Zona Franca
¿Pudo la represión del 14 de septiembre –en la Plaza Lerdo de la capital del estado- ser un acto ajeno a la línea institucional? Por supuesto que no.
Aquella agresión fue desmedida. Usaron bastones eléctricos, gas lacrimógeno, toletes y escudos para atacar a los comunicadores que únicamente cumplían con su trabajo y que recogían los pormenores de un hecho que merecía ser conocido por la opinión pública.
El gobernador Javier Duarte de Ochoa dio la orden y el ejecutor fue el Secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, sin embargo, como siempre ocurre, pagan los de abajo, los de la tropa, los que cumplen las órdenes.
Bermúdez es el responsable moral de ese agravio y de esa transgresión a la ley, del ataque a los maestros y también a los periodistas que cubrían la protesta. Bermúdez es responsable de que a algunos de esos comunicadores y a los manifestantes se les haya seguido, hostigado, insultado, golpeado y robado.
La bota represora agarra parejo, pero sólo hay disculpa para los que están en la línea oficial; a los críticos se les trata con indiferencia o incluso se les encarcela.
Duarte es el autor intelectual, porque el gobernador quería el área despejada para dar su Grito de Independencia sin el riesgo de que alguien se lo contestara. El desalojo violento fue ordenado como un acto de autoridad, ignorando la Constitución Política, el régimen de libertades y los derechos humanos de los veracruzanos, hayan sido maestros o hayan sido periodistas.
Para establecer las responsabilidades de cada quien en la represión de Plaza Lerdo, cabría la pregunta: ¿Y quién dio la orden?
Duarte y Bermúdez no son ajenos. Son responsables y así como hoy se identifica a los policías que actuaron con prepotencia contra los periodistas, en teoría el gobernador y el secretario de Seguridad debieran ser llevados ante la ley.
En teoría así debiera ser, aunque es imposible que en un estado donde el poder ejecutivo no está sujeto a las leyes sino a las complicidades, se le llame a cuentas. Así de mal está Veracruz.
Los periodistas tienen un problema crucial: su seguridad. Cansados de vivir en ese clima hostil, ya se volvieron contestatarios. Quizá siempre lo fueron, pero ahora, a fuerza de tanta agresión —y también de tanta indiferencia de los dueños de los medios—, se organizaron y llevaron al gobierno de Javier Duarte a un callejón sin salida.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos les dio la razón. La madrugada del 14 de septiembre, la policía actuó violentamente, se excedió, les violó sus derechos, sus garantías, usó la fuerza desmedidamente y los agredió sin razón, pasando por encima de su libertad constitucional para cubrir un evento de interés público.
Habrá que reconocer que la digna actitud de un grupo de periodistas obligó al gobierno estatal a aceptar tácitamente que cometió abuso de autoridad con actos represivos en contra de la libertad de expresión aquella aciaga madrugada.
La tercera mesa de diálogo para atender ese tema, fue crucial. La CEDH confirmó el agravio y enfatizó que debía sancionarse a los policías abusivos. Estuvieron presentes tres diputados, integrantes de la Comisión Legislativa de Atención y Protección a Periodistas: Gabriela Arango Gibb, Eduardo Sánchez Macías y Juan Eduardo Robles Castellanos, los dos primeros ligados a La opinión de Poza Rica y la cadena de Heraldos veracruzanos, y el tercero del Partido Verde, que en apego a la verdad para poco sirven pues sus intereses están del lado gobiernista.
Otros integrantes de la mesa de diálogo fueron el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández; subsecretario de Seguridad Pública, Federico Rivas Valdez; fiscal especial en Delitos Electorales y en Atención a Denuncias Contra Periodistas y Comunicadores, José René Álvarez Márquez; el encargado de despacho de la Dirección de Investigaciones Ministeriales, Enoc Gilberto Maldonado Caraza; director jurídico de la Contraloría estatal, Gerardo Ramos, y un representante del delegado de la Procuraría General de la República (PGR), Santiago Ceballos.
