Auditorías, pruebas y alegatos

Luis Alberto Romero
Hora Cero

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado concluyó la etapa de determinación de responsabilidades a los funcionarios públicos que no solventaron las observaciones a la cuenta pública de 2012.
Como se recuerda, desde la Legislatura estatal se informó que 48 entes fiscalizables, entre los que destacaban la Secretaría de Comunicaciones y el Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, registraron un presunto daño patrimonial por más de 409 millones de pesos.
Tras la etapa de determinación de responsabilidades, 28 instancias lograron deslindarse y 20 más continúan en problemas, dado que no explicaron el destino de más de 328 millones.
Se trata de 15 ayuntamientos veracruzanos; sobresalen Fortín de las Flores, que solventó con documentos poco más de 792 mil pesos y reintegró 2 mil 500, aunque arrastra un presunto daño por casi 41 millones de pesos. Está pendiente, de igual forma, Xico, que tenía observaciones por casi 25 millones, de las que pudo solventar poco más de 9, quedando sin resolver irregularidades por más de 15 millones de pesos. Entre esos dos ayuntamientos se encuentra el 75 por ciento de las irregularidades encontradas a todos los municipios de la entidad.
No son los únicos; también están los casos de Alvarado, Camerino Z. Mendoza, Castillo de Teayo y Cuitláhuac, entre otros. Las observaciones emitidas a 9 ayuntamientos no superan el millón de pesos, por lo que se espera que sus ex alcaldes superen el problema sin mayores dificultades.
El caso de la Comisión de Agua Potable de Alvarado no pasó a mayores, pues las observaciones, que apenas superan el millón 100 mil pesos, fueron ya solventadas.
No tuvieron la misma suerte 5 entes estatales que salieron mal librados en la determinación de responsabilidades: la Secretaría de Comunicaciones justificó apenas 409 mil pesos y tiene más de 24 millones en proceso; están pendientes otros 19 millones que no logró solventar. Los responsables del Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos no explicaron ni reintegraron un solo centavo de los más de 225 millones observados.
Por otro lado, el Tecnológico de Alamo y la Oficina Operadora de Ciudad Mendoza tampoco justificaron un solo peso, por lo que arrastran 440 y 104 mil pesos, respectivamente.
Entre los 20 ayuntamientos involucrados, están pendientes por solventar más de 75 millones 400 mil pesos, en tanto que el presunto daño patrimonial de los entes estatales es de más de 253 millones.
Las notificaciones por parte del Orfis comenzaron con la Secretaría de Comunicaciones y el Fideicomiso del Túnel, el pasado 23 de abril y continuaron durante los días siguientes, por lo que del 12 al 22 de mayo vencerán los plazos de ayuntamientos y funcionarios estatales para interponer un recurso de reconsideración ante el Orfis; de no recurrir a éste, del 19 al 29 de este mismo mes podrán iniciar un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia.
De cualquier manera, el tiempo se agota para los ex alcaldes de 15 ayuntamientos y para los ex funcionarios de la Secom, del Túnel Sumergido y de otros 3 fideicomisos estatales, que podrían ser los próximos inquilinos del sistema de readaptación social. @luisromero85