Hora Cero
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental y el Frente Ciudadano en Defensa de la Cuenca de la Antigua tomaron como bandera el rechazo a la construcción de siete represas en el “Río los Pescados”, proyecto que, aseguran, atenta contra la biodiversidad y representa un riesgo para la población.
Apuntan que esas construcciones se realizan ante la complacencia de las autoridades gubernamentales que, según los activistas, están a favor de la empresa Odebrecht, transnacional de capital brasileño, a la que permiten avanzar en un proyecto que atenta contra el entorno ambiental y que enfrenta el rechazo de la población.
Refuerzan este movimiento los alcaldes electos de Jalcomulco, Emiliano Zapata, Xico y Cosautlan de Carbajal, así como los comisariados ejidales y grupos ambientalistas.
Los representantes de ese movimiento señalan que funcionarios de gobierno los citaron a una reunión la semana pasada, pero que no se estableció acuerdo alguno. Por ello pidieron la intervención del gobernador del estado y amagaron con radicalizar sus acciones contra la empresa Odebrecht que, aseguran, introdujo maquinaria pesada e inició los trabajos de construcción de las represas, aún sin las autorizaciones correspondientes.
Recientemente, el presidente de la asociación civil Biodiversidad y Cuenca del río Los Pescados, Gerónimo Gutiérrez Alarcón, expuso que las comunidades de Apazapan, Jalcomulco, Tlaltetela, Cosautlán y Coatepec se verían afectadas por el proyecto y que, además, la empresa no ha dado a conocer el manifiesto de impacto ambiental.
El tema no es nuevo: hace un par de años, Reynaldo Guerrero Corona, presidente de la organización “Profesionales por México”, alertaba sobre ese proyecto, al que calificó como ecocida; no solo eso, dijo también que la construcción de las represas y la hidroeléctica en el río Los Pescados representarán mayores índices de pobreza y migración, sin contar con el daño ambiental en la zona.
Entrevistado sobre el tema para Radio Capital, el alcalde electo de Jalcomulco, Gilberto Ruiz Chivis, dijo que no permitirían que se concrete ese proyecto porque la empresa responsable no cuenta con los permisos de la federación y el estado, ni la anuencia de los ayuntamientos.
Señaló que el temor no solo radica en el daño a la economía y al medio ambiente, sino también en el tema de la protección civil y en ese sentido, recordó que por tratarse de un río de respuesta rápida, las represas pueden ocasionar inundaciones.
Y mientras esas son las posiciones de las organizaciones ambientalistas y las autoridades municipales, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de su delegado en Veracruz, José Antonio González Azuara, informó que esos trabajos son ilegales porque no existe permiso alguno.
El problema, además del daño ambiental, se relaciona con la ausencia de información a los habitantes y con el hecho de que las empresas que trabajan en el proyecto parece que ignoran a la autoridad, a las comunidades, a los afectados y también a la legislación mexicana en materia de cuidado ambiental.
Los representantes de ese movimiento señalan que funcionarios de gobierno los citaron a una reunión la semana pasada, pero que no se estableció acuerdo alguno. Por ello pidieron la intervención del gobernador del estado y amagaron con radicalizar sus acciones contra la empresa Odebrecht que, aseguran, introdujo maquinaria pesada e inició los trabajos de construcción de las represas, aún sin las autorizaciones correspondientes.
Recientemente, el presidente de la asociación civil Biodiversidad y Cuenca del río Los Pescados, Gerónimo Gutiérrez Alarcón, expuso que las comunidades de Apazapan, Jalcomulco, Tlaltetela, Cosautlán y Coatepec se verían afectadas por el proyecto y que, además, la empresa no ha dado a conocer el manifiesto de impacto ambiental.
El tema no es nuevo: hace un par de años, Reynaldo Guerrero Corona, presidente de la organización “Profesionales por México”, alertaba sobre ese proyecto, al que calificó como ecocida; no solo eso, dijo también que la construcción de las represas y la hidroeléctica en el río Los Pescados representarán mayores índices de pobreza y migración, sin contar con el daño ambiental en la zona.
Entrevistado sobre el tema para Radio Capital, el alcalde electo de Jalcomulco, Gilberto Ruiz Chivis, dijo que no permitirían que se concrete ese proyecto porque la empresa responsable no cuenta con los permisos de la federación y el estado, ni la anuencia de los ayuntamientos.
Señaló que el temor no solo radica en el daño a la economía y al medio ambiente, sino también en el tema de la protección civil y en ese sentido, recordó que por tratarse de un río de respuesta rápida, las represas pueden ocasionar inundaciones.
Y mientras esas son las posiciones de las organizaciones ambientalistas y las autoridades municipales, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de su delegado en Veracruz, José Antonio González Azuara, informó que esos trabajos son ilegales porque no existe permiso alguno.
El problema, además del daño ambiental, se relaciona con la ausencia de información a los habitantes y con el hecho de que las empresas que trabajan en el proyecto parece que ignoran a la autoridad, a las comunidades, a los afectados y también a la legislación mexicana en materia de cuidado ambiental.
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