Zona Franca
La verdad esclarece, es dura, amarga pero menos dolorosa que la incertidumbre, porque abre las puertas a la esperanza. En cambio, las verdades a medias son mentiras absolutas.
Ante la realidad violenta que vive el estado y cuya impunidad se debe al alto nivel de complicidad de los políticos con el crimen organizado, el gobierno opta por ocultar la verdad, esconderla bajo el tapete de esas verdades a medias.
Javier Duarte se mueve en esa lógica. Sus conferencias de prensa, los lunes, son sólo una pasarela, y una caja de resonancia. Suena su verdad, aunque sea una media verdad o una absoluta mentira.
Dice el gobernador de Veracruz que los índices de criminalidad van a la baja, que han disminuido. Recurre, como siempre, a sus estadísticas de maquillaje, que está demostrado se basan en datos erróneos, ajenos a las realidad que los veracruzanos de a pie vivimos cada día.
¿Cómo llamarle a esto si no complicidad? Dice Javier Duarte que hoy en Veracruz no hay balaceras, no hay extorsiones, no hay secuestros, y que gracias a la estrategia aplicada en los últimos años de su administración, “se logró bajar el índice de delitos de alto impacto”, entre ellos los enfrentamientos entre bandas de delincuentes en la vía pública. “Hoy Veracruz está en calma”, resume.
“De hecho —plantea el gobernador— hemos disminuido los índices de criminalidad en comparación al año pasado en el orden del 40, 45 por ciento. Hemos hecho una inversión sin precedentes en la historia de nuestro estado en materia de seguridad”, como si no fuera evidente que “esas inversiones” son mera pantalla.
Si esto no es complicidad, entonces el mandatario vive aislado en la cápsula de la euforia del poder, desde la cual ni lo ejerce ni lo padece. Se necesitaría estar ciego y sordo para no percatarse que de norte a sur del estado, día a día crecen los reclamos por los abusos e impunidad que se cometen bajo la sombra de la simbiosis delincuencia-poder.
Es mejor hablar de carnavales, de fiestas en El Tajín, que enfrentar los casos de desaparecidos y la increíble corrupción en la que se encuentran inmersos los aparatos de seguridad y justicia, con la complicidad inaudita de quienes están encargados de velar por el respeto a los derechos humanos.
La criminalidad no cede. Los observatorios de seguridad, las cámaras empresariales, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los medios de comunicación, todos reportan la ola de delincuencia que viene asolando a Veracruz. Los robos a personas, a casas habitación, a comercios, el secuestro virtual y común con toda su violencia, la extorsión a comercios y ciudadanos, los muertos en la vía pública, los ejecutados y mutilados, son cosa de todos los días.
El gobernador ofrece en el discurso un compromiso social que no se ve en los hechos. Suscribe el programa Alerta Ámber sólo para que no se diga que no hay interés en recuperar a las personas desaparecidas, pero en el fondo existe renuencia a aplicarlo.
Al Colectivo por la Paz, el gobernador Javier Duarte le había ofrecido un área de su gobierno dedicada a la localización de personas desaparecidas. Dijo que en 15 días tendría una respuesta y que se reuniría con ellos periódicamente. El plazo está encima y lo único seguro, seguro, es el incumplimiento del gobernador. Les dijo que el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, sería el contacto pero Erick, como siempre, maneja sus tiempos, juega con el pueblo.
Sin embargo, a esa práctica de política falsa y maniobrera, el Colectivo por la Paz responde con casos concretos. Dice que en Veracruz hay 665 adultos y 122 menores edad desaparecidos y el gobierno estatal no recupera a nadie. El caso de los ocho ciudadanos plagiados en Las Choapas fue un golpe de suerte, pues los secuestrados fueron “abandonados” por sus captores.
El discurso del anterior procurador, Amadeo Flores Espinoza, era el de criminalizar a las víctimas; o tenían vínculos con la delincuencia o las chicas se habían ido con el novio. El discurso del nuevo fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, es distinto, pero no se ve cómo vaya a dar resultados.