Estuvo Namiko Matzumoto Benítez, secretaria técnica de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz, y dos diputados locales: Cuauhtémoc Pola Estrada, de Movimiento Ciudadano, y Jesús Alberto Vázquez Flores, del Partido de la Revolución Democrática. Los dos últimos en calidad de testigos.
El comunicado del grupo de periodistas “Libertad bajo palabra” hizo evidente, si no un repliegue, cuando menos una táctica mesurada del gobierno represor de Javier Duarte. Señaló que la Secretaría de Seguridad Pública dio por aceptada la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a fin de separar de sus cargos a los policías que agredieron a los periodistas en la Plaza Lerdo, investigarlos y capacitar al cuerpo policíaco a fin de que respeten el ejercicio periodístico.
El subsecretario de Seguridad Pública, Federico Rivas Valdez, reveló que los policías agresores están sujetos a investigación y que se les sancionará. Dijo que tres de ellos están denunciados penalmente ante la Procuraduría de Veracruz y otros cuatro ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra la Libertad de Expresión (Feadle).
Aunque el grupo de periodistas “Libertad bajo palabra” logró un importante avance en cuanto al respeto de su labor y el ofrecimiento de que serán castigados los elementos policíacos que participaron en la represión y golpiza sufrida el 14 de septiembre en Plaza Lerdo, hay puntos que no se abordaron y en los que difícilmente el gobierno cederá.
La golpiza con escudos plásticos y toletes, los toques eléctricos aplicados con sus bastones, el gas lacrimógeno aplicado a discreción, no fueron obra de la casualidad ni se trató de un hecho espontáneo. Obedecieron a un plan premeditado.
A ese acto represivo no eran ajenos el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, y el mismo gobernador Javier Duarte de Ochoa. Si lo ordenaron, entonces es su responsabilidad y deben ser encausados penalmente, y si lo desconocían, entonces peor, porque significa que Veracruz está a la deriva, que carece de autoridad y que quienes ostentan esos cargos generan un vacío de autoridad que explica por qué la entidad está en manos de la delincuencia y a merced de la violencia.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)(Facebook: Roberto Morales Ayala)
¿Pudo la represión del 14 de septiembre –en la Plaza Lerdo de la capital del estado- ser un acto ajeno a la línea institucional? Por supuesto que no.
Aquella agresión fue desmedida. Usaron bastones eléctricos, gas lacrimógeno, toletes y escudos para atacar a los comunicadores que únicamente cumplían con su trabajo y que recogían los pormenores de un hecho que merecía ser conocido por la opinión pública.
El gobernador Javier Duarte de Ochoa dio la orden y el ejecutor fue el Secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, sin embargo, como siempre ocurre, pagan los de abajo, los de la tropa, los que cumplen las órdenes.
Bermúdez es el responsable moral de ese agravio y de esa transgresión a la ley, del ataque a los maestros y también a los periodistas que cubrían la protesta. Bermúdez es responsable de que a algunos de esos comunicadores y a los manifestantes se les haya seguido, hostigado, insultado, golpeado y robado.
La bota represora agarra parejo, pero sólo hay disculpa para los que están en la línea oficial; a los críticos se les trata con indiferencia o incluso se les encarcela.
Duarte es el autor intelectual, porque el gobernador quería el área despejada para dar su Grito de Independencia sin el riesgo de que alguien se lo contestara. El desalojo violento fue ordenado como un acto de autoridad, ignorando la Constitución Política, el régimen de libertades y los derechos humanos de los veracruzanos, hayan sido maestros o hayan sido periodistas.
Para establecer las responsabilidades de cada quien en la represión de Plaza Lerdo, cabría la pregunta: ¿Y quién dio la orden?
Duarte y Bermúdez no son ajenos. Son responsables y así como hoy se identifica a los policías que actuaron con prepotencia contra los periodistas, en teoría el gobernador y el secretario de Seguridad debieran ser llevados ante la ley.
En teoría así debiera ser, aunque es imposible que en un estado donde el poder ejecutivo no está sujeto a las leyes sino a las complicidades, se le llame a cuentas. Así de mal está Veracruz.
