Carmen y la cadenita

Rodrigo Vidal
Zona de Tolerancia

Carmen Aristegui salió a dar la cara y presentar su versión sobre el despido de MVS radio, que dista mucho de lo que la empresa propiedad de la familia Vargas, difundió en un comunicado el pasado lunes. No fue un asunto de ética, sino de concesiones. El dinero y el poder –principalmente éste– dominaron sobre la decisión de la cadena de comunicación para rescindir el contrato con la periodista.
En la nutrida conferencia de prensa que Aristegui ofreció ayer, responsabilizó directamente a la Presidencia de la República de su despido –como millones de personas lo hicieron en diversas redes sociales, en protestas en plazas públicas, en escritos y artículos periodísticos–.
Pero fue más allá, negó que el malestar de la cadena MVS radio fuera por romper el código de ética de la empresa –al pedir información sobre el estado de salud de Felipe Calderón, a quienes los diputados del PT en el Congreso de la Unión llamaron borracho–, sino por la renovación de las concesiones, que el gobierno ha convertido “en un asunto político más que jurídico o técnico, como debiera ser en una democracia”.
Y sobre eso “la familia Vargas, sabe muy bien que la renovación de las concesiones están en el cajón del presidente”.
Incluso, detrás están los poderes fácticos, los que sin importar quién ocupe Los Pinos (PRI o PAN), sostienen el sartén por el mango; ese poder concentrado –y que por nada del mundo pretende ser compartido– en el duopolio Televisa-TV Azteca, que impone sus intereses en la renovación de las concesiones.
Hoy Calderón actúa no como presidente, sino como empleado en turno de la mafia que se ha negado a tocar en su lucha contra la delincuencia, la familia de pillos Azcárraga-Salinas Pliego.

Feudos
Pero la represión que enfrentan quienes ejercer la crítica desde el periodismo empeora en los estados de la provincia. No hay gobernador que no imponga su sello hasta en las editoriales de los periódicos, revistas, noticiarios de radio y de televisión, aunque eso implique acallar a las pocas –y cada vez menos– voces y plumas críticas a su administración.
Con Fox y con Calderón (hasta hace algunos meses), se pudo ejercer la crítica a la figura presidencial sin mayores consecuencias, pero con los gobernadores de los estados no. Veracruz es un caso más.
La represión a la libertad de expresión en cada una de las entidades rebasa el ejercicio periodístico e incluye a diferentes sectores de la sociedad que no están “alineados” con el virrey en turno. Nada más grave que eso, pues toda acción que se ejerza desde el poder para impedir la libre manifestación de las ideas y evite la crítica a la forma de des-gobierno de los mandatarios, es un yugo más que impide el avance de la democracia en el país.
Al permitirlo, como periodistas y como ciudadanos, nos convertimos en cómplices de nuestros inquisidores y verdugos. Por eso nos debe preocupar el caso de Carmen Aristegui, pero más nos debe ocupar lo que ocurre en nuestra entidad, donde el atropello a una de las principales libertades del ser humano es el pan de cada día. Es una cadenita que ya debemos romper.

En la mesa del rincón
Se separó una serpiente de la cabeza de la Medusa-Gordillo, pero con este hecho se prevé que poco cambie dentro del SNTE… y ese sindicato, aunque nuevo, no dejará de ser reptil.

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