Zona Franca
¿Engaño? No. ¿Atraco? Por supuesto que sí. ¿Corrupción solapada? Desde luego, y sobre todo, porque cuando el gobierno de Veracruz contrató los servicios de Finamed a un costo superior a los 5 mil 548 millones de pesos, no lo hizo para atender la salud de los veracruzanos sino porque en el trasfondo estaba la lideresa magisterial, hoy en prisión, Elba Esther Gordillo, y los intereses del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Hoy, el conflicto está más que revuelto. Por lo menos cinco firmas —Artimédica S.A. de C.V., Boston Scientific, Medsten, Computación Integral Heti, Distribuidora Goba de Querétaro— reclaman la devolución de sus equipos bajo el alegato de que Finamed se los arrendó y los usó para cumplir con el contrato que suscribió con el gobierno de Veracruz en tiempos de Fidel. Y lo hacen bajo el supuesto de que un juez federal otorgó amparo para evitar la expropiación de sus bienes como reclama el régimen duartista.
Ellos reclaman sus equipos entregados vía comodato, un supuesto préstamo a cambio de que Finamed se encargue de su mantenimiento y los regrese en buenas condiciones, y Finamed quiere por lo menos 702 millones de pesos de servicios atrasados y otros mil millones por concepto de rescisión de contrato.
El caso Finamed hace evidente el nivel de corrupción y el tamaño de la transas que se tejen desde la cúpula del poder. La opacidad con la que los dos últimos gobierno estatales —el de Fidel Herrera y su pupilo Javier Duarte— realizan negocios a costa del erario público los ha llevado a historias truculentas y sospechosas de atracos faraónicos.
Finamed, para dejarlo claro, es una integradora financiera que obtuvo un contrato por 5 mil 548 millones 986 mil 888.51 pesos en un lapso transexenal de 11 años. Ganó una licitación para otorgar servicios médicos al sistema de salud del gobierno de Veracruz. Jurídicamente ganó, aunque hay evidencia de que el procedimiento de adjudicación estuvo viciado, que otra empresa hermana, Vitalmex, que había calificado mejor pero que fue cuestionada por otras competidoras, se abrió, la dejó pasar y todos quedaron contentos.
El clausulado del contrato es ventajoso para Finamed. Establece pago de sus servicios en los primeros 20 días de cada mes y en los primeros 30 días por servicios extraordinarios. Incluso si lo que suministran es de menor calidad, si sus equipos no reúnen los requisitos o no responden a lo que ofrecía, le dan el beneficio de subsanar el problema sin que eso fuera motivo de una sanción. Así lo dice el contrato. La cláusula de rescisión también es favorable a Finamed y no al gobierno de Veracruz, que es el que pone el dinero.
Por tres sexenios —el de Fidel Herrera, el de Javier Duarte y el que venga—, Finamed tendría a su cargo la prestación de servicios médicos, suministro de equipos, tratamientos y capacitación en el sector salud de Veracruz. Pero falló.
Tras la rescisión del contrato, y ahora que obtuvo un amparo para evitar la expropiación de los equipos médicos, va quedando claro que Finamed es un cascarón que subcontrata servicios, que usa equipos prestados y que cobra sumas multimillonarias por el teatro que monta.
Al margen de la sospechosa manera en que Finamed ganó la licitación en 2009, es falso que está empresa haya engañado al gobierno estatal al arrendarle equipo que no era de su propiedad. ¿Fue ingenuo Fidel Herrera o Javier Duarte? ¡Ajá, como no! Lo sabían y lo permitieron.
El asunto comenzó en 2009, siendo Fidel Herrera gobernador y Javier Duarte secretario de Finanzas. Desde entonces Duarte tenía sus reservas y en corto comentaba que esa empresa llevaba todas las de ganar y el gobierno todas las de perder.
Curiosamente, Finamed fue establecida en 2004, el año en que Fidel Herrera ganó la elección para gobernador. Cinco años después se le concedió el contrato de 5 mil 548 millones 986 mil 888.51 pesos, con una vigencia de 11 años.
Finamed se vende como una empresa que “brinda asistencia financiera mediante operaciones de arrendamiento puro de asesoría y gestoría para la obtención de créditos, así como diseño de operaciones estructuradas” e integra licitaciones gubernamentales y privadas y comercializa bienes y servicios en el Sector Salud”.
