¿Libertad de expresión?‏

Miguel Ángel Gómez Polanco
Vía Crítica


A principios de año tuve la oportunidad de entrevistar a Fabián Aguinaco Bravo, abogado constitucionalista que impulsó, junto a un grupo de autodenominados intelectuales y comunicadores de México, juicio de amparo contra la fracción tercera del artículo 41 de nuestra Carta Magna, que prohíbe a particulares la contratación de espacios para propaganda en televisión y radio, con fines electorales, reservando esa acción a los órganos o partidos políticos.
Aguinaco me decía que esta reforma violentaba la libertad de expresión pues cercenaba un derecho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido como fundamental y por lo tanto debe ser prioridad, por encima de cualquier otro asunto, sobre todo político o de interés afín, en aras de proporcionarle a la sociedad una verdadera oportunidad de acceder a la información como instrumento de la democracia.
No obstante, después de nombrar a José Pardo Rebolledo como sustituto del finado José de Jesús Gudiño en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo ha sido declarado, como para muchos se veía venir, improcedente, al igual que los demás presentados contra esta reforma.
Pero la improcedencia de este recurso, más que un dictamen de la SCJN, debiera ser puesto a consideración de los que, según sus impulsores, son los verdaderos afectados: los ciudadanos.
Antes que alegar una libertad de expresión limitada y poder juntar la “vaquita” para, como particular, contratar un espacio en medios duopolizados que hacen inalcanzable esta posibilidad con sus precios, sería conveniente considerar el interés que tiene un país con 5.3 millones de analfabetas en tener acceso a una información que vaya más allá de la despensa, la playerita o el lotecito.
¿En verdad la ciudadanía mexicana está en posición de exigir respeto a una libertad de expresión que favorezca los intereses de las mayorías? De ser así, Aguinaco y los intelectuales tendrían razón. Lamentablemente, en el contexto que envuelve a México, las acciones de este grupo representan los intereses de una clase a la que gran parte de la sociedad azteca no pertenece. Por eso, tal como se lo dije a Fabián Aguinaco, lo primero es motivar el deseo por informarse, apoyar la educación, promover desde temprana edad la inclusión en los temas de verdadera trascendencia en nuestro país, como lo ha hecho la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), por ejemplo, a través de convenios con instituciones educativas como la UNAM.
El problema no es contar con libertad de expresión, sino cimentar un derecho que, aunque fundamental, no significa que les interese a todos gozarlo.

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