Anaís Palacios Pérez, vocera de Colectivo por la Paz, es categórica cuando afirma que debe esclarecerse y castigarse la participación de elementos de Seguridad Pública de Veracruz en las desapariciones forzadas, pero hasta ahora lo único que dice el titular, Arturo Bermúdez Zurita, es que su policía está acreditada y con ella seguirá trabajando.
“Javier Duarte no ha dicho nada al respecto de las desapariciones forzadas y el secretario de Seguridad Pública, lo que dice es que la policía está bien y que no va a tolerar que haya elementos corruptos y elementos que participen en crímenes, pero hasta la fecha no dice qué está pasando con las desapariciones forzadas. La gente lo está señalando y no hay una respuesta, más bien parece que da la vuelta cuando se le pregunta al respecto, refiere Anaís.
El problema también es de formalidad institucional. La Alerta Ámber ya se activó; el área para localizar a las personas desaparecidas también, pero en ningún caso se ven resultados. O sea, para efectos de propaganda, para limpiar la suciedad de su gobierno, se hace el anuncio público, pero en los hechos, la falta de protocolos impide que ambas puedan funcionar.
Anaís Palacios sostiene que de los 50 casos que manejan, en 20 están implicados policías veracruzanos como responsables de desapariciones forzadas. Es decir, casi la mitad es responsabilidad de la policía que debiera velar por la seguridad de la población, la policía de Duarte, la policía de Bermúdez.
“Debería haber más congruencia por parte de la Procuraduría”, dice Anaís Palacios. “El discurso no hace los hechos. Nosotros seguimos a la espera de que se localice a las personas con vida”… “No se pueden inventar logros que no existen. Exigimos que si van a hablar algo, que sea conforme a la realidad. No pueden presumir de algo que no está ocurriendo”.
Precisa: “Las víctimas del delito merecen que exista una investigación acorde a la ley y que haya resultados”.
Las dos ópticas están claras. El gobierno de Duarte se placea en el discurso para suplantar a la realidad; presume logros que no existen; cierra los ojos a la criminalidad. La visión de la sociedad es que sin resultados no hay compromiso; que las víctimas merecen que se les haga justicia; que haya congruencia entre lo que se promete y lo que se hace.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
La verdad esclarece, es dura, amarga pero menos dolorosa que la incertidumbre, porque abre las puertas a la esperanza. En cambio, las verdades a medias son mentiras absolutas.
Ante la realidad violenta que vive el estado y cuya impunidad se debe al alto nivel de complicidad de los políticos con el crimen organizado, el gobierno opta por ocultar la verdad, esconderla bajo el tapete de esas verdades a medias.
Javier Duarte se mueve en esa lógica. Sus conferencias de prensa, los lunes, son sólo una pasarela, y una caja de resonancia. Suena su verdad, aunque sea una media verdad o una absoluta mentira.
Dice el gobernador de Veracruz que los índices de criminalidad van a la baja, que han disminuido. Recurre, como siempre, a sus estadísticas de maquillaje, que está demostrado se basan en datos erróneos, ajenos a las realidad que los veracruzanos de a pie vivimos cada día.
¿Cómo llamarle a esto si no complicidad? Dice Javier Duarte que hoy en Veracruz no hay balaceras, no hay extorsiones, no hay secuestros, y que gracias a la estrategia aplicada en los últimos años de su administración, “se logró bajar el índice de delitos de alto impacto”, entre ellos los enfrentamientos entre bandas de delincuentes en la vía pública. “Hoy Veracruz está en calma”, resume.
“De hecho —plantea el gobernador— hemos disminuido los índices de criminalidad en comparación al año pasado en el orden del 40, 45 por ciento. Hemos hecho una inversión sin precedentes en la historia de nuestro estado en materia de seguridad”, como si no fuera evidente que “esas inversiones” son mera pantalla.
Si esto no es complicidad, entonces el mandatario vive aislado en la cápsula de la euforia del poder, desde la cual ni lo ejerce ni lo padece. Se necesitaría estar ciego y sordo para no percatarse que de norte a sur del estado, día a día crecen los reclamos por los abusos e impunidad que se cometen bajo la sombra de la simbiosis delincuencia-poder.
