miércoles, 9 de julio de 2014

Del Orfis a la Procuraduría

Luis Alberto Romero
Hora Cero

Comenzaba el año cuando el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia en la Legislatura del Estado, Francisco Garrido Sánchez, daba a conocer el resultado de más de mil auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Orfis, a dependencias del gobierno de Veracruz, a los ayuntamientos y a los organismos descentralizados que manejaron recursos públicos durante el ejercicio presupuestal de 2012.
La información dio cuenta de las irregularidades en el manejo de las finanzas en 38 municipios de la entidad que presentaron presuntos daños patrimoniales que iban desde los 500 mil a los 41 millones de pesos; los casos más mencionados, precisamente por los elevados montos de las observaciones, fueron Fortín de las Flores, con 41 millones de pesos; Xico, con casi 25 millones; Castillo de Teayo, con 7; Camerino Z. Mendoza, con 5; y Nogales, con casi 4 millones 500 mil pesos.
Pero los 38 ayuntamientos no fueron los únicos que resultaron con presuntas irregularidades; de hecho, los montos más abultados corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y al Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, convertido en una cloaca.
En el caso de la secretaría a cuyo frente se encontraba el hoy diputado local Raúl Zarrabal Ferat, las observaciones superaron los 400 millones 600 mil pesos.
Dos meses después de que el resultado de las auditorías se hiciera público, el 7 de marzo de este año se llevó a efecto la audiencia para la presentación de pruebas y alegatos. El Fideicomiso del Túnel Sumergido no solventó ni una de las observaciones que fueron realizadas por el Orfis, en tanto que la Secom lo hizo de manera parcial; es decir, de las 17 observaciones, sólo solventó 2.
De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, los sujetos a quienes se les podrían fincar una responsabilidad contaron con 10 días en la fase de establecimiento de sanciones para interponer un recurso de reconsideración. También se abrió un periodo de 15 días para recurrir a un juicio contencioso administrativo ante el Poder Judicial del Estado.
En mayo, el Orfis dio por terminada la etapa de determinación de responsabilidades a los funcionarios públicos que no solventaron las observaciones: 28 instancias lograron deslindarse y 20 no pudieron acreditar un aseado manejo de los recursos; entre ellas se encuentran la Secretaría de Comunicaciones, el Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, el Tecnológico de Alamo y la Oficina Operadora de Ciudad Mendoza.
Luego de ese periodo, en mayo comenzaron las notificaciones por parte del Orfis, sobre las presuntas irregularidades no solventadas; en problemas se encuentran los ex alcaldes de 15 ayuntamientos, los ex funcionarios de la Secom, del Túnel Sumergido y de otros 3 fideicomisos estatales.
Ayer, el propio diputado Francisco Garrido confirmó que la semana próxima iniciará la siguiente etapa de ese largo proceso, que es la notificación final a los involucrados; posterior a ello vendrá la presentación de las denuncias penales que habrá de interponer el Órgano de Fiscalización ante la Procuraduría de Justicia del Estado contra los involucrados que no solventaron las observaciones ni resarcieron el daño patrimonial; la gran mayoría de ellos no gozan de fuero; el diputado Raúl Zarrabal si está protegido por esa figura y por ello, de encontrarse en la lista final de los presuntos responsables de daño patrimonial, enfrentará un desgastante juicio de procedencia. @luisromero85http://luisromero85.blogspot.mx/
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