Verde olivo

Rodrigo Vidal
Zona de Tolerancia

No es fortuito que en el último año la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intensificara la capacitación de su personal en materia de derechos humanos, como lo informó el pasado lunes la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El Ejército Mexicano es la autoridad que más quejas acumula en todo el país por presuntas violaciones a las garantías individuales. De enero a septiembre del presente año la Sedena lleva 1,193 quejas ante la CNDH.
Ya en 2009 el organismo había capacitado a 10,594 militares, sin embargo, las quejas no disminuyeron en el presente año. Tal parece que por ello en este año aumentó 57 por ciento la cantidad de personal militar, con 16,641 soldados asistentes a los cursos de capacitación sobre derechos humanos.
Con la llamada guerra contra el crimen que emprendió el gobierno de Felipe Calderón hace cuatro años, las fuerzas armadas pasaron de ser una de las pocas instituciones respetadas en este país a ser la principal transgresora de las garantías individuales.
Pero resulta curioso que pese a estas cifras de la CNDH, y las opiniones de especialistas en materia de seguridad y combate a narcotráfico, que rechazan la presencia del Ejército Mexicano en esta lucha, Calderón se mantenga en sostener a los militares en el frente de batalla.
En la discusión del presupuesto de egresos de la federación para 2011, el Gobierno federal mantuvo su discurso de requerir más recursos para mantener “su” guerra, que ha generado más de 10,300 muertes en el año en todo el país, y conste que no todos los caídos son criminales.
Uno de los ejemplos más recientes es el caso de dos jóvenes que fueron asesinados en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, en un centro de control de la Secretaría de Marina Armada de México. De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, en los hechos ocurridos la madrugada del domingo, fallecieron por arma de fuego Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román, quienes presuntamente se negaron a hacer alto en un retén.
Ya la CNDH toma cartas en el asunto, y un comunicado aseguró que realizará las indagatorias que se requieran y, tras el análisis y valoración de las evidencias, emitirá la resolución que conforme a derecho corresponda.
El organismo recuerda que, tanto las leyes mexicanas como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, obligan a las autoridades a realizar las tareas de seguridad pública con apego a derecho y con respeto a los derechos fundamentales a la vida y la integridad física de todas las personas.
Mientras el Estado no le apueste a la educación y la generación de empleos bien remunerados (no con salarios de hambre), será difícil modificar el contexto actual que permitió el crecimiento del narco en México.
Hoy en México todos nos sentimos amenazados por la inseguridad, y para colmo, la falta de seguridad no proviene sólo del crimen organizado, también de nuestros cuerpos policíacos (cómplices en muchos casos de la delincuencia), y del Ejército, como lo muestran el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH.

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