Zona Franca
El gobierno de Enrique Peña Nieto presume en foros internacionales que la guerra contra el narco va de acierto en acierto, que se ataca con inteligencia, que les arrebata territorios a los malosos y que lo que se vive hoy es delincuencia común.
A eso fue enviado el procurador Jesús Murillo Karam a Quito la capital de Ecuador donde se llevó a cabo una reunión internacional de procuradores de justicia, de cuya boca salieron expresiones tales que hacen dudar si su diagnóstico de la criminalidad y la violencia corresponden a México o fue a hablar de un país imaginario.
La violencia “ha disminuido enormemente” dijo el procurador y “se han recuperado territorios que en el pasado estaban controlados por cárteles mafiosos”.
Al margen de lo falso de ambas afirmaciones, no es en un escenario internacional como la XXI Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) donde hay que rendir cuentas sobre la criminalidad derivada de las actividades del narcotráfico.
En Quito, capital ecuatoriana, donde se realizó la asamblea de la Aiamp, el procurador se cuidó de enumerar cuántos muertos aparecen a diario desmembrados, cocidos en ácido, estrangulados, colgados de puentes, rafagueados, o simplemente en fosas clandestinas, lo mismo en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila o Jalisco.
De diciembre de 2012, cuando tomó posesión Peña Nieto, a julio de este año, la cifra de muertos a causa de la violencia ascendía a 13 mil 775, según investigación del semanario Zeta, de Tijuana, y su proyección es que el sexenio culminará con 125 mil defunciones violentas.
La violencia no va a la baja. Se estima que a diario mueren 40 personas por acciones del crimen organizado. El semanario Zeta compara la cifra de muertos en el sexenio de Felipe Calderón, que fue de 83 mil, con la que pudiera registrar Peña Nieto, de 125 mil, si no implementa acciones que permitan revertir la oleada sangrienta que agobia a México. Es decir, Peña Nieto tendría un 49.37 por ciento más de muertos por causas violentas que su antecesor cuando una de sus promesas de campaña fue abatir los niveles de inseguridad.
La otra afirmación de Murillo Karam es tan o peor de grave. Por una parte el gobierno federal reconoce que existen territorios en poder de las bandas del narcotráfico, pero que ya los están recuperando.
Que los grupos delincuenciales se apoderen de territorios deja en evidencia lo vulnerable que es el Estado mexicano, y afirmar que ya los recuperaron cuando no es así, es inaceptable.
Contra lo que afirma Murillo Karam, Michoacán es el ejemplo más ilustrativo de esa pérdida de territorio. Ahí, hay autoridades municipales propuestas y llevadas a las alcaldías por la banda de Los Caballeros Templarios; en “su” territorio los gobiernos estatal ni el federal mandan.
En Michoacán, como en otras entidades, el gobierno cedió su espacio, el crimen organizado estableció la cuota por protección, el llamado derecho de piso, y la sociedad quedó en sus manos.
En ese caldo de cultivo, cuando el gobierno dejó de ser el garante de la sociedad, surgieron los grupos de autodefensa y las policías comunitarias, que sustituyeron a las corporaciones policíacas, a los ministerios públicos y a los mismos jueces. Las autodefensas han suprimido la cuota al narcotráfico y han enfrentado a la delincuencia, haciéndole el trabajo al Estado mexicano.
El caso más revelador es Michoacán. Ahí, el crimen organizado cobra su cuota, siembra el terror, amedrenta durante las elecciones para que ganen sus candidatos, impone jefe policíacos y se da el lujo de no permitir que ingresen alimentos a las poblaciones.
Ante ese panorama, las autoridades civiles han tenido que gobernar con el Ejército y la Naval, como en los tiempos de la Revolución. Veracruz es otro caso a la mano. La policía totalmente corrompida e infiltrada por el crimen organizado, está en proceso de depuración. Y ante ello, el gobernador Javier Duarte de Ochoa entregó la seguridad a la Secretaría de Marina, estableciendo Mando Único Policial en amplias zonas de la entidad.
Murillo Karam afirma que el Estado mexicano logró recuperar los espacios que ha tenido bajo su control el crimen organizado. Esa, abiertamente, es una aceptación de lo vulnerable que es el gobierno. No porque los haya recuperado sino porque los había perdido. Y lo de recuperado está a discusión.
En gran medida, el fortalecimiento del narcotráfico en México tuvo que ver con la estrategia de exterminio empleada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
El resultado de esa guerra sangrienta, que contó con la alianza de otros grupos organizados de la delincuencia como el llamado Nueva Generación, una imitación de los Pepés (Perseguidos por Pablo Escobar) de Colombia, no derivó en un clima de paz para la sociedad mexicana, si acaso para un escenario de una mafia mejor organizada y protegida, diferente a la violencia sin control de los Zetas.
Murillo Karam fue a Ecuador a tomarle el pelo a sus colegas. En México la violencia sigue o se incrementa, no ha “disminuido enormemente” como les dijo. Y los territorios no se han recuperado; están en disputa, y en medio de ellos, la sociedad que desconfía de todos y sólo confía en sus grupos de autodefensa.
Con esas declaraciones, pretenden ocultar la violencia sin límites que hay en Michoacán y otros estados del país y los niveles de zozobra en que se viven sus pobladores.
