Terrorismo político

Roberto Morales Ayala
Zona Franca

La empresa Soriana pasó, de ser vinculada al fraude priísta, vía monederos electrónicos entregados a miles de clientes a cambio del voto para el candidato presidencial Enrique Peña Nieto, a punta de lanza de una embestida mediática que responsabiliza a la dirigencia del PRD de las protestas y agresiones a sus tiendas y empleados por supuestos activistas del Movimiento Progresista.
Se trata de un caso complejo; enredado, pudiera decirse. Soriana aparece como verdugo y víctima, usada por el PRI para moverle votos y después como instrumento para arremeter contra el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, y los dirigentes de ese partido, con razón aunque pudiera ser sin ella.
Ciertamente, es condenable el que cualquier empresa, institución o persona sea objeto de violencia.
Es importante que se distinga entre la violencia y las protestas.
A diario, Soriana es asediada, primero por priístas que se sienten víctimas de un engaño al intentar usar los monederos electrónicos a cambio del voto que le concedieron a Peña nieto. Después, objeto de manifestaciones dentro y fuera de sus instalaciones por parte de simpatizantes de la izquierda o ciudadanos que repudian el fraude.
Diferente a las protestas, pero en el mismo escenario, son los enconos radicalizados o los actos violentos provocados por unos para culpar a otros. Todo ello es condenable. Sin embargo, nada justifica a los dueños de Soriana a actuar con el mismo dolo del que se dicen víctimas, al asegurar, sin investigación de por medio, sin una prueba categórica, sin los ases de la baraja en la mano, que los porros o agitadores que cometieron actos vandálicos contra sus tiendas son enviados por los dirigentes del PRD o por el mismo López Obrador.
Es práctica común, y abundan los ejemplos que lo demuestran, la estrategia de infiltrar a porros en los movimientos sociales con el perverso objetivo de desvirtuar las protestas.
Antes que acusar, Soriana debe exigir una investigación a fondo y, como elemento fundamental, aportar pruebas que sustenten una denuncia y lleven a juicio a quienes han cometido actos vandálicos, pero no debe meter en el mismo carrito a quienes se manifiestan por la indiscriminada compra de votos.
Soriana ha esgrimido que desde el arranque del conflicto poselectoral, sus instalaciones han sufrido 180 manifestaciones al interior de sus tiendas. En un desplegado público, señaló la mecánica de la protesta: llegan; se presentan como integrantes del Movimiento Progresista, que fue el que apoyó a López Obrador; cierran el establecimiento sin dejar entrar ni salir a nadie; roban carritos con productos, e incurren en desmanes.
Con esa “evidencia”, Soriana hace responsable de lo que ocurre al candidato López Obrador, al líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, y al coordinador de la campaña de la izquierda en el proceso federal, Ricardo Monreal.
Soriana presentó denuncias y persistió en su afán de responsabilizar a los dirigentes de la izquierda, negando que hayan sido parte del fraude e inmolándose por las reacciones de los manifestantes. Aunque su denuncia fue “contra quien resulte responsable”, los disparos fueron contra AMLO y compañía.
Mano suave, mano dura, Soriana criticaba y denunciaba y al mismo tiempo pedía a López Obrador conminar a sus seguidores a conducirse con “legalidad”.
El desplegado de Soriana se difundió cuando una de sus sucursales, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, fue atacado con bombas molotov, muy temprano, antes de abrir sus puertas al público, gracias a lo cual no hubo víctimas qué lamentar.
Habría que tomar en cuenta que si en Nuevo León –cuna del consorcio empresarial de las tiendas Soriana-, AMLO tiene pocos seguidores, menos los tiene, precisamente, en el municipio de Guadalupe.
López Obrador simplemente les ha respondido que no es él quien ha ordenado tales acciones, ni las protestas ni los ataques incendiarios. Les pidió serenarse. Zambrano, en cambio, anunció que los demandará por difamación y daño moral.
Pero el asunto está aún más sucio, quizá Soriana sea el distractor que ponga en evidencia, una vez más, a una izquierda violenta y terrorista. Sobre todo, en estos momentos en que se critica que el PRI haya negado reiteradamente, por voz del coordinador de la campaña de Peña Nieto, Luis Videgaray, que la campaña priísta hubiera contratado los servicios del Grupo Financiero Monex.
Casi un mes después, doblegado por las evidencias, el PRI admitió que sí usó tarjetas Monex para pago de salarios de su personal. La operación se realizaba a través de la empresa Alkino y esta, supuestamente sin saberlo el PRI, algo totalmente inverosímil, se entendía con Monex.
La aceptación del PRI de la injerencia de Monex en sus operaciones de pago a su personal, provocaron que la tormenta arreciara.
Pero hay algo más. El uso de tarjetas o monederos electrónicos por parte de partidos políticos es una una figura válida, avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE.
Esa “propaganda válida” ha sido objeto de sentencias del TRIFE en juicios de impugnación e invariablemente han sido rechazadas como instrumento de fraude.
Más aún, las usó Eruviel Avila en su campaña por el gobierno del Estado de México; la llamó “La efectiva”. En Tabasco el PRI la llamó “La Choca”.
Pero también los perredistas tuvieron la suya. Alejandro Encinas, en el Estado de México, y Angel Aguirre Rivero, en Guerrero, usaron “La cumplidora”. El priísta Fausto Vallejo, usó “La efe”. El PAN y el PANAL la impugnaron como instrumento de fraude, pero sin éxito.
Son empleadas para otorgar descuentos, llamadas telefónicas gratuitas y acceso a programas sociales, siempre y cuando el candidato gane.
El asunto es complejo. En sí no es la tarjeta razón del fraude sino la cantidad de millones que usó el PRI, a través de Soriana, para comprar votos, o Monex para pagarle a sus estructuras electorales, y que suman cientos de millones de pesos, lo que provocó una elección desigual, violando topes financieros y torciendo la democracia.
En todo ello, a la desesperada, el PRI lanza su campaña mediática usando la denuncia y los desplegados de Soriana como punta de lanza de la sigilosa embestida de empresas que han sido objeto de exhibición pública por su inmoral actuación a favor de uno de los candidatos, como lo hace Televisa y las empresas pseudoperiodísticas del magnate Mario Vázquez Raña, entre ellas, por estos lares, el Diario de Xalapa. (romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)