martes, 7 de septiembre de 2010

México secuestrado

Luis Alberto Romero

Fernando es un profesional de la contabilidad; aunque lo parezca, no es un hombre acaudalado. Producto de su capacidad de ahorro, logró adquirir un Jetta y una camioneta Dodge Nitro.
Ha trabajado por varios años llevando la contabilidad de al menos una docena de medianas empresas y contribuyentes, lo que le ha dado cierto prestigio en el sector.
A las 8 de la noche salía de un centro comercial luego de realizar algunas compras. A esa hora y en el estacionamiento de la plaza fue aturdido por el golpe de la cacha de una escuadra. Varios sujetos lo subieron a su propia camioneta, donde comenzó su calvario.
Luego del levantón, el contador fue golpeado salvajemente e interrogado durante varias horas sobre sus propiedades y también sobre los negocios y los ingresos de quienes contratan y pagan por sus servicios. Lo obligaron a entregar sus vehículos con las correspondientes facturas endosadas.
Si habló o no sobre las actividades económicas de sus empleadores, solo él lo sabe; ello no viene al caso porque cuando está en peligro la vida tampoco se le puede exigir que haga consideraciones éticas.
Al final fue liberado pero antes de ello, amenazado en el sentido de que si denuncia los hechos, su familia y él mismo pagarían las consecuencias. Recibió dos balazos –uno en la pierna y otro en la cadera– y fue abandonado en un potrero, a 30 minutos de su casa.
Vivió para contarlo, pero no lo denunció, su recuperación tardó semanas y hoy, en un fenómeno muy parecido al Síndrome de Estocolmo, agradece a sus agresores porque le dieron “una nueva oportunidad para vivir.”
Lamentablemente, este es uno de los mil 300 secuestros que se registran al año en el territorio nacional, de acuerdo con estadísticas oficiales; otras cifras, menos alegres, hablan de al menos 7 mil secuestros en un año. Y es que solo una mínima parte de los secuestros que se registran son denunciados, por miedo o por desconfianza en la impartición de justicia.
Apenas ayer, El Universal publicó un interesante trabajo sobre la privación ilegal de la libertad en nuestro país. Destaca el hecho de que en los últimos 5 años, los casos de secuestro se han triplicado. También es relevante el dato de que un alto porcentaje de quienes cometen este delito pertenecieron a las fuerzas armadas o a diferentes cuerpos de seguridad. La impunidad es preocupante, porque más de la mitad de los detenidos por este delito aseguran que de haber tenido dinero, seguirían en libertad.
Durante los primeros meses del año, el presidente Calderón turnó al Congreso una iniciativa que consideraba la cadena perpetua para secuestradores. La iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro también establecía mecanismos para dar seguimiento al paradero y a las actividades de quienes hayan cumplido penas por ese delito, a fin de evitar reincidencias. El ejecutivo también propuso sanciones específicas para cada modalidad, desde la privación de la libertad para exigir rescate, hasta la extorsión, pasando por la toma de rehenes, la simulación de un secuestro o, incluso, la amenaza.
De acuerdo con la propuesta presidencial, el castigo más bajo era de 350 días de trabajo comunitario para quien simulara ser víctima de un secuestro; el más alto, la prisión de por vida a quien secuestre a un menor, a un anciano o a una mujer embarazada.
A finales de abril, el Senado de la República aprobó la ley con algunas modificaciones. Si bien no se contempla la cadena perpetua, el castigo ya no quedará en 25 años de cárcel, sino que pasa ahora a 50 años, en caso de que los secuestradores sean o hayan sido integrantes de un cuerpo de seguridad, de fuerzas armadas o de procuración de justicia.
Para vergüenza nacional, México es considerado como uno de los países con mayores índices de secuestro, un delito que representa a nuestra sociedad un costo millonario, porque de acuerdo con datos del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, en dos años, entre 2007 y 2009, los secuestradores obtuvieron un botín superior a los 6 mil 750 millones de pesos.

luisromero85@hotmail.com

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