martes, 19 de agosto de 2014

Procuraduría, desconfianza y depuración

Luis Alberto Romero
Hora Cero

El 20 de mayo de 2013, el Diario Oficial de la Federación publica el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se incluye el Programa Nacional de Procuración de Justicia, que tiene cuatro ejes fundamentales: la investigación y persecución de los delitos federales y la atención a las víctimas; el diseño de la política en materia de combate al crimen; la defensa de los derechos humanos; y el sistema penal acusatorio.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de 2006 a 2012, la incidencia delictiva en nuestro país registró un crecimiento sistemático. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública reveló que sólo durante 2010 se cometieron más de 22 millones 700 mil delitos; en 2011 fueron 22 millones 280 mil y en 2012 se registraron 27 millones 769 mil delitos con 21 millones 600 mil víctimas; esto es, 20 mil 220 delitos por cada cien mil habitantes, lo que nos dice que cada año, uno de cada 5 mexicanos es afectado directamente por la delincuencia.
El problema se complica por los bajos niveles de confianza en las autoridades responsables de la procuración de justicia. El Programa Nacional identifica los retos y establece que la ineficiente labor de las dependencias del ramo genera desconfianza en el sistema de justicia y ello trae como consecuencia el bajo nivel de las denuncias.
El año pasado, la Encuesta Nacional de Victimización reveló que el 92 por ciento de los delitos que se cometen no se denuncian, debido a que la mayoría de los mexicanos no confía en el sistema de procuración de justicia; únicamente el 8.9 por ciento de la población dijo confiar en los ministerios públicos y menos del 10 por ciento, en las policías ministeriales.
De ahí la importancia de mejorar los mecanismos de denuncia y aumentar los niveles de confianza de la gente en las dependencias del ramo. De igual manera, el documento establece, como los grandes retos de nuestro país, la atención a la reducción de los elevados índices de impunidad y corrupción, y al ineficiente desempeño de las instituciones de justicia, pasando por procuradurías, ministerios públicos y policías.
Los problemas y las historias de corrupción e impunidad en el sistema de procuración de justicia de México son casi proverbiales.
Hace años, un funcionario veracruzano del área decía que “si Jesús hubiera nacido en México, no lo crucificamos, le arreglamos su asunto”… parece broma, pero el tema de la corrupción de las procuradurías y ministerios públicos es lamentable. Son, de acuerdo con una reciente Encuesta de Parametría sobre el nivel de confianza de la sociedad en las instituciones, de las peor evaluadas, al igual que las policías estatales, los jueces y los partidos políticos.
En Veracruz, el procurador de justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, se refirió al tema del rezago en las averiguaciones previas en las agencias del Ministerio Público y al cese de malos funcionarios; la primera medida es una obligación legal a fin de evitar que prescriba la acción penal contra los delincuentes; la segunda es una depuración necesaria en una dependencia que por décadas se ha caracterizado por los altos niveles de corrupción. @luisromero85
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