Al igual que las reformas estructurales, si antes el gobierno no se purga a sí mismo, poco logrará contra la delincuencia que impera en el país.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)(Facebook: Roberto Morales Ayala)
El gobierno de Enrique Peña Nieto presume en foros internacionales que la guerra contra el narco va de acierto en acierto, que se ataca con inteligencia, que les arrebata territorios a los malosos y que lo que se vive hoy es delincuencia común.
A eso fue enviado el procurador Jesús Murillo Karam a Quito la capital de Ecuador donde se llevó a cabo una reunión internacional de procuradores de justicia, de cuya boca salieron expresiones tales que hacen dudar si su diagnóstico de la criminalidad y la violencia corresponden a México o fue a hablar de un país imaginario.
La violencia “ha disminuido enormemente” dijo el procurador y “se han recuperado territorios que en el pasado estaban controlados por cárteles mafiosos”.
Al margen de lo falso de ambas afirmaciones, no es en un escenario internacional como la XXI Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) donde hay que rendir cuentas sobre la criminalidad derivada de las actividades del narcotráfico.
En Quito, capital ecuatoriana, donde se realizó la asamblea de la Aiamp, el procurador se cuidó de enumerar cuántos muertos aparecen a diario desmembrados, cocidos en ácido, estrangulados, colgados de puentes, rafagueados, o simplemente en fosas clandestinas, lo mismo en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila o Jalisco.
De diciembre de 2012, cuando tomó posesión Peña Nieto, a julio de este año, la cifra de muertos a causa de la violencia ascendía a 13 mil 775, según investigación del semanario Zeta, de Tijuana, y su proyección es que el sexenio culminará con 125 mil defunciones violentas.
La violencia no va a la baja. Se estima que a diario mueren 40 personas por acciones del crimen organizado. El semanario Zeta compara la cifra de muertos en el sexenio de Felipe Calderón, que fue de 83 mil, con la que pudiera registrar Peña Nieto, de 125 mil, si no implementa acciones que permitan revertir la oleada sangrienta que agobia a México. Es decir, Peña Nieto tendría un 49.37 por ciento más de muertos por causas violentas que su antecesor cuando una de sus promesas de campaña fue abatir los niveles de inseguridad.
La otra afirmación de Murillo Karam es tan o peor de grave. Por una parte el gobierno federal reconoce que existen territorios en poder de las bandas del narcotráfico, pero que ya los están recuperando.
Que los grupos delincuenciales se apoderen de territorios deja en evidencia lo vulnerable que es el Estado mexicano, y afirmar que ya los recuperaron cuando no es así, es inaceptable.
Contra lo que afirma Murillo Karam, Michoacán es el ejemplo más ilustrativo de esa pérdida de territorio. Ahí, hay autoridades municipales propuestas y llevadas a las alcaldías por la banda de Los Caballeros Templarios; en “su” territorio los gobiernos estatal ni el federal mandan.
En Michoacán, como en otras entidades, el gobierno cedió su espacio, el crimen organizado estableció la cuota por protección, el llamado derecho de piso, y la sociedad quedó en sus manos.
En ese caldo de cultivo, cuando el gobierno dejó de ser el garante de la sociedad, surgieron los grupos de autodefensa y las policías comunitarias, que sustituyeron a las corporaciones policíacas, a los ministerios públicos y a los mismos jueces. Las autodefensas han suprimido la cuota al narcotráfico y han enfrentado a la delincuencia, haciéndole el trabajo al Estado mexicano.
El caso más revelador es Michoacán. Ahí, el crimen organizado cobra su cuota, siembra el terror, amedrenta durante las elecciones para que ganen sus candidatos, impone jefe policíacos y se da el lujo de no permitir que ingresen alimentos a las poblaciones.
Ante ese panorama, las autoridades civiles han tenido que gobernar con el Ejército y la Naval, como en los tiempos de la Revolución. Veracruz es otro caso a la mano. La policía totalmente corrompida e infiltrada por el crimen organizado, está en proceso de depuración. Y ante ello, el gobernador Javier Duarte de Ochoa entregó la seguridad a la Secretaría de Marina, estableciendo Mando Único Policial en amplias zonas de la entidad.
Murillo Karam afirma que el Estado mexicano logró recuperar los espacios que ha tenido bajo su control el crimen organizado. Esa, abiertamente, es una aceptación de lo vulnerable que es el gobierno. No porque los haya recuperado sino porque los había perdido. Y lo de recuperado está a discusión.
En gran medida, el fortalecimiento del narcotráfico en México tuvo que ver con la estrategia de exterminio empleada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
El resultado de esa guerra sangrienta, que contó con la alianza de otros grupos organizados de la delincuencia como el llamado Nueva Generación, una imitación de los Pepés (Perseguidos por Pablo Escobar) de Colombia, no derivó en un clima de paz para la sociedad mexicana, si acaso para un escenario de una mafia mejor organizada y protegida, diferente a la violencia sin control de los Zetas.
Murillo Karam fue a Ecuador a tomarle el pelo a sus colegas. En México la violencia sigue o se incrementa, no ha “disminuido enormemente” como les dijo. Y los territorios no se han recuperado; están en disputa, y en medio de ellos, la sociedad que desconfía de todos y sólo confía en sus grupos de autodefensa.
Con esas declaraciones, pretenden ocultar la violencia sin límites que hay en Michoacán y otros estados del país y los niveles de zozobra en que se viven sus pobladores.
Al igual que las reformas estructurales, si antes el gobierno no se purga a sí mismo, poco logrará contra la delincuencia que impera en el país.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)(Facebook: Roberto Morales Ayala)
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