martes, 21 de enero de 2014

La Ley de Herodes

Luis Alberto Romero
Hora Cero

Cualquiera pensaría que se trata de una escena de la película mexicana dirigida por Luis Estrada en 1999, en la que el actor Damián Alcázar interpreta a un militante del PRI a finales de la década de los cuarenta.
En esa cinta, Juan Vargas, nombrado alcalde del pueblo de San Pedro de los Saguaros, pasa de la felicidad a la preocupación luego de recibir ese pequeño cargo; va también de una personalidad ingenua y humilde a un comportamiento voraz e inescrupuloso.
Aunque de manera satírica, ese filme retrata fielmente lo que ha ocurrido en muchos municipios mexicanos, donde simplemente los alcaldes incurren en todo tipo de excesos y atropellos.
Los casos sobran; recuerdo que hace más de quince años, por ejemplo, un alcalde de la zona norte de Veracruz pasó el trienio confrontado con su propio cuerpo edilicio, lo que le valió un enfrentamiento prolongado, estéril y muy costoso.
Hoy, el anecdotario político veracruzano nos regala otra escena; ahora, en San Andrés Tlalnelhuayocan, municipio conurbado con la capital del estado, donde la alcaldesa Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre vive un enfrentamiento con el síndico Omar Alarcón Hernández y con la regidora única, María Isabel Balladares Gómez.
De hecho, las discrepancias entre los ediles de ese lugar se comenzaron a profundizar desde la primera sesión de cabildo, en la que la presidenta municipal, con una pésima lectura, por cierto, impuso de manera arbitraria al secretario, la tesorera y la contralora municipal, a pesar del voto en contra del síndico, surgido del Partido Revolucionario Institucional, y de la regidora, de extracción panista.
Ese voto en contra de sus propuestas bastó para que la presidenta municipal amenazara a los dos ediles con una denuncia por el supuesto delito de “incumplimiento de un deber legal”.
Argumentó Arianna Ángeles que es facultad de la alcaldía “proponer” y someter a la consideración del cabildo los nombramientos de la secretaría y la tesorería; sin embargo, la presidenta municipal evidentemente no conoce la diferencia entre los verbos proponer e imponer.
Ayer, por cierto, el síndico del lugar presentó la denuncia contra la alcaldesa ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por estas irregularidades y también por el presunto robo de documentación oficial.
En un municipio, el órgano máximo de gobierno es el cabildo, que está integrado por la presidencia municipal, la sindicatura y la o las regidurías; es con el voto de la mayoría de los ediles como se toman las decisiones en los ayuntamientos.
En este caso particular, bien haría la alcaldesa en revisar el marco legal, la Ley Orgánica del Municipio Libre, y buscar la asesoría de quienes sí conocen a profundidad el tema del derecho y las facultades y obligaciones de los ediles. De lo contrario, tendremos cuatro años de excesos, atropellos y abusos de autoridad, producto, sobre todo, de la ignorancia de las autoridades que en ocasiones, es común, pierden el piso.
La experiencia y el sentido común nos dicen que de la confrontación y la falta de diálogo entre los ediles nada bueno resulta para un ayuntamiento y, en particular, para un alcalde. @luisromero85
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