Explotación de menores

Luis Alberto Romero

Los datos que hablan de la explotación sexual infantil en nuestro país revelan una realidad que durante décadas ha sido ignorada por la clase gobernante.
La información proporcionada por organismos oficiales, como el DIF y no gubernamentales, como la Casa Alianza, se refiere a unos 16 o 20 mil niños que padecen todo tipo de abusos derivados de la explotación que enfrentan.
Recientemente Namiko Matzumoto, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la UV, nos recordó que en nuestro país, unas 500 mil personas son explotadas; de esa cifra, casi 20 mil –dijo– son niños.
La investigadora de la universidad participó en el foro “Medios electrónicos y de comunicación en delitos de trata de personas”, donde expuso que en México, unas 47 bandas se dedican a la explotación sexual de las personas.
Es, la trata de personas, el tercer negocio más lucrativo del mundo, superado sólo por las armas y la droga, con ganancias de diez mil millones de dólares anuales. Ayer, El Heraldo publica lo manifestado por Lourdes Gutiérrez Ortiz, Subdirectora de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien apuntó que las bandas que se dedican a este delito enganchan a sus víctimas en comunidades pobres del sureste del país.
El DIF nacional, por cierto, reconoce que dicho problema afecta de manera directa a unos 16 mil menores que son víctimas de explotación sexual. La directora de Protección a la Infancia del DIF, Ana Patricia Elías Ingram, ha declarado en reiteradas ocasiones que dicha instancia ha brindado atención a dos mil 619 niños que fueron víctimas de explotación sexual y a más de 37 mil que se encontraban en riesgo.
Agrupaciones no gubernamentales como la Casa Alianza, que se dedica a la atención de niños de la calle, no coinciden con las estadísticas oficiales y sus representantes afirman que no son 16 mil, sino 32 mil los niños y adolescentes afectados por esa práctica ilícita.
Es, la explotación sexual infantil, la forma más extrema de violencia que los adultos pueden ejercer contra los niños.
Lamentablemente, en el diagnóstico se quedan cortos porque si bien es un problema que se presenta con mayor intensidad en las zonas rurales y pobres del sureste del país, también es una realidad en las zonas indígenas de Veracruz, desde la Huasteca alta hasta el Totonacapan, donde no existe ni un sistema confiable de medición, ni la protección legal de las niñas y niños, para evitar el problema.
Todavía hoy, en esas zonas, cualquiera puede literalmente “comprar” a un menor con tres o cinco mil pesos porque ante la pobreza extrema, muchas familias han preferido vender a sus hijos para que sirvan en todo tipo de tareas, desde las domésticas hasta el campo, con los riesgos que ello implica para su futuro.
En la Huasteca alta, niñas de ocho o diez años son obligadas a servir en labores domésticas que en muchas ocasiones implican abusos sexuales. En el Totonacapan, por ejemplo, es práctica común en las familias indígenas “la asignada”, niñas que son entregadas para el servicio doméstico sin más pago que el alimento y la ropa. Lo curioso es que ni uno de los dos casos forma parte de las estadísticas, a pesar de que por lo general también existe explotación, así como ataques sexuales.
Por ello cobra mayor importancia la posibilidad de que aumenten las penas para quien incurra en el delito de trata de personas. En Veracruz, ese ilícito podría ser castigado con hasta 30 años de cárcel, sin derecho a fianza. El dictamen correspondiente ya fue elaborado por las Comisiones de justicia, derechos humanos y atención a grupos vulnerables de la Legislatura del Estado y los diputados se encuentran hoy ante la posibilidad de atender un problema que agravia e indigna a los veracruzanos.

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