Aguilar Yunes y Adriano

Salvador Muñoz
Los Políticos

A veces la encuentro con “Porfirio”, el amigo de mi “Harry”. En las noches, por lo regular. Platicamos poco, breve, conciso… al asunto. Algunas ocasiones, sobre nuestros amigos de cuatro patitas… otras, de futbol… pero en aquella ocasión, Olivia me platicó del infierno que vive desde hace casi cuatro años dando vueltas y vueltas en la Junta de Conciliación y Arbitraje después de haber enviudado.
Perdió al marido y ha perdido también tiempo y otras muchas cosas, entre ellas su fe en las autoridades… bueno, no tanto, pero ésta se ha desgastado por desidia, burocratismo y si se le rasca más, hasta por otras cosas que uno pudiera imaginar una especie de contubernio entre autoridades y el Instituto de Pensiones del Estado, pero eso sería pensar mal, tanto de Marco Antonio Aguilar Yunes como de Armando Adriano Fabre; poner en duda su trabajo y sobre todo, en tela de juicio el interés primordial que debe prevalecer en ambos funcionarios: en el primero, el trabajador; en el segundo, el pensionado.
Olivia Martinez Servín asume burocratismo en la impartición de justicia laboral dentro de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Ella demandó pensión por viudez tras la muerte de su esposo pero el IPE le negó tal derecho y el proceso se tramitó primero en la Junta Especial número 3 y por razones que ignora, el expediente número 480/2010-iii-v se turnó a la Junta Especial número 5 de la local de Conciliación de esta ciudad, a cargo de Marta Lucrecia Hernández Machuca, donde actualmente duerme el sueño de los justos… el expediente, no Marta Lucrecia.
Un año transcurrió para que se dignara el Tribunal Laboral a dictar el laudo y fue hasta el primero de marzo de 2011 que condenó al Instituto de Pensiones del Estado a pagar a Olivia la pensión por viudez.
Y lo que debía ser motivo de fiesta, acabó en frustración… la Junta de Conciliación “olvidó” (hay que darle el beneficio de la duda), ordenar en el laudo cuantificar el pago líquido de las pensiones que se le tenían que hacer a Olivia.
La señora, al ver esto, solicitó se abriera un Incidente de Liquidación y la Junta ¡se negó a hacerlo! aun cuando se presentaron pruebas que, quisieron o no, ya están en el expediente laboral.
No obstante, el tiempo sigue transcurriendo sin que Olivia pueda ver la justicia pronta y expedita que le otorga la constitución. Incluso, me cuenta que se ha entrevistado personalmente con la funcionaria presidente de dicho órgano de “impartición de justicia laboral” (en serio, así le dicen) para suplicarle que resuelva ya su expediente, pues su situación económica es cada día más grave. La funcionaria estatal sólo ríe cuando Olivia le pide que cumpla con su deber y deje de incurrir en claras omisiones que violan sus derechos humanos.
Comenta Olivia que esas omisiones son dilaciones procesales que, según su abogado, debieran ser sancionadas por la Ley Federal del Trabajo recientemente reformada en su artículo 48…
—¿Qué dice?— le pregunto…
—No me acuerdo…
Lo investigo… Párrafo sexto: si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será de suspensión hasta de 90 días sin pago de salario, y en caso de reincidencia, la destitución del cargo en los términos de las disposiciones aplicables; además, en este último supuesto, se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la administracion de justicia.
Pero eso, cree Oliva, al parecer a la presidenta de la Junta no le preocupa.
Por tal razón, se insiste, es seguro que este caso, como muchos otros más, se los estén pasando como bola de humo a Marco Antonio Aguilar Yunes, el secretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad… Olivia cree que si el cordobés se enterara de ello, tomaría las medidas necesarias para que se aplique justicia conforme a derecho, para que proceda y se le dé una pronta y expedita administración de justicia.
Me despido de Olivia en medio de unos cuantos gritos… ambos sufrimos de un poco de sordera… ¿acaso también la Justicia?