Místicos y Terrenales
El Secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz, ya reconoció –tácitamente- que no puede con el paquete, que la encomienda lo rebasa, que la delincuencia es superior a sus capacidades.
En Coatzacoalcos, durante una conferencia de prensa se deslindó de la seguridad que debe privar en las casas de todos, en todo el estado de Veracruz, al decir que eso es responsabilidad de los ciudadanos.
Sus palabras, llenas de un reconocimiento de incapacidad fueron “debemos hacer una acción nosotros de inversión en un candado, en una alarma que ahora son muy baratas, tener hasta un perro que te pueda acreditar la seguridad en tu casa”.
Entonces los delitos cometidos al interior de las viviendas ¿no son parte de las responsabilidades de Seguridad Pública?, ¿el ministerio público no debe perseguir esos crímenes?.
Su expresión tiene además una plena y completa falta de sensibilidad social. Recomendar que se pongan alarmas en las casas, suena más que nada a un intento de promoción de su negocio de sistemas de alarma y protección para casas y negocios. ¿No lo sabía?. Es propietario de una de esas empresas y se presume que es socio de un alto, muy alto, y pesado funcionario de la administración estatal actual, y de un diputado federal.
Pero también, ¿cómo se atreve a decirle a los pobladores de las colonias marginales de Veracruz que compren un candado o que pongan sistema de alarma?, ¿acaso no sabe que en esos lugares a veces se lucha por tener para comer?, ¿desconoce que en esas colonias uno de los objetos más robados son los tanques de gas porque puede ser lo más valioso que tienen?.
¿Tener un perro?. Si no alcanza para sufragar los gastos de la familia, ¿de dónde se va a sacar para mantener un perro?. ¿Un perro guardián entrenado?, ¿tiene la más remota idea de lo que representa el costo de un animal así en términos de salario mínimo?. Un perro que muestra actitudes para ser guardián ronda los 15,000 pesos y ya entrenado está sobre los 30,000 pesos.
Tal vez Arturo Bermúdez ha estado tan ocupado en su mundo que ni siquiera se ha enterado que existen otro tipo de asentamientos humanos en Veracruz, distintos a los sitios bien urbanizados.
Sería bueno, muy conveniente, que alguien lo lleve –o por lo menos le diga- que existen colonias que no están bardeadas por completo, que no tienen acceso controlado, cámaras de vigilancia, patrullas con perros policía, ni decenas de elementos de seguridad pública cuidando el lugar, como ocurre en el fraccionamiento donde vive.
Por cierto, ya que su recomendación es que los ciudadanos hagamos ese tipo de inversión, porque Seguridad Pública no cuida las casas de particulares ¿cuándo pagó Arturo Bermúdez todo ese equipo de seguridad?
¿Y si seguridad pública nada más se responsabiliza de las calles, por qué no atrapa a los delincuentes cuando van en las calles con los objetos robados o con las personas secuestradas?
Paradójicamente las declaraciones del secretario de Seguridad Pública se dieron en respuesta a un planteamiento de los ediles de Coatzacoalcos que quieren contratar seguridad privada ante la ola de inseguridad que se vive en el antiguo Puerto México.
¡Pero eso no lo aceptó Bermúdez!
Y en lugar de ello recomendó los candados, las alarmas y los perros.
Arturo Bermúdez, en esa reunión en Coatzacoalcos, dijo que están buscando ganar la confianza de los ciudadanos nuevamente, ¿con declaraciones como esa piensa que la obtendrá?.
Esa es una gran muestra –también- de su insensibilidad social y de que no le hace caso a los asesores que quieren bien aconsejarlo, ¿o acaso será que no tiene de esos?
Pero no toda la culpa es para Seguridad Pública.
También hay una alta, altísima incapacidad de la Procuraduría de Justicia del Estado, que tiene uno de los niveles más bajos de eficacia en cuanto a detención de criminales, presentación ante jueces y sentencias condenatorias obtenidas.
Todo, pero en serio todo, el sistema de seguridad publica del estado de Veracruz es ineficiente.
Y el reconocimiento hecho por Arturo Bermúdez es una muestra de ello.
Porque con sus palabras quiere evadir su obligación, marcada bien claramente en el articulo 18 bis de la Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado de Veracruz:
“La Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia encargada de coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en materia de seguridad pública, privada, policía y … prevención…”.
Por si ya lo olvidó, aquí tiene el fragmento.
Los terrenales queremos seguridad en nuestras vidas, en nuestros bienes, en nuestros entornos.
¿Los titulares de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia son incapaces de garantizarla?.
¡Que renuncien!