Reconoce que en la modalidad de outsourcing, “contrata ejecutivos especializados en diversas disciplinas técnicas, contables y financieras para integrar equipos de trabajo que den la respuesta adecuada a los planteamientos y necesidades de sus clientes”.
Sostiene que para el sector público —Seguro Social, ISSSTE, la Secretaría de Salud y los sistemas estatales de salud— es más beneficioso arrendar servicios médicos en vez de adquirir equipos de alta tecnología que por el desarrollo de la ciencia en poco tiempo se ven rebasados por la tecnología de punta y con ello caen en la obsolescencia.
En los hechos, Finamed transó el gobierno de Veracruz, con la venia de Fidel Herrera Beltrán, y trae pleito casado con el de Javier Duarte puesto que ni cumplió con la calidad del servicio ni proporcionaba equipos nuevos, e incluso usaba al mismo personal de la Secretaría de Salud como si fuera parte de su nómina.
Finamed tiene presencia en 11 hospitales de Veracruz: Centro de Especialidades Médicas “Dr. Rafael Lucio” en Xalapa; Hospital General “Dr. Luis F. Nachón”, de Xalapa; Hospital General Regional de Alta Especialidad de Veracruz; Hospital General “Dr. Emilio Alcázar” de Tuxpan; Hospital Regional de Poza Rica; Hospital General “Manuel Ávila Camacho” de Martínez de la Torre; Hospital General “Jesús García Corona” de Tierra Blanca; Hospital General “Yanga” de Córdoba; Hospital Regional de Río Blanco; Hospital General “Dr. Bernardo Peña” de San Andrés Tuxtla; y Hospital General “Dr. Valentín Gómez Farías”, de Coatzacoalcos.
Cuando se le notificó la rescisión del contrato, el secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, señaló que Finamed dejó de prestar servicios e incumplió cláusulas a las que estaba obligada. En ese entonces las protestas por las carencias en los hospitales del estado se multiplicaban, los familiares de los enfermos salían a las calles y se manifestaban, el escándalo en los medios de comunicación cada vez era mayor.
Finamed, por su parte, exigía el pago de 350 millones por adeudos que no había saldado el gobierno de Veracruz. Nemi Dib, en ese entonces, decía que los cobros eran “absolutamente improcedentes”, y que ya había notificado a la empresa el inicio del proceso expropiatorio.
Hace unos meses, el 21 de noviembre de 2013, Nemi Dib aseguraba que Finamed chantajeaba al gobierno de Veracruz. Reconoció que la empresa exigía el pago de 702 millones de pesos, correspondientes a 18 meses sin cobrar.
La declaración de Nemi Dib obedecía al amparo otorgado un día antes por la justicia federal a Finamed, que no otorgaba totalmente la razón a la empresa médica sino que establecía que el director de Patrimonio del Estado, Antonio Gómez Anell, no había analizado ni valorado las pruebas presentadas por las partes, y lo instaba a cumplir con ese requisito.
Entonces Nemi Dib admitió que el adeudo de 350 millones sí existía, pero no los 702 millones que exigía Finamed.
Lo grave es que el gobierno de Veracruz en tiempos de Fidel Herrera otorgó un contrato que todo mundo, incluso los diputados en el Congreso estatal, advertían extremadamente ventajoso para Finamed y totalmente lesivo para la entidad; que Finamed estaba estrechamente ligada a Elba Esther Gordillo, lo que presupone una componenda entre la ex lideresa del magisterio, hoy presa, y Herrera Beltrán, y la evidencia de una transa más con cargo al erario público, pues no sólo tendrán que pagársele 702 millones de pesos por 18 meses de servicios no otorgados sino mil 100 millones por concepto de indemnización.
Por lo pronto, mientras los políticos persisten en hacer negocios con el dinero del pueblo, millones de veracruzanos padecen carencias, mal servicio, falta de equipo médico, tratamientos interrumpidos, incluso con saldo de miles de muertos, en los hospitales de Veracruz.
