PGJE: un prietito en el arroz

* CEDH envía recomendación
* Fallo Valverde, en Las Vegas

José Ortiz Medina
En Corto... sin Cortes

En varias ocasiones hemos elogiado la excelente labor que realiza el procurador de Justicia del Estado Salvador Mikel Rivera.
Con Mikel llegó la modernidad a la PGJE. Lo más relevante de esta nueva época de la fiscalía veracruzana es, por citar algunos ejemplos, la digitalización de la procuración de la justicia. Ahora usted, desde su computadora puede presentar una querella.
Pero eso no es todo. El uso del “papel seguridad”, con holograma y “prueba de agua” impide que algún mal funcionario manipule los expedientes.
En resumidas cuentas, con el apoyo del gobernador Fidel Herrera Beltrán, las nuevas tecnologías están ahora al servicio de la justicia, que como marca la Constitución, debe ser pronta y expedita.
Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Salvador Mikel ha tenido que vencer inercias o parafraseando a Carlos Alberto Madrazo (el padre de Roberto) en la Procuraduría “lo viejo no ha acabado de morir y lo nuevo no ha acabado de nacer”.
Estamos concientes que los cambios no se hacen de la noche a la mañana, pero nos consta que Salvador está haciendo su mejor esfuerzo.
Pero en este combate, hay guerreros que a veces hacen quedar mal a su general.
Y es que hace poco, por culpa de la mala actuación de dos agentes del ministerio público (MP), la PGJE se hizo acreedora a una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que preside Nohemí Quirasco Hernández, según queda de manifiesto en el expediente Q-5853/2009, conciliación 85/2009, número de oficio DSC/1061/2009, cuya copia posee el autor de estas líneas.
Se trata de una investigación ministerial que ha tardado ¡tres años en su integración! y a la fecha no ha sido determinada. Esto es grave pues de acuerdo con el Código Penal, los MP deben tener como plazo máximo 180 días para integrar una investigación ministerial.
El delito es administración fraudulenta. El expediente lo tuvo el MP Guillermo E. Altamirano Bencomo. En esta instancia se tardaron ¡nueve meses! en elaborar una pericial contable.
El problema es que se desconoce que haya habido una sanción hacia este servidor público y la perito contable Nancy Contreras Lozada. Al respecto, la CEDH solicitó a la PGJE “se remita una constancia de la sanción impuesta” a los aludidos.
De igual forma, la CEDH pide a la PGJE que “de no haberse concluido y emitido la resolución correspondiente dentro del citado Procedimiento Administrativo, se solicita un informe cronológico y detallado del estado en que se encuentra”.
Pero ante la dilación en la integración de la investigación, la parte agraviada solicitó a la subprocuraduría de Control y Procesos que el asunto fuese turnado a otro MP, Arturo Torres Cuéllar, quien de igual forma ha actuado de manera lenta y parcial.
Por ejemplo, la parte agraviada pregunta a qué interese$ responde Torres Cuéllar ya que al agraviado le habría comentado que iba a determinar el no ejercicio de la acción en la presente investigación no obstante que siete de los inculpados ¡están confesos!
Al respecto, la CEDH requiere que “se lleven a cabo las acciones legales necesarias por parte del titular de la Agencia del Ministerio Público Noveno Investigador adscrito a la Dirección General de Investigaciones Ministeriales, encargado de la integración de la investigación ministerial número 87E/2009, radicada con motivo de la remisión de indagatoria 244/06/I con la finalidad de que cumplan, subsanen o reparen todas y cada una de las diligencias que sean necesarias para su debida integración y determinación legal definitiva”.
Por último, la CEDH solicita a la PGE que “se impartan cursos de capacitación en materia de procuración de justicia y de derechos humanos a los servidores públicos que resultaron responsables en los presentes hechos, para que en lo sucesivo se abstengan de incurrir en omisiones como las observadas en este documento y con ello se garantice el respeto a los derechos fundamentales de toda persona, previstos en nuestra Carta Magna". Firma por parte de la CEDH Inés de Argentina López Hernández, directora de Seguimiento y Conclusión de dicha comisión.

SI ALGUIEN desea una audiencia con el director general del Registro Civil en el Estado, Rafael Valverde Elías, pues tendrá que esperar algunos días. Y es que dicho servidor público está de vacaciones no en las Vigas de Ramírez sino ¡en Las Vegas, Nevada! Se fue el pasado sábado, en compañía de un cercano colaborador, quien a su vez se llevó a su esposa. Nos dicen que cada año, Fallo se va a cualquier parte del mundo. Hace 365 días viajó a Brasil. Como dijera A. Puente Rosado, “¡qué chulo, veraneando!”