Zona Franca
Goyo Jiménez, dicho sea con todo respeto, es una piedra en el zapato. Su muerte le duele a su familia y a su familia periodística y le duele a la sociedad porque era un vocero de ese periodismo policíaco en el que se mide la inseguridad y la violencia. Nos duele a muchos y nos dolerá más si su crimen queda en la impunidad, si se convierte en el presunto culpable de su propia muerte.
Sobre el asesinato del periodista de Notisur, Liberal del Sur y La Red hay dos visiones: la del gobierno de Veracruz que ya da el caso por aclarado, y la del gremio de prensa que asegura que los culpables tarde o temprano estarán libres.
Para el gobierno de terquedades de Javier Duarte de Ochoa, la ejecución y tortura del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz se debió a un chisme entre vecinos, no a su trabajo periodístico, en el que denunció con valentía la manera impune en que opera la delincuencia en el sur de Veracruz y lo que describió en sus notas donde se vinculaba a poderosos influyentes con la mafia organizada.
Para quien es internacionalmente conocido por la superficialidad con la que gobierna, todo se centra en un móvil personal, igual que con el cobarde e impune asesinato de la periodista de la revista Proceso, Regina Martínez.
Ambos periodistas, entonces, bajo la lógica simplona de Duarte de Ochoa, son culpables de andar en malas compañías. Así de jodido el asunto: culpables de su propia muerte.
Y en ese sentido, el crimen de Goyo Jiménez “está más que esclarecido”, dijo en su conferencia de prensa de los lunes el gobernador de Veracruz.
Atosigado por el informe de la Misión de Observación de periodistas y organizaciones a Veracruz por el asesinato del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, entregado el pasado miércoles en la ciudad de México, Javier Duarte no guarda prudencia, aferrado a una hipótesis que se cae sola y que en alguna de las instancias judiciales, la apelación o el amparo, dejará a los supuestos culpables libres como ocurrió con el caso de Regina.
A las observaciones emitidas por la misión, el gobernante responde que el caso “está más que esclarecido” y reclama altanero que no hay evidencias de error en la investigación.
Trivial como suele serlo, pese a los constantes tropezones de su gobierno, contesta con soberbia inaudita a quienes le cuestionan de los abusos y la tortura a los detenidos, acusados por su Procuraduría y golpeados y presionados para que se impliquen en lo que se les imputa: “Entonces hay que torturarlos para que me den el número de Melate de la próxima semana”, haciendo referencia al popular juego de lotería que funciona marcando números al azar en una boleta.
Duarte pretende gobernar como dictador y como tal, por encima de su palabra, no hay nada más, por lo tanto no le interesa saber que en los municipios donde sus investigadores operaron para dar con los supuestos asesinos de Goyo, cometieron abusos y se llevaron y desaparecieron a sospechosos y a inocentes. Algunos de esos desaparecidos fueron “rescatados” en el operativo Melate de su nuevo procurador.
La sociedad fue testigo a través de los medios de comunicación de lo inverosímil del "rescate" y de las delicadas condiciones físicas y mentales de quienes vivieron un infierno a manos de sus secuestradores. Los policías se lavaron las manos porque argumentaron que los supuestos plagiarios a los que se encontraron por "suerte" se les escaparon.
Para Duarte los resultados de esas investigaciones puede que sean suficientes para presumir que “está totalmente esclarecido”, pero a los periodistas de Veracruz nos queda claro que la violencia e impunidad es un riesgo en el que tenemos que vivir y el que no debemos dejar de señalar.
Del informe de la Misión de Observación, revelado el 19 de marzo, hay puntos qué destacar, y que van más allá de la retórica del gobernador.
Dice la Misión de Observación, integrada por periodistas y expertos en asuntos penales, que el gobierno de Javier Duarte comenzó a cojear cuando allanó la casa de seguridad donde lo habrían torturado y el predio donde fue hallado su cadáver en una fosa clandestina, en Las Choapas, pero sin orden de algún juez.
No se aseguraron los inmuebles y las pruebas halladas en la casa de seguridad, “que fueron cintas, sábanas y documentos”, las cuales no están certificadas y no se establecen los resultados en el expediente.
Dado a conocer por la periodista María Idalia Gómez, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el informe refiere que no existe constancia de si las declaraciones de los involucrados fueron arrancadas bajo presión. “Sólo hay confesiones, pero sin documentación ni verificación de las autoridades esas confesiones”, dijo.
Tampoco lo hay sobre la forma en que fueron aprehendidos los asesinos del periodista. Fue, dice el informe, como “por arte de magia”.
Otro dato: era elemental que se llamara a declarar a las hijas de Goyo Jiménez para que identificaran “por rostro, voz o complexión” a los presuntos asesinos, que los identificaran, pero no se cumplió con ese paso.
Son 17 recomendaciones de la Misión de Observación, entre ellas, la de pedirle a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR (FEADLE) que explique por qué no atrajo el caso y exigirle que lo haga ahora; que la Procuraduría de Veracruz corrija y subsane los errores; que reconozca que el asesinato del periodista obedeció a su labor periodística, y que se proteja a la familia de Goyo no sólo como víctimas sino como testigos.
La Misión de Observación señala que hace del conocimiento las fallas judiciales, pues en el sentido que se encamina el juicio, los denunciados saldrán con una apelación, como ocurrió en el caso de Regina Martínez, o con un amparo federal.
Por lo pronto, mientras el gobernador chacotea, el informe le fue entregado a la relatora Espacial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero.
