lunes, 10 de marzo de 2014

Protocolizar la represión

Roberto Morales Ayala
Zona Franca

Para empezar, la Comisión para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz no representa al gremio periodístico; no está facultada para suscribir protocolos; no puede inducir su aplicación en la cobertura de asuntos policíacos o de seguridad, ni meter a los comunicadores en camisa de fuerza con el señuelo de que con reglas claras podrá, ahora sí, realizar sus tareas de prensa y ejercer su libertad de expresión.
Todo eso, la CEAPP no lo puede hacer. Su tarea es crear condiciones de protección y, sobre todo, prevención que eviten que por lo que escribe el periodista, vea en riesgo su vida, la de su familia, sus bienes y su actividad profesional. Esa es su función.
Puede, eso sí, someter la propuesta de protocolo de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en lo tocante al trabajo de los reporteros en eventos en que actúan la policía, a la prueba del ácido de las opiniones de los periodistas de Veracruz que sufren la actitud represiva de las corporaciones de seguridad cuando cubren un evento o de aquellos que han venido advirtiendo los intentos oficiales de cooptar a la prensa para uniformar y desde luego ocultar la información.
Sólo así, transparentando el contenido del protocolo, se tendrá un criterio definido sobre la conveniencia, o no, de adoptar los famosos lineamientos que deberán observar los policías cuando los periodistas reportean equis suceso y de las reglas a que deberán sujetarse los periodistas si quieren cubrir un hecho donde anden merodeando los elementos de seguridad.
Pero hay un punto que la CEAPP, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, el mismo gobernador Javier Duarte de Ochoa y su corte real, han preferido omitir porque da al traste con los intentos de control de la información que han sido hasta ahora un apartado de la agenda de control de medios que el gobierno veracruzano no ha podido cristalizar: la garantía que otorga la Constitución Política de México para ejercer libremente el periodismo.
“Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio —dice la Constitución—. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.
Eso es lo que dice la Constitución, pero en Veracruz Javier Duarte ha querido aplicar leyes, reglamentos y protocolos para inhibir la crítica, sancionar a quienes ponen en evidencia a su gobierno. Un caso específico es el de los tuiteros Maruchi Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, a quienes encarceló por difundir que habían ataques del crimen organizado contra escuelas, información tomada de portales de internet.
Duarte los encarceló y luego buscó un marco legal para condenarlos. No lo tuvo. Entonces creó el delito de perturbación del orden público. El Congreso de Veracruz se lo aprobó. Y cuando la figura jurídica estaba integrada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo invalidó por ser inconstitucional.
El asunto es extremadamente complejo. De entrada, el protocolo policía-prensa coloca a la Comisión para la Atención y Protección de los Periodistas como el artífice de un instrumento de control informativo o aliada de las restricciones que les son impuestas a reporteros y fotógrafos en su cobertura de nota roja, de protestas sociales o de tareas de investigación.
Si se parte del hecho de que en Plaza Lerdo, en septiembre de 2013, el desalojo de maestros también hizo víctimas a los reporteros que sufrieron golpes, toques eléctricos, les lanzaron gas lacrimógeno, les robaron sus equipos fotográficos, los asaltaron o los obligaron a borrar las imágenes de la represión, y todo fue a manos de los robocop del secretario Bermúdez, el asunto ya empezó mal.
En el norte y sur, en la conurbación Veracruz-Boca del Río, en Córdoba, sobran los casos de represión policíaca, intimidación, amenazas, encarcelamiento y la orden de borrar el material gráfico. Y siempre es la policía de Veracruz.
El dilema para la CEAPP es cómo hallar los puntos bondadosos del protocolo, sin que se interprete como la protocolización de la represión. Algunas voces se pronuncian porque la discusión se dé a puertas abiertas, incluyendo a todos los periodistas de Veracruz, sin falsos representantes.
Por lo pronto, a Namiko Matsumoto, secretaria técnica de la CEAPP, ya le empezó a llover, justa o injustamente, se le acusa de ser la operadora del protocolo de Seguridad Pública para bloquear el trabajo de los reporteros. Su denominación “Protocolo para el uso legítimo de la fuerza” suplanta el uso legítimo del derecho y de la aplicación de la ley.
El protocolo establece la restricción de no captar fotografías de personas aprehendidas porque se aduce el principio de presunción de inocencia. O sea, son culpables hasta que lo determine un juez; son inocentes hasta que la autoridad demuestre lo contrario. Ese es el marco legal actual. ¿Y El Chapo Guzmán? ¿Y los acusados del crimen del pastor Claudio Martínez? ¿Y los acusados del plagio y asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz? La autoridad los presentó a la prensa y dejó que los fotografiaran cuando aún no se ha demostrado que sean culpables.
Tampoco se podrá cubrir el uso de escudos, bastones eléctricos, gases lacrimógenos, toletes por parte de la policía en las manifestaciones y actos de protesta de los grupos sociales, y los periodistas tendrán que mantenerse a distancia —sin precisar a qué distancia— en los hechos delictivos para no alterar la escena del crimen.
Si la prensa de Las Choapas no hubiera sido obligada a mantenerse alejada del lugar donde fue hallado el cadáver del periodista Gregorio Jiménez, el 12 de febrero pudiera haber captado el lugar en que tenían secuestrados a ocho choapenses levantados por elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (Ahora llamada Policía Ministerial), y que gracias a las protestas de sus familiares que bloquearon la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa aparecieron tres semanas después, aunque aún hay dos de los que no se sabe nada.
El comisionado Jorge Morales ha pedido profundizar en el protocolo antes de descalificar. Asegura que no es restrictivo del trabajo de los periodistas y que, en cambio, con ese instrumento los policías no pueden impedir el trabajo periodístico, agredir, detener, decomisar cámaras, fotografías. Si ello ocurriera, habría sanciones o el despido.
Veracruz no aguanta un periodista muerto más. El crimen de Gregorio Jiménez desmintió que el gobierno de Javier Duarte proteja a los comunicadores. Ahora el protocolo para el “uso legítimo de la fuerza” siembra la duda de hasta dónde podrán hacer los periodistas en su trabajo reporteril y a lo que tendrán que atenerse los policías si se les pasa la mano, reprimen o decomisan cámaras fotográficas y de video.
El asunto puede llevarse a un foro de discusión, invocando teorías sobre la relación prensa-gobierno o resumirse en una frase tan elemental como definitiva: “dejen trabajar a la prensa”.
Simplemente es cuestión de atenerse a la Constitución Mexicana, que garantiza la libertad de expresión y el ejercicio del trabajo periodístico. Y la Constitución es ley suprema, muy por encima de un protocolo para el “legítimo uso de la fuerza”.

(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
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