martes, 2 de junio de 2009

Inestabilidad en IEV

* Litigios y anomalías
* Rodolfo y Carolina


José Ortiz Medina
En Corto... sin Cortes


El Instituto Electoral Veracruzano (IEV) sigue dando de qué hablar. Aún cuando no ha comenzado el proceso electoral local que derivará en la elección a alcaldes y diputados locales el año entrante, pues como que el horno no está para bollos.
Se comentan muchas cosas que a la larga serán escándalos que estallarán en la opinión pública. Y como ya es costumbre de esta columna, procuramos adelantarnos a los escenarios futuros.
He aquí algunos de los tópicos que serán tema de conversación tal vez con mayor intensidad una vez concluido el proceso electoral federal que ahora ocupa la atención de los medios de comunicación.
Nos dicen, por ejemplo, que la presidenta del Consejo General del IEV, Carolina Viveros García, desde que fue reelecta por el congreso del estado, se ausenta con frecuencia del organismo electoral, producto acaso de la inestabilidad política en la que se encuentra el instituto.
Dicha zozobra política es consecuencia de la pifia al aprobar un acuerdo (referente a la redistribución del presupuesto) con falta de quórum, en donde se les quitó el apoyo de 30 mil pesos mensuales a los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General.
Producto de lo anterior, los partidos políticos interpusieron un recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial de la federación.
Esa inestabilidad política también se alimenta de la acciones de inconstitucionalidad promovidas tanto por los diputados de oposición y por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y por el partido Convergencia a finales de año próximo pasado, y al inicio de este incoadas bajo los números siguientes: 68/2008, 81/2008, 007/2009, 008/2009 y 009/2009, en donde se pone en tela de juicio, desde diversas aristas, la probable constitucionalidad del Código Electoral vigente, y por tanto la elección de los actuales consejeros.
En lo que concierne al Secretario Ejecutivo del IEV, Rodolfo González García, nos comentan que no respeta los acuerdos de la Junta General Ejecutiva, en especial los de política de austeridad.
En ese sentido, se presentan las siguientes anomalías: a) Labores fuera de los horarios en año no electoral, eso implica un mayor consumo de energía eléctrica; b) el secretario Ejecutivo trae para su uso dos vehículos oficiales, con el correspondiente pago de lubricantes, cuando ningún miembro del Consejo tiene esas prerrogativas, a excepción de la presidencia; c) existe consumo de telefonía celular a su cargo; d) la secretaría Ejecutiva realizó una serie de contrataciones de personal eventual en un año no electoral, ocho personas para ser más exactos.
Asimismo, Rodolfo se habría alejado del principio de legalidad, principio base de la función electoral, al alterar –aseguran nuestras fuentes
--las actas celebradas por la Junta General Ejecutiva, falta grave que según el articulo 326 del Código electoral aún vigente, conocerá el Consejo General y puede sancionarlo con apercibimiento, amonestación, suspensión y multa de hasta quinientos días de salario mínimo vigente, remoción y destitución del cargo.
Se presume que dichas acciones contrarias a la ley, las habría realizado para beneficio propio y en perjuicio de la institución.
Pero eso no es todo. De acuerdo con su último informe, Rodolfo González dice que hay un supuesto ahorro de más de dos millones de pesos. Eso en términos contables gubernamentales no es más que un subejercicio presupuestal, producto del incumplimiento de las obligaciones que establece el Programa Operativo Anual (POA).
A la fecha no se encuentra actualizado el inventario de los bienes del instituto. Se supone que fue ese uno de los motivos por el que corrieron a Teresa Flores, quien despachaba como Jefa del Departamento de Recursos materiales y servicios generales, posición que Rodolfo le dio a su secretaria cuando aquél fungía como consejero electoral.
Además, nos dicen que en febrero habrían sido adquiridas impresoras sin licitación y con motivo de la liquidación de un contrato de arrendamiento. Esto es, por un lado se finiquitó el arrendamiento y por el otro se compraron las mismas impresoras.
A este clima de inestabilidad, se añade el jaloneo entre algunos personajes por ocupar algunas direcciones ejecutivas del IEV.
Uno de esos suspirantes es Ricardo Diz García, hijo de conocido dirigente sindical. Otro soñador (ya me ví, ya me ví, diría el promocional del Melate) es Enrique Ramírez Gómez, quien hace alarde de su cercanía con un funcionario estatal, así como de un diputado local priista.

TRANSPORTISTAS cordobeses le pidieron a Javier Duarte de Ochoa que no se olvide de ellos cuando llegue a la Cámara de Diputados con el apoyo del voto popular. El líder de dicho gremio, Carlos Demuner Pitol, planteó al abanderado tricolor que sea el Poder Legislativo, y no el Ejecutivo federal, la instancia que regule y controle el incremento del combustible.
De igual manera, Demuner Pitol pidió un mayor fortalecimiento a las redes carreteras.

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