Instituto de elecciones

Luis Alberto Romero
Hora cero

Por ser un compromiso establecido por los partidos que suscriben el Pacto por México, la creación del Instituto Nacional de Elecciones parece inminente.
Y es que en el marco de los acuerdos para la gobernabilidad democrática, los partidos políticos incluyeron una reforma electoral que buscará, entre otros temas, la reducción del gasto en la organización de los procesos electorales; la disminución de los topes de campaña; la revisión de los tiempos oficiales en medios; la prohibición de artículos utilitarios para la promoción electoral; y la creación de un instituto nacional de elecciones que organice todos los procesos electorales del país, los federales, estatales y municipales.
Por supuesto, existe consenso de los partidos en casi todos los puntos del llamado compromiso 90 del Pacto por México, porque se trata de establecer acuerdos para una competencia electoral equitativa y en condiciones en igualdad para todos los actores políticos.

Por ello, en la agenda política se estableció como una prioridad impedir las irregularidades en los procesos electorales, y se acordó incorporar a las causales de nulidad de una elección el rebase de los topes de campaña, el uso de recursos al margen de los establecidos por el órgano electoral, y la compra de cobertura informativa.
En casi todos esos temas hubo consenso; no así en la creación del instituto nacional de elecciones, que desató no solo el debate y la polémica, sino el rechazo de especialistas en el tema y también de los involucrados en los órganos electorales que actualmente existen en todas las entidades.
Y es que desaparecer a los institutos estatales para acotar a los gobernadores no asegura que el nuevo organismo actúe con total autonomía e independencia, sobre todo con relación al gobierno federal.
Como sabemos, hoy las elecciones en México son organizadas por el Instituto Federal Electoral, en el caso de los procesos para diputados federales, senadores y presidente de la República; y por 32 institutos estatales, que se encargan de los procesos para renovar ayuntamientos, diputaciones locales y gubernaturas.
Actualmente, por cierto, el IFE ejerce un presupuesto de más de 11 mil millones de pesos y para el 2014, la cifra podría aumentar a 12 mil 300 millones.
De crearse el súper instituto electoral que se proyecta, se estima que gastaría más de lo que ejercen actualmente, en suma, el IFE y los 32 órganos estatales electorales.
Un dato para ilustrar el comentario: el IFE recibe 2 mil 500 millones de pesos más que la suma de lo que gastan todos los institutos estatales electorales.
Pero el tema no queda solo por el dinero público para la organización de los procesos electorales; el saldo pendiente tiene que ver con el nivel de confianza y ahí las cifras son contrastantes porque mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado el 84 por ciento de las resoluciones de los consejos estatales electorales, el mismo órgano de impartición de justicia ha revocado más de la mitad, el 56 por ciento, de las sentencias del IFE.