Finamed tuvo un mal principio y está teniendo un pésimo final, que claro, gracias a la impunidad que prevalece, pagaremos muy caro los eracruzanos.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
¿Engaño? No. ¿Atraco? Por supuesto que sí. ¿Corrupción solapada? Desde luego, y sobre todo, porque cuando el gobierno de Veracruz contrató los servicios de Finamed a un costo superior a los 5 mil 548 millones de pesos, no lo hizo para atender la salud de los veracruzanos sino porque en el trasfondo estaba la lideresa magisterial, hoy en prisión, Elba Esther Gordillo, y los intereses del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Hoy, el conflicto está más que revuelto. Por lo menos cinco firmas —Artimédica S.A. de C.V., Boston Scientific, Medsten, Computación Integral Heti, Distribuidora Goba de Querétaro— reclaman la devolución de sus equipos bajo el alegato de que Finamed se los arrendó y los usó para cumplir con el contrato que suscribió con el gobierno de Veracruz en tiempos de Fidel. Y lo hacen bajo el supuesto de que un juez federal otorgó amparo para evitar la expropiación de sus bienes como reclama el régimen duartista.
Ellos reclaman sus equipos entregados vía comodato, un supuesto préstamo a cambio de que Finamed se encargue de su mantenimiento y los regrese en buenas condiciones, y Finamed quiere por lo menos 702 millones de pesos de servicios atrasados y otros mil millones por concepto de rescisión de contrato.
El caso Finamed hace evidente el nivel de corrupción y el tamaño de la transas que se tejen desde la cúpula del poder. La opacidad con la que los dos últimos gobierno estatales —el de Fidel Herrera y su pupilo Javier Duarte— realizan negocios a costa del erario público los ha llevado a historias truculentas y sospechosas de atracos faraónicos.
Finamed, para dejarlo claro, es una integradora financiera que obtuvo un contrato por 5 mil 548 millones 986 mil 888.51 pesos en un lapso transexenal de 11 años. Ganó una licitación para otorgar servicios médicos al sistema de salud del gobierno de Veracruz. Jurídicamente ganó, aunque hay evidencia de que el procedimiento de adjudicación estuvo viciado, que otra empresa hermana, Vitalmex, que había calificado mejor pero que fue cuestionada por otras competidoras, se abrió, la dejó pasar y todos quedaron contentos.
El clausulado del contrato es ventajoso para Finamed. Establece pago de sus servicios en los primeros 20 días de cada mes y en los primeros 30 días por servicios extraordinarios. Incluso si lo que suministran es de menor calidad, si sus equipos no reúnen los requisitos o no responden a lo que ofrecía, le dan el beneficio de subsanar el problema sin que eso fuera motivo de una sanción. Así lo dice el contrato. La cláusula de rescisión también es favorable a Finamed y no al gobierno de Veracruz, que es el que pone el dinero.
Por tres sexenios —el de Fidel Herrera, el de Javier Duarte y el que venga—, Finamed tendría a su cargo la prestación de servicios médicos, suministro de equipos, tratamientos y capacitación en el sector salud de Veracruz. Pero falló.
Tras la rescisión del contrato, y ahora que obtuvo un amparo para evitar la expropiación de los equipos médicos, va quedando claro que Finamed es un cascarón que subcontrata servicios, que usa equipos prestados y que cobra sumas multimillonarias por el teatro que monta.
Al margen de la sospechosa manera en que Finamed ganó la licitación en 2009, es falso que está empresa haya engañado al gobierno estatal al arrendarle equipo que no era de su propiedad. ¿Fue ingenuo Fidel Herrera o Javier Duarte? ¡Ajá, como no! Lo sabían y lo permitieron.
El asunto comenzó en 2009, siendo Fidel Herrera gobernador y Javier Duarte secretario de Finanzas. Desde entonces Duarte tenía sus reservas y en corto comentaba que esa empresa llevaba todas las de ganar y el gobierno todas las de perder.
Curiosamente, Finamed fue establecida en 2004, el año en que Fidel Herrera ganó la elección para gobernador. Cinco años después se le concedió el contrato de 5 mil 548 millones 986 mil 888.51 pesos, con una vigencia de 11 años.
Finamed se vende como una empresa que “brinda asistencia financiera mediante operaciones de arrendamiento puro de asesoría y gestoría para la obtención de créditos, así como diseño de operaciones estructuradas” e integra licitaciones gubernamentales y privadas y comercializa bienes y servicios en el Sector Salud”.
