Las Acciones del Poder Judicial dentro del Acuerdo por La Seguridad, la Justicia y la Legalidad

José Emilio Lobato Corrigeux
Comentario Abierto

Como uno de los componentes en la integración del Poder del Estado Mexicano, el Poder Judicial de la Federación forma parte del proceso de coordinación de las acciones a emprender dentro del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad con el cual se pretende rescatar la confianza ciudadana y las condiciones de certidumbre que han disminuido ante la aparición y multiplicación de grupos delincuenciales que tienen a muchos mexicanos atemorizados y envueltos en una suerte de psicosis social.
La nueve acciones a realizar por el Poder Judicial pudieran no ser todas las que se requieren, sin embargo por alguna parte se tiene que empezar independientemente que en el tiempo se emprendan otras a fin de contener esa escalada de corrupción que enfermó las áreas de seguridad, procuración e impartición de justicia y que hoy, por mucho que se quiera demostrar lo contrario, son las responsables del clima de impunidad oficial que padecemos los mexicanos.
El primer compromiso consiste en transparentar el desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación y sus titulares, instrumentando indicadores de desempeño donde la sociedad acceda a la información sobre el tipo de juicios, la materia, el tipo de delitos cometidos, los tiempos de los trámites, la integración de los expedientes y los perfiles de los juzgadores.
Aunque debiera evaluarse a todo el personal del Poder Judicial, no deben dejarse de lado a los empleados de las áreas de archivo donde se conservan los expedientes de los casos, pues para todos es conocida la sustracción o “extravío de documentos” de los expedientes que no desaparecen precisamente por arte de magia sino por las dádivas que reciben algunos empleados de estas áreas.
Como una forma de hacer menos tortuosos los trámites que significan traslados a los involucrados en los casos que se ventilan en los juzgados que además se traducen en gastos principalmente de las partes agraviadas, habrá de instalar más órganos judiciales en los circuitos con mayor carga de trabajo para que el Poder Judicial cumpla con mas eficiencia sus funciones.
En este aspecto, habría que diagnosticar las causas que originan las sobrecargas de trabajo, en algunos circuitos, si es porque en esas regiones hay mayor incidencia de casos delictivos o bien persisten actos de corrupción e ineficiencia que en parte son lo mismo, por parte de juzgadores, secretarios o trabajadores de los archivos que debieran investigarse para hacer a un lado a quienes han condenado estas áreas al sistema de “la aburridora”, que provocan hastío en los agraviados quienes finalmente abandonan sus promociones cerrando así un ciclo de impunidad ocasionado por el burocratismo de los juzgados.
Una acción que por su naturaleza coadyuvará a una impartición de justicia expedita es la del establecimiento de juzgados de control que estando asentados en el Distrito Federal estarán facultados para emitir órdenes de cateo, de arraigo y autorizaciones para intervenir sistemas de comunicación con tecnología informática que guarde la confidencialidad y responder las solicitudes de manera oportuna.
El riesgo que podría correr esta medida es que se den casos de uso indiscriminado de las facultades concedidas y se cateen domicilios de manera injustificada, arraiguen inocentes e intervengan medios de comunicación por cualquier motivo, no obstante los riesgos, la medida es importante porque permitirá acciones rápidas cuando las circunstancias lo ameriten, por lo que deberá considerarse que el personal del Poder Judicial que labore en estas áreas cumpla con un perfil de confiabilidad que atenúe abusos e impunidad.
La forma en que se pretende acelerar los procesos será concentrando a las personas procesadas por delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico en reclusorios de alta seguridad, reduciendo las diligencias y concediendo facultades amplias a los juzgadores que se ubiquen en los reclusorios de alta seguridad, pero además se fortalecerá la autonomía , independencia e imparcialidad de los jueces mediante acciones coordinadas con autoridades estatales y federales a fin de garantizar protección y seguridad a la integridad física de los responsables de la impartición de justicia.
Con la idea de que en el futuro quienes se encarguen de atender la impartición de justicia en materia penal garanticen capacidad y conocimientos, el poder judicial perfeccionará los procedimientos de selección de aspirantes que además cuenten con la experiencia suficiente, medida que sin lugar a dudas repercutirá en la aplicación objetiva, pronta y expedita de la justicia; pero también se capacitará y especializará con mayor intensidad a quienes ya forman parte del Sistema Judicial de la Federación; de manera especial continuará la calificación de juzgadores especializados en justicia para adolescentes.
Para contar con un mayor control sobre los procesados en libertad bajo caución, se instalará en todo el país un sistema biométrico que asegure la presentación personal de los procesados ante la autoridad judicial con apoyo tecnológico para su plena identificación y control. Finalmente la última de las acciones que corresponde emprender al poder judicial es elaborar un Sistema Nacional de Estadística Judicial donde se compartirá la información de los procesos judiciales tanto federales como estatales que contenga las etapas de los juicios y su duración así como el tipo de delitos cometidos y las sentencias.
La tarea es ardua y ya está en proceso, no obstante habrá que encontrar la forma de impedir - y esto si resulta ser todo un reto – que los impartidores de justicia y el personal bajo su cargo no se dobleguen ante la dureza de los altísimos sobornos que suele ofrecer la delincuencia organizada y las redes del narcotráfico y en esto no tiene que ver ni la capacidad, ni la experiencia ni los controles digitales, sino con la habilidad de los abogados de los indiciados que pueden penetrar al ánimo de los juzgadores, bajo cualquier método con el que les admitan o desvanezcan pruebas para que los procesados, muchos de los cuales son verdaderos responsables de los delitos por los que se les acusa puedan salir en libertad.
Estamos en medio pues, de la gran voluntad de quienes suscriben el Acuerdo y por otra parte de la conciencia y la responsabilidad de quienes tienen a su cargo la difícil y arriesgada tarea de impartir justicia, porque también es cierto que en muchos de los casos, se tiene conocimiento que sucumben ante el embate de los sobornos bajo la amenaza de sufrir las consecuencias ya sean éstos o sus familias, por ello se les debe garantizar la protección a su integridad física y de sus familiares.
Lo cierto es que si existe voluntad política, no hay quien supere la fuerza del Estado y el estado somos todos, todos juntos contra la delincuencia.
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