miércoles, 25 de junio de 2014

Del púlpito al hecho hay un gran trecho

Claudia Constantino
Crónicas Urgentes

Los múltiples escándalos ampliamente difundidos de la iglesia católica; las especulaciones acerca de la crisis que atraviesa; el malogrado pontificado de Ratzinger; el raiting que el papa Francisco, no alcanza a empatar con Juan Pablo II, para muchos habrían sido razones de sobra que impidieran (por si las Leyes de Reforma, se volvían letra muerta) al clero opinar e incidir en los asuntos seculares de países prominentemente católicos como el nuestro, pero no.
En los días que vive México, es útil repasar algunas lecciones de historia: el Presidente Juárez desde la ciudad de Veracruz, en el "Manifiesto del Gobierno Constitucional a la Nación, de 7 de julio de 1859, en la parte relativa al programa de la Reforma", refundaría la base de la autoridad política de los mexicanos y el orden y la paz sociales basados en el principio republicano.
Las Leyes de Reforma, a las que se alude, simbolizaron el restablecimiento del Estado, como organización política secular de los mexicanos, que no reconoce igual autoridad a ninguna otra institución que no sea el pueblo de México y su Constitución. Asimismo, a las Leyes de Reforma debemos la reivindicación del programa liberal de la Ley Suprema como condición indispensable para el fortalecimiento de la democracia y del respeto a los derechos humanos, pues no puede darse un sistema político basado en la dignidad esencial del ser humano, sino en un Estado que garantice la libertad de conciencia.
Las leyes de Reforma, dijeron: marcaban el tránsito de un antiguo régimen de autoridad absolutista y de privilegios, a un nuevo orden de libertad y de igualdad ante la ley. Régimen del que hoy disfrutamos y debemos ser garantes todos los mexicanos.
Alto ahí, porque hoy, sí; desde hace unos días La Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, los cuales incluyen modificaciones a las conductas sancionables en que pueden incurrir los ministros de culto, excluyendo de los supuestos penales el que los religiosos “orienten” el sentido del voto de los electores. El dictamen llegó al Senado, donde ya se analiza y se espera que sea votado este mismo jueves.
Actualmente, el artículo 16 de la ley sobre delitos electorales, vigente y publicada en el Diario Oficial el 23 de mayo pasado, establece: “Se impondrá de cien hasta quinientos días de multa a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen u orienten el sentido del voto o induzcan expresamente a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición”.
En la propuesta sometida a la consideración de los legisladores en el periodo extraordinario iniciado este jueves, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, se eliminan las palabras “u orienten” para dejar como delito sólo las presiones explícitas para inducir al voto.
Este cambio abre la posibilidad de que los ministros religiosos orienten el voto de sus seguidores a favor o en contra de candidatos o partidos. Hace mucho que el Señor Obispo de Xalapa Hipólito Reyes opina sobre asuntos “seculares” y le pone sabor al caldo de la política veracruzana, se toma la foto con los candidatos y les da su bendición; cito ejemplo: “la propuesta de tener un gobierno de transición de dos años en el estado de Veracruz, es viable, pues el que realmente quiere trabajar lo hace en dos años”.
El arzobispo de la arquidiócesis de Xalapa señaló hoy que “esta propuesta es una opción redituable para el estado si lo que se busca es reducir el gasto público a través de la homologación de las elecciones.”
“Si se trata de unificar (las fechas de elecciones) para tener menos gastos de campaña, para poder ir llevando una uniformidad de hacer elecciones en menos años, creo que sería una medida razonable”, dijo.
Falta de respeto a la ley; superioridad moral; reglas no escritas de la política mexicana; por angas o mangas: así las cosas.
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