Reconoce que en la modalidad de outsourcing, “contrata ejecutivos especializados en diversas disciplinas técnicas, contables y financieras para integrar equipos de trabajo que den la respuesta adecuada a los planteamientos y necesidades de sus clientes”.
Sostiene que para el sector público —Seguro Social, ISSSTE, la Secretaría de Salud y los sistemas estatales de salud— es más beneficioso arrendar servicios médicos en vez de adquirir equipos de alta tecnología que por el desarrollo de la ciencia en poco tiempo se ven rebasados por la tecnología de punta y con ello caen en la obsolescencia.
En los hechos, Finamed transó el gobierno de Veracruz, con la venia de Fidel Herrera Beltrán, y trae pleito casado con el de Javier Duarte puesto que ni cumplió con la calidad del servicio ni proporcionaba equipos nuevos, e incluso usaba al mismo personal de la Secretaría de Salud como si fuera parte de su nómina.
Finamed tiene presencia en 11 hospitales de Veracruz: Centro de Especialidades Médicas “Dr. Rafael Lucio” en Xalapa; Hospital General “Dr. Luis F. Nachón”, de Xalapa; Hospital General Regional de Alta Especialidad de Veracruz; Hospital General “Dr. Emilio Alcázar” de Tuxpan; Hospital Regional de Poza Rica; Hospital General “Manuel Ávila Camacho” de Martínez de la Torre; Hospital General “Jesús García Corona” de Tierra Blanca; Hospital General “Yanga” de Córdoba; Hospital Regional de Río Blanco; Hospital General “Dr. Bernardo Peña” de San Andrés Tuxtla; y Hospital General “Dr. Valentín Gómez Farías”, de Coatzacoalcos.
Cuando se le notificó la rescisión del contrato, el secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, señaló que Finamed dejó de prestar servicios e incumplió cláusulas a las que estaba obligada. En ese entonces las protestas por las carencias en los hospitales del estado se multiplicaban, los familiares de los enfermos salían a las calles y se manifestaban, el escándalo en los medios de comunicación cada vez era mayor.
Finamed, por su parte, exigía el pago de 350 millones por adeudos que no había saldado el gobierno de Veracruz. Nemi Dib, en ese entonces, decía que los cobros eran “absolutamente improcedentes”, y que ya había notificado a la empresa el inicio del proceso expropiatorio.
Hace unos meses, el 21 de noviembre de 2013, Nemi Dib aseguraba que Finamed chantajeaba al gobierno de Veracruz. Reconoció que la empresa exigía el pago de 702 millones de pesos, correspondientes a 18 meses sin cobrar.
La declaración de Nemi Dib obedecía al amparo otorgado un día antes por la justicia federal a Finamed, que no otorgaba totalmente la razón a la empresa médica sino que establecía que el director de Patrimonio del Estado, Antonio Gómez Anell, no había analizado ni valorado las pruebas presentadas por las partes, y lo instaba a cumplir con ese requisito.
Entonces Nemi Dib admitió que el adeudo de 350 millones sí existía, pero no los 702 millones que exigía Finamed.
Lo grave es que el gobierno de Veracruz en tiempos de Fidel Herrera otorgó un contrato que todo mundo, incluso los diputados en el Congreso estatal, advertían extremadamente ventajoso para Finamed y totalmente lesivo para la entidad; que Finamed estaba estrechamente ligada a Elba Esther Gordillo, lo que presupone una componenda entre la ex lideresa del magisterio, hoy presa, y Herrera Beltrán, y la evidencia de una transa más con cargo al erario público, pues no sólo tendrán que pagársele 702 millones de pesos por 18 meses de servicios no otorgados sino mil 100 millones por concepto de indemnización.
Por lo pronto, mientras los políticos persisten en hacer negocios con el dinero del pueblo, millones de veracruzanos padecen carencias, mal servicio, falta de equipo médico, tratamientos interrumpidos, incluso con saldo de miles de muertos, en los hospitales de Veracruz.
Finamed tuvo un mal principio y está teniendo un pésimo final, que claro, gracias a la impunidad que prevalece, pagaremos muy caro los eracruzanos.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
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