Colapso en pensiones

Luis Alberto Romero

Hora Cero

En noviembre de 2013, la consultora internacional Mercer, que fue fundada en 1937 en Estados Unidos y que tiene presencia en 40 países del orbe, dio a conocer los resultados de un estudio sobre el índice global de pensiones.
En el documento final, México quedó muy mal evaluado al ubicarse en el lugar 15 de entre 20 naciones; la mala calificación se debió, sobre todo, a los problemas de un deficiente sistema de pensiones; de hecho, la consultora observó limitaciones como la falta de incentivos al ahorro voluntario.
Lo peor es que si no se modifican las leyes federales en esa materia, en menos de tres décadas, el gasto público destinado a las jubilaciones alcanzará los 13 billones de pesos; es decir, la totalidad del Producto Interno Bruto del país.
Por si fuera poco, el subsidio a las pensiones recibe actualmente el 8 por ciento de los recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se estima que en una década, la cifra se ubicará en el 14 por ciento; en 30 años, a este ritmo y sin modificar las leyes en la materia, el pago de las pensiones no será viable porque representará una cifra similar a todo el gasto público.
Cuatro meses después, en marzo de este año, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados dieron a conocer los resultados de su revisión al sistema de pensiones y alertaron que las cuentas individuales constituyen un riesgo para las finanzas públicas. El principal problema es encontrar los 6 billones de pesos que se requieren para cubrir el pago de las pensiones de 18 millones de mexicanos que se jubilarán bajo la antigua Ley del Seguro Social, la de 1973; eso sin contar con otros 32 millones de mexicanos que actualmente cotizan en el esquema de la Ley del Seguro Social aprobada en 1997.
Ese problema nacional relacionado con las pensiones de los trabajadores también se refleja en Veracruz, donde la suma de las cuotas y las aportaciones no alcanzan para cubrir el costo del sistema de pensiones y jubilaciones.
Por otro lado, si la base de trabajadores que aportan sus cuotas es la misma y el número de los pensionados aumenta como hasta ahora, no es difícil prever el colapso de ese sistema.
Ayer, el gobernador Javier Duarte de Ochoa dio algunos datos que ilustran la magnitud del problema: en 2013, el costo de la nómina del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ascendió a 4 mil 240 millones de pesos para el pago de 24 mil 107 pensionados mientras que el IPE recibió cuotas por 2 mil 178 millones de pesos; es decir, hay un déficit de más de 2 mil millones que fue cubierto con los recursos del gobierno estatal.
Se trata de una situación que ya no era viable porque el IPE terminó por convertirse en un barril sin fondo.
Debido a eso fue necesaria la reforma al sistema veracruzano de pensiones; es una decisión poco popular, que irrita a quienes cotizan –básicamente burócratas y empleados estatales–, que puede representar un alto costo político para el partido en el poder pero que, sin duda, era necesaria y también urgente. @luisromero85