Incomunicados

Luis Alberto Romero
Hora Cero

Este martes, las protestas del magisterio llegaron muy lejos; podríamos decir que al límite: bloquearon las entradas y salidas a la capital del Estado, causando caos, molestias y enormes afectaciones por más de ocho horas.
Los maestros que simpatizan con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación radicalizaron todavía más su postura: en el Distrito Federal hubo enfrentamientos con la fuerzas del orden debido a que los manifestantes buscaban realizar un boicot al aeropuerto internacional de la ciudad de México, considerado como una instalación estratégica para el país.
En la entidad no solo tomaron casetas de peaje y bloquearon varias carreteras que cruzan por el territorio estatal: probablemente, la mayor afectación ocurrió en la ciudad de Xalapa, que prácticamente quedó incomunicada por la vía terrestre, porque cientos de maestros cerraron las entradas y salidas hacia Puebla y la Ciudad de México y también al Puerto de Veracruz, en las carreteras libres y de cuota.
Enormes filas de vehículos se observaron en Banderilla y en Corral Falso, donde se concentraron los maestros inconformes contra la reforma educativa, influenciados, azuzados presuntamente por células de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, provenientes del estado de Oaxaca.
Por cierto, supervisores e inspectores escolares confirman que en Veracruz operan maestros del estado de Oaxaca en labores de coordinación de la resistencia contra la reforma educativa.
No faltan, también, abogados que intentan engañar a los maestros con el cuento de que se pueden amparar, a pesar de que esa figura no aplica en los casos de las modificaciones constitucionales; la cuota que piden es de 500 pesos por cada maestro y, créame, muchos han caído.
Habría que agregar que en los acuerdos emanados de la asamblea de la CNTE del pasado 28 de septiembre, el citado movimiento magisterial exige a las autoridades federales un rosario de puntos, entre acuerdos, peticiones y pronunciamientos que van desde la derogación de las leyes recientemente aprobadas en el Congreso de la Unión hasta la destitución de los principales funcionarios del sector educativo nacional, Emilio Chuayfett por delante, y la liberación de militantes de la Coordinadora que se encuentran detenidos.
El principal problema es que los docentes que se manifiestan no reparan en los daños causados a la población, como la suspensión de corridas en las líneas de autotransportes o el cierre de las vialidades, incluso a las ambulancias. Cerrar las escuelas ya es un asunto grave, desquiciar la vida cotidiana y la actividad productiva lo es en igual medida.
Por ello cada vez con mayor frecuencia se escuchan voces y pronunciamientos de amplios sectores de la sociedad que exigen mano dura contra quienes incurren en esas medidas radicales que buscan crear caos como estrategia de presión al gobierno.
Y es que uno puede estar o no de acuerdo con las demandas del magisterio disidente; lo reprobable, en todo caso, son las formas con que se conducen y, por supuesto, los daños a terceros.
Por cierto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en voz de Juan Díaz de la Torre, el dirigente formal de esa cuestionada y rebasada organización sindical, ha planteado al gobierno la necesidad de aplicar la ley y proceder al despido de los maestros que faltan a clases para contratar a maestros sustitutos.
Es curioso, pero en un estado de derecho no tendría que exponerse al gobierno la necesidad de hacer cumplir la ley, porque esa es su obligación.