Jaque Mate / Tomado de Reforma. 24.07.13
"El más delicioso de todos los privilegios: gastar el dinero de otra gente". John Randolph
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, anunció este 22 de julio su decisión de pagar a Ángel de María Soto Zárate, la maestra injustamente detenida en el aeropuerto de la Ciudad de México por supuesto tráfico de cocaína, el pasaje de avión a Brasil para cumplir con su sueño de conocer al papa Francisco. Y no sólo a ella sino a toda su familia, como lo anunció la propia joven en su cuenta de Twitter.
Nadie objetaría este desplante de generosidad si el gobernador pagara de su bolsillo, pero serán los contribuyentes los que tendrán que cubrir el costo. Y todo para beneficio político del gobernador, cuya foto junto a la joven fue publicada ayer en gacetillas pagadas con dinero público.
No es la decisión de Duarte de cubrir un viaje de placer de Ángel de María y su familia el único ejemplo reciente de uso cuestionable de dinero público. El gobierno de Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre Rivero, utilizó recursos de los contribuyentes para cubrir la fianza de tres miembros de la policía comunitaria de Olinalá a quienes se les está procesando por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Mientras tanto, el Instituto Federal Electoral ha ordenado al Partido de la Revolución Democrática que pague 25 millones de pesos que se le deben a una empresa que proporcionó carpas, lonas, escenarios, plataformas y equipo de audio al plantón de Andrés Manuel López Obrador en el corredor Reforma-Centro Histórico de la Ciudad de México en 2006. Los actuales dirigentes del PRD lamentan tener que hacer el pago, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado como obligatorio, debido a que López Obrador ahora está empeñado en formar su propio partido y se ha desinteresado de la organización que lo postuló en 2006. La verdad, sin embargo, es que el castigo no se está aplicando al PRD sino a los contribuyentes, quienes tenemos que cubrir todos los gastos de los partidos y hasta los intereses para solventar esta deuda en mensualidades.
Es sintomático de nuestro sistema que ni el IFE ni la Corte han ordenado a Andrés Manuel o al PRD pagar los daños generados a negocios y personas por el prolongado plantón de 2006. Solamente el proveedor tiene derecho a compensación. Lo más injusto es que los contribuyentes que sufrieron pérdidas o se quedaron sin empleo tendrán que aportar dinero para cubrir los gastos que López Obrador realizó para provocarles ese daño.
Los políticos nos dicen constantemente que necesitan una reforma fiscal para que los contribuyentes paguemos más impuestos y el gobierno tenga más recursos para gastar. Los ejemplos de dinero mal utilizado, sin embargo, son abrumadores. Los gobernadores, en particular, parecen tener la libertad de utilizar el recurso público de la manera en que se les antoje... como pagar viajes de placer o cubrir fianzas de personas que han violado la ley. La idea de que los avances en competencia electoral y transparencia harían más sensatas las erogaciones públicas ha resultado falsa.
Los funcionarios nos dicen para justificar el gasto que éste nos da seguridad, educación y una disminución de la pobreza. Pero a pesar de los billones de pesos que los distintos órdenes de gobierno erogan cada año, la inseguridad en el país se ha mantenido a niveles extraordinariamente altos, nuestro sistema escolar es incapaz de generar graduados con habilidades siquiera básicas y la pobreza no desciende.
Con todos los casos de gasto superfluo que estamos viendo en gobernadores y otros funcionarios, me pregunto por qué tendríamos los mexicanos que aceptar una reforma que simplemente nos quite más dinero en impuestos.
FALLIDO MICHOACÁN
Parece increíble que un grupo armado pueda agredir una manifestación de protesta contra Los Caballeros Templarios, matar a cinco y escapar como si nada. Lo ocurrido en Los Reyes comprueba que en Michoacán la única fuerza real es la delincuencia.
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, anunció este 22 de julio su decisión de pagar a Ángel de María Soto Zárate, la maestra injustamente detenida en el aeropuerto de la Ciudad de México por supuesto tráfico de cocaína, el pasaje de avión a Brasil para cumplir con su sueño de conocer al papa Francisco. Y no sólo a ella sino a toda su familia, como lo anunció la propia joven en su cuenta de Twitter.
Nadie objetaría este desplante de generosidad si el gobernador pagara de su bolsillo, pero serán los contribuyentes los que tendrán que cubrir el costo. Y todo para beneficio político del gobernador, cuya foto junto a la joven fue publicada ayer en gacetillas pagadas con dinero público.
No es la decisión de Duarte de cubrir un viaje de placer de Ángel de María y su familia el único ejemplo reciente de uso cuestionable de dinero público. El gobierno de Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre Rivero, utilizó recursos de los contribuyentes para cubrir la fianza de tres miembros de la policía comunitaria de Olinalá a quienes se les está procesando por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Mientras tanto, el Instituto Federal Electoral ha ordenado al Partido de la Revolución Democrática que pague 25 millones de pesos que se le deben a una empresa que proporcionó carpas, lonas, escenarios, plataformas y equipo de audio al plantón de Andrés Manuel López Obrador en el corredor Reforma-Centro Histórico de la Ciudad de México en 2006. Los actuales dirigentes del PRD lamentan tener que hacer el pago, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado como obligatorio, debido a que López Obrador ahora está empeñado en formar su propio partido y se ha desinteresado de la organización que lo postuló en 2006. La verdad, sin embargo, es que el castigo no se está aplicando al PRD sino a los contribuyentes, quienes tenemos que cubrir todos los gastos de los partidos y hasta los intereses para solventar esta deuda en mensualidades.
Es sintomático de nuestro sistema que ni el IFE ni la Corte han ordenado a Andrés Manuel o al PRD pagar los daños generados a negocios y personas por el prolongado plantón de 2006. Solamente el proveedor tiene derecho a compensación. Lo más injusto es que los contribuyentes que sufrieron pérdidas o se quedaron sin empleo tendrán que aportar dinero para cubrir los gastos que López Obrador realizó para provocarles ese daño.
Los políticos nos dicen constantemente que necesitan una reforma fiscal para que los contribuyentes paguemos más impuestos y el gobierno tenga más recursos para gastar. Los ejemplos de dinero mal utilizado, sin embargo, son abrumadores. Los gobernadores, en particular, parecen tener la libertad de utilizar el recurso público de la manera en que se les antoje... como pagar viajes de placer o cubrir fianzas de personas que han violado la ley. La idea de que los avances en competencia electoral y transparencia harían más sensatas las erogaciones públicas ha resultado falsa.
Los funcionarios nos dicen para justificar el gasto que éste nos da seguridad, educación y una disminución de la pobreza. Pero a pesar de los billones de pesos que los distintos órdenes de gobierno erogan cada año, la inseguridad en el país se ha mantenido a niveles extraordinariamente altos, nuestro sistema escolar es incapaz de generar graduados con habilidades siquiera básicas y la pobreza no desciende.
Con todos los casos de gasto superfluo que estamos viendo en gobernadores y otros funcionarios, me pregunto por qué tendríamos los mexicanos que aceptar una reforma que simplemente nos quite más dinero en impuestos.
FALLIDO MICHOACÁN
Parece increíble que un grupo armado pueda agredir una manifestación de protesta contra Los Caballeros Templarios, matar a cinco y escapar como si nada. Lo ocurrido en Los Reyes comprueba que en Michoacán la única fuerza real es la delincuencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario