Municipios endeudados

Luis Alberto Romero

Entre el recorte de las participaciones federales que corresponden a los municipios y el desorden administrativo de los alcaldes, las finanzas de la mayoría de los Ayuntamientos veracruzanos están hechas un asco.
Las deudas asfixian a los ayuntamientos y muchos alcaldes han optado por esconderse, ante la incapacidad, no sólo para enfrentar a los proveedores que ya son acreedores, sino para cubrir los gastos de operación del órgano de gobierno municipal, que incluye servicios básicos, como seguridad (gasolina, mantenimiento de equipos y nómina de policías) y recolección de basura. En ese sentido, la determinación de muchos presidentes municipales equivaldría a que un abarrotero baje la cortina por falta de mercancía para atender a la clientela.
La quiebra es ya inminente, porque las autoridades de muchos municipios ni siquiera tienen dinero para pagar la nómina de sus trabajadores sindicalizados.
Muchos empleados de confianza no cobran desde hace varias quincenas; otros ya fueron despedidos y en cascada llegarán las demandas laborales, que deberán enfrentar las próximas administraciones.
Así, sin recursos, con enormes deudas, sin capacidad de operación, en bancarrota y con descontento social por el incumplimiento de compromisos de obra pública, los Ayuntamientos que terminan pasarán a la historia con más pena que gloria.
Podría decirse que los alcaldes en funciones no son responsables de los recortes en las participaciones federales y que ese es el factor que determina su quiebra; sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de autoridades que ejercen el presupuesto de manera irresponsable e irreflexiva, que incrustan en la nómina del ayuntamiento a decenas de aviadores como pago de facturas políticas. Por supuesto, esa imprudencia trae un alto costo para las finanzas municipales.
Hasta hace poco, por ejemplo, en la nómina de Poza Rica se encontraba un verdadero ejército de operadores políticos que cobraban en el ayuntamiento por los servicios prestados a su partido en la pasada elección municipal. Esa misma estructura fue usada también durante la reciente campaña de Pablo Anaya a la diputación local y después, quienes integraron esa fuerza de promoción del voto fueron echados del ayuntamiento, que ya estaba ahogado en deudas.
Cuando Anaya Rivera llega a la presidencia municipal de Poza Rica, anuncia un programa llamado pomposamente “de reingeniería municipal” y crea varias secretarías (desarrollo sustentable y servicios generales, entre otras); sólo en el área de participación ciudadana contrata a más de 40 nuevos funcionarios y se estima que la nómina municipal llegó a 500 elementos. Ese manejo de las finanzas municipales provocó un verdadero problema económico al ayuntamiento. El suplente de Anaya, Marco Aurelio Alarcón Trueba, que hasta hace poco era funcionario de medio pelo en el municipio, se sacó la rifa del tigre y hoy encabeza un Gobierno municipal sin dinero y con una impresionante deuda, una deuda que heredará sin duda a la próxima administración.
Jodidos los que se quedan. Anaya, por su parte, está del otro lado, la libro, será diputado local y si resulta cierto lo que él mismo dice a quien lo quiera escuchar, podría ocupar la secretaría de salud, por un compromiso establecido con el hoy gobernador electo.
Mientras tanto, Poza Rica, de acuerdo con el diputado local Federico Salomón Molina, se encuentra en la lista de 150 municipios veracruzanos en problemas financieros, al igual que Xalapa, San Andrés Tuxtla, Veracruz, Coatzacoalcos, y Córdoba, que enfrentan fuertes deudas.
El dato del diputado sobre los problemas financieros de la mayoría de los ayuntamientos de Veracruz resulta preocupante, porque habla e una “quiebra económica grave”. Son ayuntamientos, dijo, que han recurrido al endeudamiento para enfrentar sus compromisos financieros, en medio de un ambiente de opacidad.

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