Zona Franca
Todo el tiempo, siempre con él, una carpeta con información acompaña a Carlos Saldaña Grajales. Lleva ahí los rostros, los nombres, la edad, datos precisos de sus hijos, Karla Nallely Saldaña Hernández y Jesús Alberto Estrada Martínez; sus hijos a los que hace ya casi cuatro años dejó de ver.
Desaparecieron en Xalapa, donde viven. Los ha buscado dentro y fuera de Veracruz, entre amigos y familiares. Nada ha vuelto a saber. Como si se los hubiera tragado la tierra, de buenas a primeras, se fueron para nunca volver.
Harto de la pasividad de la policía, de tocar puertas en ministerios públicos, de saberse exprimido por los investigadores del gobierno, del silencio que va matando en vida, Carlos Saldaña hizo lo suyo, su propia lucha por Karla Nallely y Jesús Alberto, quienes son medios hermanos.
Un día fue hallado el automóvil de Karla Nallely. Lo tenía en su poder Isaac Moreno, un ex policía de la intermunicipal de Xalapa, a quien remitieron al penal de Pacho Viejo. Isaac Moreno dijo que el auto se lo había “dado a reparar” Filiberto Rojano, otro ex policía. La Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) no indagó más. Lo dejó ir y recuperó su libertad. A Rojano ni siquiera lo buscó.
Esa era la pista. Si un ex policía tenía el auto de la joven plagiada, se infiere que es parte de la delincuencia, pero la AVI lo dejó pasar. ¿Corrupción? Claro.
A partir de entonces, la búsqueda de los jóvenes cayó en un hoyo negro, tal como le sucede en Veracruz a los que buscan a sus familiares cuando hay indicios de la participación de corporaciones policíacas o militares.
Son cientos de casos en que la policía veracruzana actúa como la delincuencia. Levantan ciudadanos, los desaparecen, los asesinan; sus cuerpos aparecen torturados, si es que aparecen.
Son miles de casos en que la policía de Veracruz ha hecho de las suyas y permanece impune. Muchos tienen que ver con elementos de Seguridad Pública del Estado, otros tienen que ver con las policías municipales y otros con la AVI.
En la AVI la situación es insostenible. Abundan las denuncias por negligencia, por lucrar con los casos que sus agentes deben investigar, por encubrir a la delincuencia común o al crimen organizado. En las últimas semanas la olla de presión estalló. Trascendieron las quejas de muchos elementos que denunciaban la corrupción imperante, las dádivas que debían entregar a sus superiores, las cuotas a las que estaban sujetos si querían permanecer en la corporación.
De ahí que en la serie de cambios implementados por el gobernador Javier Duarte de Ochoa se haya contemplado la sustitución de los mandos superiores. Dejó la dirección Mario Delfín Domínguez y fue sustituido por un almirante de la Marina, Rogelio Gallegos Cortés, y con él llegó Tomás Enrique Duarte, como Jefe de Operaciones e Investigación Policial.
La podredumbre es tal en la AVI, que el cuestionado procurador Luis Ángel Bravo Contreras tuvo que admitir que las instituciones y los veracruzanos “estamos heridos”. Y suplica: “concédanos ese voto, tenemos ganas de hacer bien las cosas”. Y es que, dice, el gobernador Duarte le dio la instrucción de actuar de manera “impecable, pero implacable”. ¿En serio?
Difícilmente se puede ser “impecable” cuando se llega a una institución de procuración de justicia precedido de acusaciones graves de corrupción, de agresión a agentes del Ministerio Público, de amenazas, de ultrajes a la autoridad, de intento de cohecho, y en un acto de magia, le borran el historial porque el gobernador mete la mano y se decreta el “no ejercicio de la acción penal”.
Hoy la fórmula es traer personal de la Armada de México a la AVI. Su nuevo director y el jefe de Operaciones, son almirantes, incluso uno de ellos con experiencia en procuración de justicia, sólo que en la federal, en la PGR.
La militarización del territorio veracruzano para recuperar la seguridad es una medida desesperada del gobierno estatal, que debió lograr la tranquilidad de la sociedad, evitar secuestros, levantones, extorsiones, robos, asaltos a comercios, robo de autos, tráfico de migrantes, trata de personas, pero que fuera de sus primeros resultados, se ha visto rebasada en los últimos meses.
La podredumbre en la AVI ha alcanzado niveles de escándalo. Si los mismos elementos denuncian públicamente que son víctimas de extorsión y pago de cuotas a manos de sus superiores, la dependencia debía ser sacudida. Eso motivó a designar dos almirantes al frente de la corporación.
Lo que no cuaja en la decisión del gobernador Javier Duarte es que se vayan los ex directivos de la AVI y que no haya castigo para quienes delinquieron, torturaron, encubrieron y que hoy se fueron sin pagar sus culpas. Justicia a medias es una forma de injusticia.
Que lleguen mandos navales a la AVI tampoco es una solución de fondo. Está vivo en la memoria el paso del general Sergio López Esquer por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán. Los Zetas se adueñaron del estado, la violencia alcanzó niveles alarmantes, el secuestro, la extorsión y toda forma de criminalidad provocó alarma y miedo entre la población. ¿Fue la solución tener a un militar al frente de Seguridad Pública? Evidentemente que no.
Un sector de la sociedad, quizá la menos analítica, ve con buen ánimo que sean los militares quienes se hagan cargo de la seguridad en Veracruz, habida cuenta de la corrupción que priva en la policía o en la Procuraduría, pero eso suena a espejismo.
Anahí Palacios, del Colectivo por la Paz, una de las organizaciones con mayor activismo en la búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz, considera que la designación de los navales en la AVI, no representa un mayor compromiso para que cesen las desapariciones ni el respeto a las libertades.
Percibe un “estado militarizado” que evidencia “hasta qué grado el gobierno estatal ha dejado que aumente el crimen”.
Por lo pronto, cientos de casos como el de Karla Nallely Saldaña Hernández y su hermano Jesús Alberto Estrada Martínez, su amiga Itzel Quintanilla, y más de diez jóvenes que desaparecieron el 30 de noviembre de 2011 en Xalapa, están impunes.
El Colectivo por la Paz tiene documentados 484 casos de desapariciones forzadas en Veracruz en los últimos tres años. Sin embargo, Anahí Palacios asegura que son muchos más.
Ámbar Nayeli Flores Rivera, Noemí Cortés Hernández, Hugo Murrieta, Karen Janeth Martínez Lara, Giovani Palmero Arciga y Gabriela Benítez, son algunos de los casos en que los familiares han documentado negligencia oficial, encubrimiento a los culpables, corrupción de quienes deben procurar justicia.
Y en respuesta, el gobernador Javier Duarte responde militarizando la AVI. Así de mal están las instituciones de Veracruz.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
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