Los periodistas tienen un problema crucial: su seguridad. Cansados de vivir en ese clima hostil, ya se volvieron contestatarios. Quizá siempre lo fueron, pero ahora, a fuerza de tanta agresión —y también de tanta indiferencia de los dueños de los medios—, se organizaron y llevaron al gobierno de Javier Duarte a un callejón sin salida.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos les dio la razón. La madrugada del 14 de septiembre, la policía actuó violentamente, se excedió, les violó sus derechos, sus garantías, usó la fuerza desmedidamente y los agredió sin razón, pasando por encima de su libertad constitucional para cubrir un evento de interés público.
Habrá que reconocer que la digna actitud de un grupo de periodistas obligó al gobierno estatal a aceptar tácitamente que cometió abuso de autoridad con actos represivos en contra de la libertad de expresión aquella aciaga madrugada.
La tercera mesa de diálogo para atender ese tema, fue crucial. La CEDH confirmó el agravio y enfatizó que debía sancionarse a los policías abusivos. Estuvieron presentes tres diputados, integrantes de la Comisión Legislativa de Atención y Protección a Periodistas: Gabriela Arango Gibb, Eduardo Sánchez Macías y Juan Eduardo Robles Castellanos, los dos primeros ligados a La opinión de Poza Rica y la cadena de Heraldos veracruzanos, y el tercero del Partido Verde, que en apego a la verdad para poco sirven pues sus intereses están del lado gobiernista.
Otros integrantes de la mesa de diálogo fueron el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández; subsecretario de Seguridad Pública, Federico Rivas Valdez; fiscal especial en Delitos Electorales y en Atención a Denuncias Contra Periodistas y Comunicadores, José René Álvarez Márquez; el encargado de despacho de la Dirección de Investigaciones Ministeriales, Enoc Gilberto Maldonado Caraza; director jurídico de la Contraloría estatal, Gerardo Ramos, y un representante del delegado de la Procuraría General de la República (PGR), Santiago Ceballos.
Estuvo Namiko Matzumoto Benítez, secretaria técnica de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz, y dos diputados locales: Cuauhtémoc Pola Estrada, de Movimiento Ciudadano, y Jesús Alberto Vázquez Flores, del Partido de la Revolución Democrática. Los dos últimos en calidad de testigos.
El comunicado del grupo de periodistas “Libertad bajo palabra” hizo evidente, si no un repliegue, cuando menos una táctica mesurada del gobierno represor de Javier Duarte. Señaló que la Secretaría de Seguridad Pública dio por aceptada la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a fin de separar de sus cargos a los policías que agredieron a los periodistas en la Plaza Lerdo, investigarlos y capacitar al cuerpo policíaco a fin de que respeten el ejercicio periodístico.
El subsecretario de Seguridad Pública, Federico Rivas Valdez, reveló que los policías agresores están sujetos a investigación y que se les sancionará. Dijo que tres de ellos están denunciados penalmente ante la Procuraduría de Veracruz y otros cuatro ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra la Libertad de Expresión (Feadle).
Aunque el grupo de periodistas “Libertad bajo palabra” logró un importante avance en cuanto al respeto de su labor y el ofrecimiento de que serán castigados los elementos policíacos que participaron en la represión y golpiza sufrida el 14 de septiembre en Plaza Lerdo, hay puntos que no se abordaron y en los que difícilmente el gobierno cederá.
La golpiza con escudos plásticos y toletes, los toques eléctricos aplicados con sus bastones, el gas lacrimógeno aplicado a discreción, no fueron obra de la casualidad ni se trató de un hecho espontáneo. Obedecieron a un plan premeditado.
A ese acto represivo no eran ajenos el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, y el mismo gobernador Javier Duarte de Ochoa. Si lo ordenaron, entonces es su responsabilidad y deben ser encausados penalmente, y si lo desconocían, entonces peor, porque significa que Veracruz está a la deriva, que carece de autoridad y que quienes ostentan esos cargos generan un vacío de autoridad que explica por qué la entidad está en manos de la delincuencia y a merced de la violencia.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)(Facebook: Roberto Morales Ayala)
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