LEYES INCONSTITUCIONALES EN VERACRUZ. Más allá de los resultados que tenga la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz, el que la misma haya sido puesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es todo un golpe político para la administración duartista.
La CNDH evidenció –una vez más- que en Veracruz las leyes se hacen al gusto de Javier Duarte y que no se toma en cuenta los intereses de los ciudadanos, como tampoco se tiene consideración de los máximos ordenamientos del Estado y de la República, y sus respectivas constituciones.
La CNDH marca sólo 4 artículos como inconstitucionales: 16, 19. 32 y 59.
Porque además este no es el primer ordenamiento del que se cuestiona la constitucionalidad y del que se obtiene su revocación, de darse el caso.
El primer caso llamativo de las leyes anticonstitucionales, fue el de la Ley de Transparencia, en 2011, cuyas modificaciones lesionaron el Derecho de Acceso a la Información y la posibilidad de obtener de manera más expedita documentos, a través de la Ley de Transparencia de la entidad.
El 20 de junio de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el Artículo 373 del Código Penal de Veracruz, que daba sustento a la llamada “ley antituitera”, al argumentar que es impreciso y daba a las autoridades ministeriales facultades que resultaban violatorias de los derechos humanos.
El 4 de noviembre de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley para Prevenir la Trata de Personas de Veracruz, por considerar que la misma invalidaba facultades de la Procuraduría General de la República; el recurso fue puesto por la misma PGR.
En marzo de este 2014 la administración duartista se apresuró a modificar la llamada ley educativa del estado antes de que también le declarasen la inconstitucionalidad y le obligasen a cambiarla. En ese entonces Javier Duarte incluso enfrentó indirectas de Emilio Chuayffet, el secretario de Educación Pública.
La Universidad Veracruzana, a través de su Observatorio de las Finanzas Públicas, en marzo de este año calificó de inconstitucional la deuda pública del estado y la misma Constitución local, porque entra en controversia con lo que señala la máxima Ley del país en términos de endeudamiento.
Entonces, el hacer ordenamientos fuera de lo constitucional es una tendencia en el gobierno de Javier Duarte. ¿Quién los propone?, ¿quién los hace?, ¿quién los aprueba?.
¿Quién es esa mente retorcida dispuesta a buscar los caminos para brincarse lo constitucional?.
Los terrenales queremos saber.
El Secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz, ya reconoció –tácitamente- que no puede con el paquete, que la encomienda lo rebasa, que la delincuencia es superior a sus capacidades.
En Coatzacoalcos, durante una conferencia de prensa se deslindó de la seguridad que debe privar en las casas de todos, en todo el estado de Veracruz, al decir que eso es responsabilidad de los ciudadanos.
Sus palabras, llenas de un reconocimiento de incapacidad fueron “debemos hacer una acción nosotros de inversión en un candado, en una alarma que ahora son muy baratas, tener hasta un perro que te pueda acreditar la seguridad en tu casa”.
Entonces los delitos cometidos al interior de las viviendas ¿no son parte de las responsabilidades de Seguridad Pública?, ¿el ministerio público no debe perseguir esos crímenes?.
Su expresión tiene además una plena y completa falta de sensibilidad social. Recomendar que se pongan alarmas en las casas, suena más que nada a un intento de promoción de su negocio de sistemas de alarma y protección para casas y negocios. ¿No lo sabía?. Es propietario de una de esas empresas y se presume que es socio de un alto, muy alto, y pesado funcionario de la administración estatal actual, y de un diputado federal.
Pero también, ¿cómo se atreve a decirle a los pobladores de las colonias marginales de Veracruz que compren un candado o que pongan sistema de alarma?, ¿acaso no sabe que en esos lugares a veces se lucha por tener para comer?, ¿desconoce que en esas colonias uno de los objetos más robados son los tanques de gas porque puede ser lo más valioso que tienen?.
¿Tener un perro?. Si no alcanza para sufragar los gastos de la familia, ¿de dónde se va a sacar para mantener un perro?. ¿Un perro guardián entrenado?, ¿tiene la más remota idea de lo que representa el costo de un animal así en términos de salario mínimo?. Un perro que muestra actitudes para ser guardián ronda los 15,000 pesos y ya entrenado está sobre los 30,000 pesos.
Tal vez Arturo Bermúdez ha estado tan ocupado en su mundo que ni siquiera se ha enterado que existen otro tipo de asentamientos humanos en Veracruz, distintos a los sitios bien urbanizados.
