muchos más en esa cadena interminable de corrupción, quienes le deben el cargo? La respuesta es obvia. ¿Quién se atrevería a encausar, darle entrada a una denuncia o enjuiciar al gobernador Javier Duarte, si él los colocó en sus puestos?
No se trata sólo de retirar el fuero constitucional sino de destruir la red de complicidades que distinguen al estado de Veracruz, al gobierno duartista y a los alcaldes de toda la entidad, incluido el Congreso y el Poder Judicial.
La iniciativa de reforma Constitucional en materia de fuero, del gobernador Javier Duarte, podrá servir para que el ciudadano se decida a actuar. Habrá un cúmulo de denuncias contra alcaldes arbitrarios y legisladores impunes, y a muchos los harán correr, pero para que la justicia cristalice es necesario acabar con el régimen de complicidades que distinguen a Veracruz.

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(@moralesrobert)