La Ley Duarte, paso de cangrejo

Roberto Morales Ayala
Zona Franca

Que se recuerde, nunca un gobernador de Veracruz había sido tan maltratado como le ocurre a Javier Duarte de Ochoa por su iniciativa de reforma al Código Electoral, que no se propone por la vía del consenso sino por la imposición.
Lo llaman Adolfo Hitler. Le dicen tlatoani. Lo conciben como un señor feudal.
Advierten en él intentos de asumirse como un dios, infalible todopoderoso, omnipotente. Su dedo decide el futuro de los veracruzanos. Su voluntad es dictado y sus decisiones, inapelables. Su proyecto de reforma al Código Electoral es un retroceso, una imposición, una contraposición con la reforma política que a nivel federal ha planteado el PRI.
Así lo tratan analistas y dirigentes de partidos políticos, evidentes las intenciones del gobernador Javier Duarte de perfeccionar el Código Electoral de Veracruz para facilitarle al PRI su permanencia en el poder y para limitar los alcances de la oposición y los afanes democráticos de la sociedad.
Javier Duarte ha sido desaseado en el manejo de propuesta electoral, haciéndola llegar al Congreso de Veracruz apenas el 20 de julio y una semana después, este viernes, será sometida al pleno de la Legislatura para ser votada.
La intención es manifiesta. Pretende usar su mayoría priísta, más su alianza con el Partido Nueva Alianza, para aprobarla y así salirse con la suya.
En la forma, Duarte muestra impericia política y una grave incapacidad para consensar con la oposición y trabar acuerdos, al costo que sea.
Eso es cuanto a la forma. En lo que toca al fondo, está peor.
Líneas más, líneas menos, la reforma de Código Electoral propuesta por el gobernador Duarte contiene elementos que hablan de la regresión en la que nos quiere meter a los veracruzanos con la única intención de garantizar la prevalencia del PRI en el poder.
Por un lado, la propuesta duartista establece que los observadores electorales tendrán que ser sólo veracruzanos. Ningún observador de otro estado o del extranjero, podrá volver a participar en comicios del estado de Veracruz, lo que trastoca la transparencia y, desde luego, la pulcritud y limpieza en los comicios.
No sólo eso. Los observadores veracruzanos sólo tendrían participación el día de la elección, negándoles el derecho a la etapa de preparación o después de la jornada electoral.
La reforma al Código Electoral de Veracruz restringe el derecho de los partidos políticos a acudir a instancias fuera del estado para la resolución de los conflictos jurídicos que surjan a partir de las impugnaciones, lo que le da una visión feudal al proyecto duartista.
Así mismo, los órganos electorales seguirán siendo un instrumento del gobernador para imponer alcaldes y diputados locales a través de elecciones amañadas y, por supuesto, fraudulentas.
En cuanto a los medios de comunicación, la propuesta de Javier Duarte provocó una airada reacción al advertir que el artículo 48, apartado tercero, contenía un sesgo restrictivo para la prensa que publicara críticas a los partidos y candidatos.
El argumento de Javier Duarte fue que le preocupaba la “guerra sucia” en campañas, como si fuera fácil olvidar que en su periplo hacia el gobierno de Veracruz desató un baño de lodo contra su contrincante panista, Miguel Angel Yunes Linares.
Finalmente, asegura el diputado priísta Eduardo Andrade Sánchez, el texto represor fue retirado.
Otro punto cuestionable es la falta de controles de las encuestas de intención de voto, que en la práctica han servido como armas de propaganda para los partidos, sobre todo para el PRI, dado el altísimo costo que representa la realización de sondeos y a partir de ellas, el posicionamiento del puntero en el ánimo de los electores.
Uno de los actores políticos que han enfrentado al gobernador de Veracruz, ha sido Marco Antonio Núñez, secretario general del Partido Acción Nacional en la entidad, quien dio a conocer las inconsistencias de la llamada Ley Duarte.
Por un lado, la reforma al Código Electoral “rompe con jerarquías constitucionales de interpretación jurídica” e impone sanciones a jueces que antepongan su criterio jurídico y constitucional al del código veracruzano y, por si fuera poco, les impone responsabilidad.
En relación a las limitaciones a los observadores electorales, provoca que el proceso electoral sea opaco, nada transparente, pues niega la acreditación a los observadores nacionales e internacionales y “limita a que sólo los veracruzanos pueden ser observadores”.
Existe en el proyecto de Ley Duarte una dedicatoria a movimientos sociales, como el #YoSoy132, ya que “los ciudadanos no pueden tener vínculos con formas democráticas de expresión que se produzcan en contra de cualquier candidato, y reducen el plazo para la inscripción de los observadores”, como si se tratara de realizar la elección veracruzana en lo oscurito.
El PAN ha precisado que el Código Electoral va en franca contraposición con la reforma política, en primera porque no homologa su calendario electoral con el federal, y por otra parte, intenta asignar espacios plurinominales “en atención a un porcentaje que es el doble que el de la Federación. Aquí se pretende que sea del 16 por ciento sobre la votación”, lo que daría una sobrerrepresentación al partido mayoritario.
Y en ese punto, el PAN precisa:
“Este porcentaje es completamente distinto a lo que en la Constitución Federal se establece, que es del 8%. Esto es, se eleva la posibilidad hasta en un 16% al concepto de partido mayoritario, para que en su momento se le puedan otorgar más diputaciones plurinominales al mismo, rompiendo con un principio de proporcionalidad”.
La Ley Duarte es regresiva, contraria al avance democrático, una aberración jurídica y que, además, evidencia los temores del gobernador de Veracruz a perder en 2013 el Congreso y con ello dar por fracasado su sexenio.
Hoy, en Xalapa, se debatirá el proyecto de reforma, la Ley Duarte. Hoy es un día crucial para el futuro del gobernador.