martes, 19 de noviembre de 2013

Equidad

Luis Alberto Romero
Hora Cero


En octubre pasado, al recordar el 60 aniversario del voto femenino en México, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una iniciativa de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cofipe, para que los partidos destinen a mujeres el 50 por ciento de las candidaturas.
Y para impedir el fenómeno conocido como “las Juanitas”; es decir, mujeres que llegan a un cargo de elección popular para solicitar licencia de inmediato a fin de dar paso al suplente, generalmente hombre, se establece el candado de que la fórmula completa, propietaria y suplente, sea de mujeres.
Recordamos esa propuesta porque el pasado viernes, al rendir su Tercer Informe, el gobernador Javier Duarte hizo lo propio, a fin de homologar la ley vigente en Veracruz con la iniciativa presidencial.
Ello no es más que un reconocimiento a la contribución de las mujeres al desarrollo político, social, económico y productivo de nuestro país y de nuestra entidad.
Sin embargo, la historia de la participación política y del voto de las mujeres en nuestro país tiene mucho más de sesenta años:
En 1923, durante la presidencia de Álvaro Obregón, Aurelio Manrique, quien gobernaba San Luis Potosí, expidió un decreto que permitía a las mujeres votar en las elecciones para alcaldías y gubernatura. Ese mismo año, pero en Yucatán, Elvia Carrillo Puerto se convirtió en la primera diputada local.
En 1936, ya en la presidencia de Lázaro Cárdenas, Aurora Meza fue la primer alcaldesa en la historia del país; esto, en Chilpancingo, Guerrero.
Es en 1947 cuando entra en vigor la modificación a la ley que permitía a las mujeres mexicanas participar en elecciones municipales y 6 años después, en 1953, se eleva a rango Constitucional la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En 1954, Aurora Jiménez Palacios se convirtió en la primera diputada federal; y en 1964, María Lavalle y Alicia Arellano llegaron al Senado de la República.
Griselda Álvarez, en 1979, fue la primera mujer en gobernar un estado, Colima.
En cuanto a cuotas de género, en el 2002 se modificó el Cofipe para establecer que el 30 por ciento de las candidaturas debería corresponder a mujeres. En 2008 hubo otra modificación a la ley, misma que elevó la cifra al 40 por ciento.
El más reciente avance se registra actualmente, como un reconocimiento al papel de la mujer; y al igual que en el ámbito nacional, aquí la iniciativa para modificar el Código Electoral para el Estado de Veracruz se turnó a las comisiones de Organización Política y Justicia y Puntos Constitucionales, de donde con seguridad saldrá el dictamen que obliga a los partidos políticos a destinar a mujeres la mitad de las candidaturas a cargos de elección popular.
Valdría la pena ahora preguntar ahora si los países con una mayor proporción de mujeres en el congreso son más democráticos, porque en Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que tienen una larga historia democrática, la cifra apenas llega al 20 por ciento.
En contraparte, entre las naciones cuyos congresos presentar una mayor proporción de mujeres se encuentran Sudáfrica y Cuba.
México sería el segundo país, después de Rwanda, en llegar al 50 por ciento.
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