Y es que ahí, en la OEA, terminará debatiéndose el caso Goyo Jiménez porque así lo quiso el gobernador Melate de Veracruz.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
Goyo Jiménez, dicho sea con todo respeto, es una piedra en el zapato. Su muerte le duele a su familia y a su familia periodística y le duele a la sociedad porque era un vocero de ese periodismo policíaco en el que se mide la inseguridad y la violencia. Nos duele a muchos y nos dolerá más si su crimen queda en la impunidad, si se convierte en el presunto culpable de su propia muerte.
Sobre el asesinato del periodista de Notisur, Liberal del Sur y La Red hay dos visiones: la del gobierno de Veracruz que ya da el caso por aclarado, y la del gremio de prensa que asegura que los culpables tarde o temprano estarán libres.
Para el gobierno de terquedades de Javier Duarte de Ochoa, la ejecución y tortura del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz se debió a un chisme entre vecinos, no a su trabajo periodístico, en el que denunció con valentía la manera impune en que opera la delincuencia en el sur de Veracruz y lo que describió en sus notas donde se vinculaba a poderosos influyentes con la mafia organizada.
Para quien es internacionalmente conocido por la superficialidad con la que gobierna, todo se centra en un móvil personal, igual que con el cobarde e impune asesinato de la periodista de la revista Proceso, Regina Martínez.
Ambos periodistas, entonces, bajo la lógica simplona de Duarte de Ochoa, son culpables de andar en malas compañías. Así de jodido el asunto: culpables de su propia muerte.
Y en ese sentido, el crimen de Goyo Jiménez “está más que esclarecido”, dijo en su conferencia de prensa de los lunes el gobernador de Veracruz.
Atosigado por el informe de la Misión de Observación de periodistas y organizaciones a Veracruz por el asesinato del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, entregado el pasado miércoles en la ciudad de México, Javier Duarte no guarda prudencia, aferrado a una hipótesis que se cae sola y que en alguna de las instancias judiciales, la apelación o el amparo, dejará a los supuestos culpables libres como ocurrió con el caso de Regina.
A las observaciones emitidas por la misión, el gobernante responde que el caso “está más que esclarecido” y reclama altanero que no hay evidencias de error en la investigación.
Trivial como suele serlo, pese a los constantes tropezones de su gobierno, contesta con soberbia inaudita a quienes le cuestionan de los abusos y la tortura a los detenidos, acusados por su Procuraduría y golpeados y presionados para que se impliquen en lo que se les imputa: “Entonces hay que torturarlos para que me den el número de Melate de la próxima semana”, haciendo referencia al popular juego de lotería que funciona marcando números al azar en una boleta.
Duarte pretende gobernar como dictador y como tal, por encima de su palabra, no hay nada más, por lo tanto no le interesa saber que en los municipios donde sus investigadores operaron para dar con los supuestos asesinos de Goyo, cometieron abusos y se llevaron y desaparecieron a sospechosos y a inocentes. Algunos de esos desaparecidos fueron “rescatados” en el operativo Melate de su nuevo procurador.
La sociedad fue testigo a través de los medios de comunicación de lo inverosímil del "rescate" y de las delicadas condiciones físicas y mentales de quienes vivieron un infierno a manos de sus secuestradores. Los policías se lavaron las manos porque argumentaron que los supuestos plagiarios a los que se encontraron por "suerte" se les escaparon.
Para Duarte los resultados de esas investigaciones puede que sean suficientes para presumir que “está totalmente esclarecido”, pero a los periodistas de Veracruz nos queda claro que la violencia e impunidad es un riesgo en el que tenemos que vivir y el que no debemos dejar de señalar.
Del informe de la Misión de Observación, revelado el 19 de marzo, hay puntos qué destacar, y que van más allá de la retórica del gobernador.
Dice la Misión de Observación, integrada por periodistas y expertos en asuntos penales, que el gobierno de Javier Duarte comenzó a cojear cuando allanó la casa de seguridad donde lo habrían torturado y el predio donde fue hallado su cadáver en una fosa clandestina, en Las Choapas, pero sin orden de algún juez.
No se aseguraron los inmuebles y las pruebas halladas en la casa de seguridad, “que fueron cintas, sábanas y documentos”, las cuales no están certificadas y no se establecen los resultados en el expediente.
Dado a conocer por la periodista María Idalia Gómez, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el informe refiere que no existe constancia de si las declaraciones de los involucrados fueron arrancadas bajo presión. “Sólo hay confesiones, pero sin documentación ni verificación de las autoridades esas confesiones”, dijo.
Tampoco lo hay sobre la forma en que fueron aprehendidos los asesinos del periodista. Fue, dice el informe, como “por arte de magia”.
Otro dato: era elemental que se llamara a declarar a las hijas de Goyo Jiménez para que identificaran “por rostro, voz o complexión” a los presuntos asesinos, que los identificaran, pero no se cumplió con ese paso.
Son 17 recomendaciones de la Misión de Observación, entre ellas, la de pedirle a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR (FEADLE) que explique por qué no atrajo el caso y exigirle que lo haga ahora; que la Procuraduría de Veracruz corrija y subsane los errores; que reconozca que el asesinato del periodista obedeció a su labor periodística, y que se proteja a la familia de Goyo no sólo como víctimas sino como testigos.
La Misión de Observación señala que hace del conocimiento las fallas judiciales, pues en el sentido que se encamina el juicio, los denunciados saldrán con una apelación, como ocurrió en el caso de Regina Martínez, o con un amparo federal.
Por lo pronto, mientras el gobernador chacotea, el informe le fue entregado a la relatora Espacial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero.
Y es que ahí, en la OEA, terminará debatiéndose el caso Goyo Jiménez porque así lo quiso el gobernador Melate de Veracruz.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
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