Luis Alberto Romero
Hora Cero
El pasado 15 de octubre fue celebrado, como cada año desde el 2008, el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Sin embargo, pasó prácticamente inadvertida de no ser por un pequeño acto organizado en una comunidad del municipio de Misantla.
La fecha fue creada como parte de una estrategia de la ONU para reconocer las aportaciones de las mujeres en la sociedad y su importancia en el desarrollo de las comunidades rurales.
Es un momento oportuno para hablar sobre el tema y sobre la violencia contra las mujeres. En su más reciente encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reveló que en Veracruz, el 62 por ciento de las mujeres mayores de 15 años sufre algún tipo de violencia.
A pesar de los avances legales en materia de protección a las mujeres y a la familia, a pesar de la incorporación a la ley de nuevas modalidades de violencia, como la patrimonial, por ejemplo, el rezago que se registra en las zonas indígenas resulta evidente.
A pesar de ello, los avances se reflejan en las estadísticas: en el ámbito nacional, el 67.6 por ciento de las mujeres ha sido víctima de violencia, mientras que en Veracruz la cifra no alcanza el 62 por ciento.
Esos problemas se observan fundamentalmente en las zonas rurales e indígenas de la entidad, donde lo común es la violencia, la discriminación y la agresión contra las mujeres.
Evidentemente, existe un divorcio entre la disposición legal y la realidad cotidiana de las zonas indígenas, donde todavía prevalece la marginación y el rezago y donde existen prácticas que representan expresiones de violencia de género.
Un ejemplo de ello ocurre en comunidades de la sierra del Totonacapan, donde a pocos espanta el tema de los matrimonios “arreglados” porque dadas las condiciones de pobreza, las familias prefieren entregar a sus hijas, aún menores de edad, con la finalidad de ahorrarse el sustento.
Ni qué decir de la inexistencia de métodos de anticoncepción: hay mujeres que llegan a tener hasta 15 hijos, lo cual profundiza los problemas de esas familias, que apenas sobreviven con los bajísimos ingresos que proporciona la agricultura de subsistencia.
Desafortunadamente, ser indígena en Veracruz o en cualquier otra entidad del país es pertenecer a un grupo marginado; las mujeres indígenas, en todo caso, lo son doblemente porque al interior de las comunidades rurales, ni siquiera se les reconocen derechos.
El tema de la equidad no se limita a la asignación de los espacios públicos; en ese asunto es cierto que los avances que se registran en Veracruz han sido considerados como un ejemplo nacional: se habla del 40 por ciento de participación de las mujeres en la integración de los próximos ayuntamientos y también en la Legislatura del Estado; sin embargo, la lucha por los derechos de las mujeres debe pasar por las zonas indígenas, que es donde se acentúa la violencia de género.
Hora Cero
El pasado 15 de octubre fue celebrado, como cada año desde el 2008, el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Sin embargo, pasó prácticamente inadvertida de no ser por un pequeño acto organizado en una comunidad del municipio de Misantla.
La fecha fue creada como parte de una estrategia de la ONU para reconocer las aportaciones de las mujeres en la sociedad y su importancia en el desarrollo de las comunidades rurales.
Es un momento oportuno para hablar sobre el tema y sobre la violencia contra las mujeres. En su más reciente encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reveló que en Veracruz, el 62 por ciento de las mujeres mayores de 15 años sufre algún tipo de violencia.
A pesar de los avances legales en materia de protección a las mujeres y a la familia, a pesar de la incorporación a la ley de nuevas modalidades de violencia, como la patrimonial, por ejemplo, el rezago que se registra en las zonas indígenas resulta evidente.
A pesar de ello, los avances se reflejan en las estadísticas: en el ámbito nacional, el 67.6 por ciento de las mujeres ha sido víctima de violencia, mientras que en Veracruz la cifra no alcanza el 62 por ciento.
Esos problemas se observan fundamentalmente en las zonas rurales e indígenas de la entidad, donde lo común es la violencia, la discriminación y la agresión contra las mujeres.
Evidentemente, existe un divorcio entre la disposición legal y la realidad cotidiana de las zonas indígenas, donde todavía prevalece la marginación y el rezago y donde existen prácticas que representan expresiones de violencia de género.
Un ejemplo de ello ocurre en comunidades de la sierra del Totonacapan, donde a pocos espanta el tema de los matrimonios “arreglados” porque dadas las condiciones de pobreza, las familias prefieren entregar a sus hijas, aún menores de edad, con la finalidad de ahorrarse el sustento.
Ni qué decir de la inexistencia de métodos de anticoncepción: hay mujeres que llegan a tener hasta 15 hijos, lo cual profundiza los problemas de esas familias, que apenas sobreviven con los bajísimos ingresos que proporciona la agricultura de subsistencia.
Desafortunadamente, ser indígena en Veracruz o en cualquier otra entidad del país es pertenecer a un grupo marginado; las mujeres indígenas, en todo caso, lo son doblemente porque al interior de las comunidades rurales, ni siquiera se les reconocen derechos.
El tema de la equidad no se limita a la asignación de los espacios públicos; en ese asunto es cierto que los avances que se registran en Veracruz han sido considerados como un ejemplo nacional: se habla del 40 por ciento de participación de las mujeres en la integración de los próximos ayuntamientos y también en la Legislatura del Estado; sin embargo, la lucha por los derechos de las mujeres debe pasar por las zonas indígenas, que es donde se acentúa la violencia de género.
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