Desafuero

Luis Alberto Romero
Hora Cero

Generalmente, los juicios de procedencia que se analizan en la comisión jurisdiccional y en la sección instructora de la Cámara de Diputados se refieren a delitos cometidos por la vía penal o por el uso fraudulento de los recursos públicos. Los juicios políticos difícilmente prosperan y una prueba de ello está en los más de 100 expedientes que en el Congreso de la Unión se encuentran rezagados.
De hecho, solo un juicio político ha procedido en la historia de nuestro país, el del ex director de Petróleos Mexicanos, Jorge Díaz Serrano, encarcelado hace treinta años, en 1983, por actos de corrupción; eso ocurre en el ámbito nacional.
En Veracruz, tenemos antecedentes recientes de la separación de alcaldes por la violación a las leyes; sin embargo, pocos alcanzan la dimensión del caso que se discute en la legislatura del Estado: el desafuero contra la alcaldesa de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano, acusada por la presunta autoría intelectual del asesinato de su propio secretario particular, Michel Martínez Corro.
El 25 de octubre pasado, el legislativo veracruzano, a través de las comisiones unidas de gobernación y justicia y puntos constitucionales, acordó dar entrada a la petición de la procuraduría, en virtud de que existen elementos suficientes para presumir la participación de la alcaldesa de Alvarado en ese homicidio.
Decíamos: no es el primer caso, aunque sí el más escandaloso: hace 14 años, los ex alcaldes de Martínez de la Torre, Pedro Manterola; Tantoyuca, Joaquín Guzmán Avilés; y Papantla, Bonifacio Castillo, fueron acusados por uso indebido y desvío de recursos; en el primer caso no hubo repercusiones, pero el del municipio huasteco estuvo prófugo, mientras que el papanteco fue internado en el penal de Pacho Viejo.
Más recientemente, en 2010 hubo señalamientos contra el ex alcalde de Pánuco, Ricardo García Guzmán, por abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal; también en ese caso, la procuraduría solicitó el desafuero ante la legislatura del estado.
De igual manera, se ventiló la solicitud de desafuero contra los alcaldes de Banderilla, Francisco Javier Hernández Loeza, por incumplir con la orden del poder judicial en cuanto al pago de laudos.
Los alcaldes de Tlapacoyan, Tlacojalpan y Cosoleacaque, Enrique López León, Karina Meneses Carvajal y Cirilo Vázquez Parissi respectivamente, fueron denunciados y también sobre ellos pesa una solicitud de desafuero por presuntos delitos electorales.
Casos diferentes corresponden a los alcaldes de Chinameca, Martín Padua Zúñiga, detenido en un enfrentamiento con las fuerzas federales y acusado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada; y de Las Minas, Mauricio Herrera Fernández, a quien se le encontraron armas y droga en un operativo realizado también por fuerzas federales.
 Ni uno de estos, sin embargo, tiene los tintes del caso de Sara Luz Herrera, quien independientemente de su desafuero, en dos meses a más tardar, tendrá que responder por el asesinato, cuya autoría se le atribuye.