miércoles, 6 de noviembre de 2013

Vicios, complicidades y diezmos

Luis Alberto Romero
Hora Cero

Por años, contratistas y proveedores de diferentes instancias de gobierno se han quejado por la carga que representa un impuesto no oficial, no incluido en las leyes, pero parte de la vida cotidiana en Ayuntamientos y gobiernos de estados y federación: el diezmo.
La palabra, que tiene cierta connotación religiosa, se asigna a ese impuesto no formal que consiste en el pago del diez por ciento de las ganancias al gobernante o al jerarca eclesiástico. El diccionario define al diezmo como “parte de la cosecha, generalmente la décima, que se pagaba como tributo a la iglesia o al rey”.
El diezmo fue ampliando posteriormente su sentido, lo cobraban los señores feudales, luego de que estos compraran los derechos recaudatorios a la iglesia.
Y aunque en muchas religiones y sectas, el cobro del diezmo sigue siendo común, la mayoría de los feligreses ya no lo considera una obligación; de hecho, se estima que la gente gasta menos del 2 por ciento de sus ingresos en eso que llaman “servicios espirituales.”
Ahora, los impuestos corresponden a los gobiernos, que utilizan esos recursos, al menos en teoría, para garantizar seguridad, educación, salud y bienestar general a la población.
En el México de hoy, constructores y proveedores de los gobiernos llaman “diezmo” a esa aportación fuera de la ley, producto de una cultura donde impera la corrupción, que se realiza al gobernante para acceder a contratos del sector público.
Así, quien pretende concursar por los contratos de obras públicas en los Ayuntamientos (solo por mencionar una de las muchas instancias donde esa práctica es común), quien busca convertirse en proveedor del gobierno y establecer tratos comerciales con éste, debe realizar aportaciones que llaman “diezmo”, aunque hay casos en que se trata del 15 o el 20 por ciento.
Por esa “cuota”, que va directamente a los bolsillos de funcionarios y gobernantes, el costo de las obras y acciones de gobierno se disparan de manera drástica y quien paga por ello finalmente es el ciudadano.
Lamentablemente, se trata de actos de corrupción en que incurren muchos alcaldes que ven en las arcas municipales la carretera para salir de la pobreza.
Estas prácticas han sido una constante en el trato de compañías constructoras con funcionarios de gobierno y lo peor es que el diezmo provoca que se disparen los presupuestos y los precios o se afecte la calidad de la obra pública.
Es por eso que vemos jardineras que representan un gasto de medio millón de pesos o trabajos de pavimentación que tienen baches antes de un año.
De ahí la importancia de que los gobiernos transparenten su gasto en la obra pública.
 Por cierto, en materia de obras, resulta relevante el anuncio realizado por el secretario de infraestructura del gobierno del estado, Gerardo Buganza Salmerón, quien señaló que la dependencia ha recuperado 80 millones de pesos en fianzas de compañías constructoras que no cumplen los términos de sus contratos.
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