Es mejor hablar de carnavales, de fiestas en El Tajín, que enfrentar los casos de desaparecidos y la increíble corrupción en la que se encuentran inmersos los aparatos de seguridad y justicia, con la complicidad inaudita de quienes están encargados de velar por el respeto a los derechos humanos.
La criminalidad no cede. Los observatorios de seguridad, las cámaras empresariales, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los medios de comunicación, todos reportan la ola de delincuencia que viene asolando a Veracruz. Los robos a personas, a casas habitación, a comercios, el secuestro virtual y común con toda su violencia, la extorsión a comercios y ciudadanos, los muertos en la vía pública, los ejecutados y mutilados, son cosa de todos los días.
El gobernador ofrece en el discurso un compromiso social que no se ve en los hechos. Suscribe el programa Alerta Ámber sólo para que no se diga que no hay interés en recuperar a las personas desaparecidas, pero en el fondo existe renuencia a aplicarlo.
Al Colectivo por la Paz, el gobernador Javier Duarte le había ofrecido un área de su gobierno dedicada a la localización de personas desaparecidas. Dijo que en 15 días tendría una respuesta y que se reuniría con ellos periódicamente. El plazo está encima y lo único seguro, seguro, es el incumplimiento del gobernador. Les dijo que el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, sería el contacto pero Erick, como siempre, maneja sus tiempos, juega con el pueblo.
Sin embargo, a esa práctica de política falsa y maniobrera, el Colectivo por la Paz responde con casos concretos. Dice que en Veracruz hay 665 adultos y 122 menores edad desaparecidos y el gobierno estatal no recupera a nadie. El caso de los ocho ciudadanos plagiados en Las Choapas fue un golpe de suerte, pues los secuestrados fueron “abandonados” por sus captores.
El discurso del anterior procurador, Amadeo Flores Espinoza, era el de criminalizar a las víctimas; o tenían vínculos con la delincuencia o las chicas se habían ido con el novio. El discurso del nuevo fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, es distinto, pero no se ve cómo vaya a dar resultados.
Anaís Palacios Pérez, vocera de Colectivo por la Paz, es categórica cuando afirma que debe esclarecerse y castigarse la participación de elementos de Seguridad Pública de Veracruz en las desapariciones forzadas, pero hasta ahora lo único que dice el titular, Arturo Bermúdez Zurita, es que su policía está acreditada y con ella seguirá trabajando.
“Javier Duarte no ha dicho nada al respecto de las desapariciones forzadas y el secretario de Seguridad Pública, lo que dice es que la policía está bien y que no va a tolerar que haya elementos corruptos y elementos que participen en crímenes, pero hasta la fecha no dice qué está pasando con las desapariciones forzadas. La gente lo está señalando y no hay una respuesta, más bien parece que da la vuelta cuando se le pregunta al respecto, refiere Anaís.
El problema también es de formalidad institucional. La Alerta Ámber ya se activó; el área para localizar a las personas desaparecidas también, pero en ningún caso se ven resultados. O sea, para efectos de propaganda, para limpiar la suciedad de su gobierno, se hace el anuncio público, pero en los hechos, la falta de protocolos impide que ambas puedan funcionar.
Anaís Palacios sostiene que de los 50 casos que manejan, en 20 están implicados policías veracruzanos como responsables de desapariciones forzadas. Es decir, casi la mitad es responsabilidad de la policía que debiera velar por la seguridad de la población, la policía de Duarte, la policía de Bermúdez.
“Debería haber más congruencia por parte de la Procuraduría”, dice Anaís Palacios. “El discurso no hace los hechos. Nosotros seguimos a la espera de que se localice a las personas con vida”… “No se pueden inventar logros que no existen. Exigimos que si van a hablar algo, que sea conforme a la realidad. No pueden presumir de algo que no está ocurriendo”.
Precisa: “Las víctimas del delito merecen que exista una investigación acorde a la ley y que haya resultados”.
Las dos ópticas están claras. El gobierno de Duarte se placea en el discurso para suplantar a la realidad; presume logros que no existen; cierra los ojos a la criminalidad. La visión de la sociedad es que sin resultados no hay compromiso; que las víctimas merecen que se les haga justicia; que haya congruencia entre lo que se promete y lo que se hace.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
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