Sería bueno, muy conveniente, que alguien lo lleve –o por lo menos le diga- que existen colonias que no están bardeadas por completo, que no tienen acceso controlado, cámaras de vigilancia, patrullas con perros policía, ni decenas de elementos de seguridad pública cuidando el lugar, como ocurre en el fraccionamiento donde vive.
Por cierto, ya que su recomendación es que los ciudadanos hagamos ese tipo de inversión, porque Seguridad Pública no cuida las casas de particulares ¿cuándo pagó Arturo Bermúdez todo ese equipo de seguridad?
¿Y si seguridad pública nada más se responsabiliza de las calles, por qué no atrapa a los delincuentes cuando van en las calles con los objetos robados o con las personas secuestradas?
Paradójicamente las declaraciones del secretario de Seguridad Pública se dieron en respuesta a un planteamiento de los ediles de Coatzacoalcos que quieren contratar seguridad privada ante la ola de inseguridad que se vive en el antiguo Puerto México.
¡Pero eso no lo aceptó Bermúdez!
Y en lugar de ello recomendó los candados, las alarmas y los perros.
Arturo Bermúdez, en esa reunión en Coatzacoalcos, dijo que están buscando ganar la confianza de los ciudadanos nuevamente, ¿con declaraciones como esa piensa que la obtendrá?.
Esa es una gran muestra –también- de su insensibilidad social y de que no le hace caso a los asesores que quieren bien aconsejarlo, ¿o acaso será que no tiene de esos?
Pero no toda la culpa es para Seguridad Pública.
También hay una alta, altísima incapacidad de la Procuraduría de Justicia del Estado, que tiene uno de los niveles más bajos de eficacia en cuanto a detención de criminales, presentación ante jueces y sentencias condenatorias obtenidas.
Todo, pero en serio todo, el sistema de seguridad publica del estado de Veracruz es ineficiente.
Y el reconocimiento hecho por Arturo Bermúdez es una muestra de ello.
Porque con sus palabras quiere evadir su obligación, marcada bien claramente en el articulo 18 bis de la Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado de Veracruz:
“La Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia encargada de coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en materia de seguridad pública, privada, policía y … prevención…”.
Por si ya lo olvidó, aquí tiene el fragmento.
Los terrenales queremos seguridad en nuestras vidas, en nuestros bienes, en nuestros entornos.
¿Los titulares de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia son incapaces de garantizarla?.
¡Que renuncien!
LEYES INCONSTITUCIONALES EN VERACRUZ. Más allá de los resultados que tenga la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz, el que la misma haya sido puesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es todo un golpe político para la administración duartista.
La CNDH evidenció –una vez más- que en Veracruz las leyes se hacen al gusto de Javier Duarte y que no se toma en cuenta los intereses de los ciudadanos, como tampoco se tiene consideración de los máximos ordenamientos del Estado y de la República, y sus respectivas constituciones.
La CNDH marca sólo 4 artículos como inconstitucionales: 16, 19. 32 y 59.
Porque además este no es el primer ordenamiento del que se cuestiona la constitucionalidad y del que se obtiene su revocación, de darse el caso.
El primer caso llamativo de las leyes anticonstitucionales, fue el de la Ley de Transparencia, en 2011, cuyas modificaciones lesionaron el Derecho de Acceso a la Información y la posibilidad de obtener de manera más expedita documentos, a través de la Ley de Transparencia de la entidad.
El 20 de junio de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el Artículo 373 del Código Penal de Veracruz, que daba sustento a la llamada “ley antituitera”, al argumentar que es impreciso y daba a las autoridades ministeriales facultades que resultaban violatorias de los derechos humanos.
El 4 de noviembre de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley para Prevenir la Trata de Personas de Veracruz, por considerar que la misma invalidaba facultades de la Procuraduría General de la República; el recurso fue puesto por la misma PGR.
En marzo de este 2014 la administración duartista se apresuró a modificar la llamada ley educativa del estado antes de que también le declarasen la inconstitucionalidad y le obligasen a cambiarla. En ese entonces Javier Duarte incluso enfrentó indirectas de Emilio Chuayffet, el secretario de Educación Pública.
La Universidad Veracruzana, a través de su Observatorio de las Finanzas Públicas, en marzo de este año calificó de inconstitucional la deuda pública del estado y la misma Constitución local, porque entra en controversia con lo que señala la máxima Ley del país en términos de endeudamiento.
Entonces, el hacer ordenamientos fuera de lo constitucional es una tendencia en el gobierno de Javier Duarte. ¿Quién los propone?, ¿quién los hace?, ¿quién los aprueba?.
¿Quién es esa mente retorcida dispuesta a buscar los caminos para brincarse lo constitucional?.
Los terrenales queremos saber.
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