Mensajes de la Marcha

Octavio Augusto Lara Báez
Contornos

La marcha “Iluminemos México“, efectuada el pasado sábado 30 en el Distrito Federal y muchas otras ciudades del país, logró reunir a decenas de miles de mexicanos en torno a un solo reclamo: alto a la inseguridad y a la impunidad.
Una vez más, se demostró que una causa común es el hilo conductor para que personas de todos los estratos sociales se movilicen de manera espontánea.
Resulta impactante percatarse del elevado número de víctimas del delito en sus más variadas formas. A lo largo del recorrido de los contingentes que se concentraron en el zócalo capitalino, se pudieron conocer testimonios numerosos, muy numerosos, de personas que a través de los años han sido extorsionadas, secuestradas por horas y despojadas de cuentas bancarias o de quienes sufrieron el secuestro y homicidio de un familiar, o los más afortunados, aquellos que lograron recobrar la libertad y conservar la vida. Toda una galería de horrores en medio de los que se tiene que vivir en la Ciudad de México y lamentablemente, en muchas otras partes del país.
La marcha envió varios mensajes: por una parte, de manera central, es un reclamo airado a las autoridades, de todos los niveles, a que actúen de inmediato, cada una en su esfera de competencia pero coordinadamente, para detener la ola delictiva que se ha dejado sentir con mayor intensidad en los últimos años y ha hecho crisis recientemente con las disputas de territorio de los cárteles de la droga que operan en nuestro país.
El combate a la delincuencia tiene relación directa con el perfeccionamiento de nuestro sistema de justicia, por lo que la exigencia popular atañe directamente a los tres poderes.
Al Legislativo para que actualice o adicione las leyes para castigar severamente a los delincuentes: al Judicial para impartir puntualmente, sin dobleces, las penas que merezcan los criminales; y al Ejecutivo para garantizar que la Seguridad Pública sea proporcionada eficazmente, por personal profesional, ético y bien equipado, estableciendo un sistema de control de confianza de quienes forman parte de las policías de todo el país, investigar correctamente las causas penales en las Agencias del Ministerio Público, proporcionando las pruebas y elementos necesarios para que los delincuentes no queden sin castigo. También para que adecue su sistema penitenciario, a fin de que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen.
En alguna entrega anterior, mencioné que para el Estado Mexicano es impostergable encarar la inseguridad y la impunidad, binomio íntimamente relacionado, a fin de poder seguir garantizando la legitimidad e institucionalidad, elementos fundamentales para la gobernabilidad.
Parece que no se ha entendido que la movilización social en contra de la inseguridad es una alerta popular a quienes tienen la responsabilidad de gobernar: o frenan los hechos delictivos o este país se nos va de las manos.
Las consignas de quienes han vivido en carne propia el secuestro, como el señor Alejandro Martí, padre de Fernando, el jovencito secuestrado y asesinado a principios de agosto: “Si no pueden, renuncien”; o la de Eduardo Gallo, ex directivo de “México Unido contra la Delincuencia, a quien también le secuestraron y asesinaron una hija: “Si no cumplen, que los metan a la cárcel”, son indicativos del nivel que ha adquirido el malestar social, que se ha enfocado hacia las autoridades, de todos los partidos, en todos los niveles.
Ante la oleada de violencia, hay la percepción de que no se hace nada o que se hace con lentitud y que las fuerzas del orden están coludidas con el hampa, lo que se traduce en desconfianza y temor hacia quienes deberían ser los garantes de nuestra tranquilidad.
Sin embargo, es indispensable que la participación ciudadana sea cada vez mayor. Cambiar la cultura de corrupción e impunidad es una tarea de largo plazo, que se debe construir paso a paso y que vincula a toda la sociedad.
Y ese es otro mensaje que deja la marcha del sábado pasado. Son más los mexicanos que están por la legalidad y que aún confían en las instituciones. Las pancartas que se pudieron apreciar fueron un nuevo llamado a los funcionarios de toda la estructura de gobierno para que apresuren el paso, se sacudan la modorra y, principalmente, para que le den la importancia que merece el incremento de los hechos delictivos, por encima de sus diferencias político-partidistas.
Fue también un mensaje de valor, de ese valor que hace falta para denunciar, para exigir ser escuchados. Y ese valor, sin duda, lo da el sentimiento colectivo de que es preciso que quienes tienen la obligación de poner un hasta aquí a la delincuencia lo hagan.
Un país atemorizado, sin tranquilidad no puede dedicarse plenamente al trabajo productivo . Se necesita darle certeza a la población, traducir el liderazgo político en acciones certeras, concertadas y efectivas pero también permanentes, golpes de precisión que hagan recobrar la confianza en las instituciones.
Al Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública, la Justicia y la Legalidad, Veracruz se sumó con la convicción de que solo presentando un frente compacto en todo el país y en las diversas regiones de la geografía nacional, podrá tener éxito el combate a la delincuencia. Por eso merece considerarse la propuesta del Gobernador Fidel Herrera para alcanzar un pacto interregional con ocho estados aledaños, a fin de controlar el índice delictivo en sus demarcaciones, intercambiando información y cooperando entre sí para dar una lucha más efectiva.
El anuncio, que será llevado a la próxima reunión de la Conago, lo hizo al entregar 78 patrullas equipadas a la Policía Ministerial, equipamiento que forma parte sustantiva de esta guerra frontal. Con acciones, Veracruz ha asumido el compromiso por la Seguridad. Lo que menos se ve en Veracruz es pasividad y eso es esperanzador. Trabajando, depurando, capacitando, supervisando que se cumpla lo que se instruye, estando alertas y no bajando jamás la guardia, es como se podrá encarar mejor este enorme reto de abatir la inseguridad, que está poniendo a prueba a todo el Estado Mexicano.
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