Raúl Abraham López Martínez*
Coyuntura Política XXI
El problema del transporte urbano es un asunto que se ha convertido en una cuestión de carácter cotidiana para las familias veracruzanas. Por medio de la nota roja de los medios de comunicación, los ciudadanos nos enteramos de las atrocidades que realizan los choferes dedicados a manejar las unidades de transporte que ofrecen sus servicios a la población:
“atropelló a un niño de secundaria”, “atropellan y rematan a padre de familia después de salvar a sus hijas que estuvieron a punto de ser atropelladas”, “atropellan a viejita”, “se quedó sin frenos y se salió de la curva con todo y pasajeros”, “los embistió un camión”, “era conducido a exceso de velocidad y se estrelló contra un árbol”.
En estos días, subirse a un camión urbano implica la posibilidad de convertirse en testigo de algún trágico acontecimiento al igual que poner en riesgo nuestra propia seguridad física al predominar unidades del transporte que presentan deficientes condiciones mecánicas y/o eléctricas.
Aunado a estas condiciones, los usuarios tenemos que soportar el gandallismo de los choferes que les da por conducir como verdaderos salvajes en una lucha intestina para apresurar sus unidades en busca de pasajeros.
Por ganarse unos miserables pesos, estos choferes, quienes en su mayoría son empleados de los dueños de las concesiones de transporte, se han apoderado casi por completo de todas las vialidades del estado de Veracruz promoviendo de manera impune el terror entre los transeúntes y los automovilistas particulares.
Esta impunidad que gozan por parte de las autoridades, se entiende a partir de la relación política que los pulpos del transporte han sostenido durante décadas con el Partido Revolucionario Institucional y el gobierno estatal.
Esta relación política, hay que ubicarla dentro de las viejas prácticas de control corporativista que el PRI en el estado de Veracruz ha desarrollado como parte de uno de sus mecanismos privilegiados de control político-electoral.
A partir de esta vinculación, entre los concesionarios del transporte y el binomio PRI-gobierno, se entiende el excesivo grado de tolerancia que las autoridades han vertido a favor de los concesionarios.
En términos crudos, los hechos nos indican que es plausible hacer referencia a una actitud de complicidad por parte del gobierno estatal. Quien actuando de manera omisa, le han otorgado a los concesionarios el derecho de hacer lo que se les pegue la gana en el territorio veracruzano.
Escribiendo visceralmente, me parece que no tienen madre los que han permitido que estos grupos de presión actúen de esta manera.
Mi sentido visceral sobre el tema, aumenta proporcionalmente al momento de escuchar declaraciones por parte del vicepresidente de la organización de Trasportistas del Estado de Veracruz Alfonso Enríquez Bousar en el sentido de que ya acordaron con las autoridades un aumento en la tarifa del servicio.
Desde una óptica ciudadana, me parece inaceptable, que bajo las actuales condiciones de inseguridad que privan en las unidades de los concesionarios se les vaya a autorizar este aumento.
Es un error del gobierno estatal actuar de esta manera, la obligación política y moral de un gobierno es tomar decisiones que favorezcan a la mayoría de la población.
Con este aumento, se les ratifica una vez más la licencia para matar, atropellar, amedrentar y contaminar de la que disfrutan estas bestias al volante.
*Director de la revista digital independiente
Voz Universitaria
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raul@vozuniversitaria.org.mx
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